Una revisión de la contratación pública en Bolívar revela un patrón inquietante: los mismos empresarios, los mismos consorcios y una red de vínculos políticos que se repite mientras los contratos suman miles de millones y las explicaciones no llegan.
En mi anterior columna prometí hablar de la parte del manejo del agua lluvia del proyecto de vivienda de interés social Bahía San Carlos del barrio El Campestre (Cartagena), lo que a la postre se convirtió en la piedra en el zapato para el avance de esa obra.
Infortunadamente tocó postergar ese tema para la próxima entrega, dado que, al indagar un poco más acerca de Diego Armando Álvarez Hernández, salió a relucir que le han adjudicado multimillonarios contratos públicos. Esto en sí no es un delito. Sin embargo, los nexos contractuales que Álvarez Hernández ha tenido sugieren un posible entramado conformado por entes territoriales, funcionarios, empresas y personas naturales para hacerse de la contratación pública.
Diego Álvarez Hernández es ingeniero civil y representante legal de la empresa Construcsion SAS, la cual está dedicada a la consultoría, construcción y transporte de carga por carretera. La empresa fue creada en el 2015, en donde Álvarez Hernández es su socio mayoritario. La otra socia es Martha Magdalena Hernández de Álvarez, que se supone es la madre de Diego.
El nombre de Construcsion SAS no era nuevo para mí, ya que su empresa hizo parte del Consorcio La Candelaria, que se ganó la licitación LIC-SI-001-2024 de la Gobernación de Bolívar. La otra empresa que hacía parte del consorcio era Seinco SAS, que es una de las empresas del denominado ‘Clan Barranqueño’. Esa licitación, junto con otras diez, hacen parte de una denuncia que presenté ante la Fiscalía el año pasado, en donde están involucradas otras empresas y funcionarios de la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena.
Y pese a que el equipo de comunicaciones del alcalde Dumek Turbay trata desesperadamente de posicionarlo a nivel nacional como un gran mandatario, comprando el silencio de aquellos que desconocen la ética periodística, siempre surge un escándalo en las licitaciones de los proyectos que anuncia con tanta fanfarria, tal y como he venido reportando durante los últimos dos años, en donde es común ver que varios han sido adjudicados a amigos, familiares y empresas cuestionadas.
En esta ocasión, y como para variar, el nombre del alcalde Turbay surgió entre los personajes con quien Diego Álvarez ha estado vinculado. Hay registros de que la relación entre Álvarez y Turbay data desde al menos el 2018, cuando este último fue gobernador de Bolívar y le adjudicó la licitación pública LIC-SI-016-2018, por más de $15 mil millones, para la canalización del arroyo Alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar.
En la citada licitación, Construcsion SAS se consorció con otras tres empresas, entre las que estaba Vimos Construcciones SAS, cuyo representante legal es Elson Guillermo Vimos Monterrosa, quien también fue el representante legal del Consorcio Batallón 2018, al que el exgobernador Dumek Turbay le asignó el contrato de obra SI-C-2327-2018 por casi $1.500 millones.
Asimismo, en el 2019, la gobernación Turbay le adjudicó la licitación LIC-SI-010-2019 al Consorcio Aeródromo Mompós, el cual estaba compuesto por Construcsion SAS y Excavar SAS. El objeto del contrato fue rehabilitación de la pista de aterrizaje del municipio de Mompox.
En los tres procesos (LIC-SI-016-2018, SI-C-2327-2018 y LIC-SI-010-2019) aparece firmando Dulis Garrido Raad, exsecretario de Infraestructura durante la gobernación Turbay (2016-2019). Garrido Raad fue noticia el año pasado, ya que la alcaldía de Turbay, a través de Edurbe, no solo le adjudicó a dedo a su empresa DGR Proyectos y Servicios Integrales SAS un contrato por $2.281 millones, sino que también la interventoría de dicha obra le fue otorgada a la empresa de un hermano y un sobrino de Dulis (T&G Consultores SAS). Como dato curioso figura el nombre de Eduardo Chiquillo Rico en la documentación que ambas empresas presentaron ante la Cámara de Comercio de Cartagena. Chiquillo Rico también aparece en la documentación de varias empresas del ‘Clan Morales’ y del ‘Clan de los Sisbenizados’.
Tal y como registrara en mi pasada nota, el proceso de selección abreviada SAMC-SID-004-2025, para la construcción de las obras para el control de las inundaciones en los barrios de Bocagrande y Castillogrande de Cartagena, fue adjudicado al Consorcio Protección Costera. Los otros dos consorcios que se presentaron fueron CS Paseo Calamarí y Control Bahía. La empresa de Diego Álvarez, Construcsion SAS, hizo parte de este último.
Una revisión rápida del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) fue suficiente para encontrar que el ingeniero Álvarez Hernández, directamente o a través de consorcios, ha celebrado al menos 22 contratos desde el 2017 por una suma total de casi $281 mil millones (ver listado aquí). Y aclaro que estos no son los únicos contratos que se le han adjudicado. Entre las entidades contratantes están la Gobernación de Bolívar, la Gobernación del Atlántico, la Universidad de Cartagena, Invías (seccionales de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Magdalena), la Corporación Autónoma del Atlántico, la Alcaldía de Mompox y la Alcaldía de Santa Catalina.
Y contrario a lo que creía, los lazos entre Construcsion SAS y la empresa Seinco SAS del ‘Clan Barranqueño’ no empezaron el año pasado con la adjudicación de las licitaciones LIC-SI-001-2024 de la Gobernación de Bolívar (malecón de Magangué) y LP-SEGD-001-2025 de la Alcaldía de Cartagena (alcantarillado de Bayunca y Pontezuela), la cual fue revocada. Resulta que en el 2022, durante la gobernación de Vicente Blel Scaff, Construcsion SAS y Seinco SAS hicieron parte del Consorcio Constru Vías al que le otorgaron la licitación LIC-SI-004-2022, por más de $106 mil millones, para la pavimentación de la vía entre los municipios de Río Viejo y Tiquisio.
En la licitación LIC-SI-004-2022 sucedió algo peculiar: los otros dos consorcios licitantes (Consorcio Incon Bolívar y Consorcio Transversal del Sur) tenían cada uno como integrantes a las empresas del ‘Clan Barranqueño’ Incon SAS y ASS Constructora SAS, lo cual sería un indicio de colusión.
En el 2023, Construcsion SAS volvió a contratar con la gobernación de Blel, por casi $75 mil millones, para el mejoramiento de la vía entre el municipio de Morales y el corregimiento de La Palma. El contrato se hizo a través del Consorcio La Palma, en el que también estaban la compañía cartagenera Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS y la empresa Incon SAS del ‘Clan Barranqueño’.
Construcsion SAS también ha estado vinculada contractualmente con Reynaldo Yalí Díaz, representante legal de RYD Construcciones SAS, a la que el exgobernador Blel Scaff le adjudicó el contrato de mantenimiento del Parque de Bolívar. En una nota de mayo de 2023, La Contratopedia Caribe expuso los líos en los que Yalí Díaz ha estado envuelto desde la época del desastroso exalcalde de Cartagena Dionisio Vélez Trujillo.
Asimismo, en el 2019, Construcsion SAS y Sonacol SAS formaron el Consorcio Vías del Atlántico 007, al que el exgobernador del Atlántico (Eduardo Verano) le entregó la licitación LP-DG-007-2019. Como recordarán, Sonacol SAS hace parte del Consorcio Protección Costera al que la administración Turbay le acaba de otorgar el contrato para el control de las inundaciones en los barrios de Castillogrande y Castillogrande. Por su parte, Construcsion SAS integró uno de los consorcios licitantes en ese proceso licitatorio.
Pero la cosa no acaba ahí. Construcsion SAS ha tenido nexos comerciales con la empresa monteriana Soluciones de Ingeniería Nómadas SAS, la cual tiene todas sus acciones en Constructora Terluz SAS. Estas dos últimas empresas no solo han hecho consorcio con la empresa Quality Constructions SAS del ‘Clan Barranqueño’, sino que en su documentación aparecen Luis Alejandro Marrugo Otero y Sergio Alexander Otero Humanez, quien es representante legal y socio de la empresa cartagenera Pavimentos de la Costa SAS, de la cual Gustavo Emilio García Ortiz es socio también y a su vez representante legal de Seinco SAS del «Clan Barranqueño»
Luis Alejandro es primo de Guillermo Iglesias Otero, quien es el cónyuge de Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta de la Corporación de Turismo de Cartagena. En Cartagena se comenta que Guillermo Iglesias es dizque cercano a Luis Fernando ‘El Tuto’ Majana Pupo, hermano de la esposa del alcalde Turbay Paz, Liliana Majana Pupo. Una asociación muy similar la describí en la columna del ‘Clan de los Sisbenizados’, en donde aparece nuevamente el nombre del ‘Tuto’ Majana.
Todos los nuevos hallazgos aquí develados serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Naciòn en las próximas semanas. Con todos estos nombres, no puedo evitar recordar la denuncia que el exalcalde William Dau Chamatt presentara en el 2019 en contra del entonces gobernador Dumek Turbay Paz, en la que precisamente se mencionan a la esposa y cuñado de este.
Tristemente, la de Dau y otras denuncias siguen durmiendo el sueño de los justos en alguna gaveta de la Fiscalía. Uno de los pilares principales de un Estado de derecho es la justica. Pregunto entonces ¿Qué más tiene que pasar para esos procesos finalmente se resuelvan?
Cuando la contratación deja de ser excepcional y se convierte en costumbre para los mismos actores, el problema ya no es político ni administrativo: es estructural. Y mientras las denuncias sigan archivadas, la pregunta no es quién contrata, sino hasta cuándo la justicia seguirá mirando hacia otro lado.
