En la contratación pública de la Costa Caribe nada parece improvisado. Los nombres se repiten, los consorcios se reciclan y los contratos cambian de fachada, pero no de protagonistas. Cada nueva licitación destapa un entramado que conecta empresarios, abogados, interventores y dirigentes políticos en varios departamentos.
Nuevos hallazgos de empresas, personas naturales y entes territoriales relacionados con Diego Armando Álvarez Hernández y su empresa Construcsion SAS hicieron que una vez más tuviera que aplazar el tema del conjunto residencial Bahía San Carlos del barrio El Campestre en Cartagena.
Y, entre los personajes de mi investigación, siguen apareciendo el alcalde Dumek Turbay Paz, el gobernador Yamil Arana Padauí y los exgobernadores Eduardo Verano de la Rosa y Vicente Blel Scaff. También salieron a la luz otros nombres que hasta ahora no tenía en el radar y que aportan más evidencias acerca de cómo se manejarían los círculos de poder en la adjudicación de contrataciones públicas en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba y Sucre.
Luego de mi pasada columna, varias fuentes que trabajan en el área de la construcción me contactaron para advertirme que, además de Reynaldo Yalí Díaz y Elson Vimos Monterrosa, habían dos personas más que estaban pasando desapercibidas dentro de la órbita de Álvarez Hernández. Se trata de Gilberto Enrique Álvarez Mulford y del abogado magangueleño Enrique Carlos Posada Gutiérrez, quien dizque tiene muchas relaciones políticas, principalmente en los departamentos de Bolívar y Atlántico.
La relación entre Diego Álvarez y Gilberto Álvarez
De acuerdo a su hoja de vida, Diego Álvarez trabajó sus primeros años como ingeniero civil con Gilberto Álvarez, representante legal de Álvarez y Collins SA (en liquidación), de GAM Construcciones SAS (antes llamada Bergbau SAS) y de la extinta Constructora Montecarlo Vías SAS.
Según una de las fuentes, Diego Álvarez habría aprendido muchos de los pormenores del manejo de concreto asfáltico de la mano de Gilberto Álvarez. Como muchos colegas sabrán, esto es clave ya sea para mejorar algunas de las propiedades de la mezcla o, en su defecto, para ‘hacerla rendir’. Esto último favorece monetariamente al contratista, pero, la mayoría de las veces, va en detrimento de la calidad del producto final.
En el 2017 y 2022, los caminos de Diego y Gilberto volvieron a cruzarse. En 2017, la Gobernación de Bolívar, durante el periodo de Dumek Turbay, le adjudicó la licitación LIC-SI-014-2017 al Consorcio Aeropuerto Regional, para el «mejoramiento y rehabilitación de los aeródromos de los municipios de El Carmen de Bolívar y Mompós del departamento de Bolívar». El consorcio lo conformaban Vimos Construcciones SAS (de Elson Vimos Monterrosa), RYD Construcciones SAS (de Reynaldo Yalí Díaz) y GAM construcciones SAS (de Gilberto Álvarez Mulford).
El Consorcio Aeropuerto Regional, a su vez, subcontrató a Construcsion SAS. Lo curioso es que la interventoría de ese contrato la realizó el Consorcio Interaeródromos (licitación CMA-SI-15-2017), integrado por Ingeniería de Proyectos SAS y Antlia-AC SAS. Esta última se asoció con Enrique Posada en el Consorcio Inter Azucena, que estuvo involucrado en un proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General de la República en 2023, dentro del proyecto de «mejoramiento de la vía Ye de Piojó–Azucena–Autopista al Mar en el departamento del Atlántico».
Y para colocarle la cereza al pastel, en el 2019, el exgobernador Turbay le adjudicó la licitación LIC-SI-010-2019 al Consorcio Aeródromo Mompós para la «rehabilitación de la pista de Mompós, a través de una sobrecarpeta en concreto asfaltico». Diego Álvarez y su empresa Construcsion SAS eran parte del consorcio junto con Excavar SAS. Todo entre conocidos.
En 2022, fue en el marco de la licitación LIC-SI-004-2022, durante la gobernación de Vicente Blel Scaff, en donde se presentaron los Consorcios Constru Vías, Incon Bolívar y Transversal del Sur. Cada uno de los tres consorcios tenía una empresa del ‘Clan Barranqueño’. La licitación le fue otorgada al Consorcio Constru Vías, del que hizo parte Construcsion SAS de Diego Álvarez y Seinco SAS del ‘Clan Barranqueño’. Por su parte, en el Consorcio Transversal del Sur no solo estaba la sociedad ASS Constructora SAS del ‘Clan Barranqueño’, sino también GAM Construcciones SAS de Gilberto Álvarez. Este indicio de colusión será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación (FGN).
La relación entre Diego Álvarez y Enrique Posada
Pese a que no pude establecer exactamente cuándo empezó la relación entre Enrique Posada y Diego Álvarez, sus nexos comerciales datan de hace al menos una década. Por ejemplo, Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS, dueña del 70% del Consorcio Pavimento Santa Catalina, subcontrató a Construcsion SAS. En el 2023, durante la gobernación de Vicente Blel, ambas empresas hicieron parte del Consorcio La Palma, junto con la empresa del ‘Clan Barranqueño’ Incon SAS, lo cual también será denunciado ante la FGN.
Una movida llamativa entre las empresas de Enrique Posada y Diego Álvarez sucedió en el 2015, bajo la gobernación del inhabilitado Juan Carlos Gossaín Rognini, quien fuera padrino político de Dumek Turbay. El 22Sep2015, la Gobernación de Bolívar le adjudicó la licitación CM-SI-005-2015 al Consorcio Interlínea para la «interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera a la rehabilitación y mantenimiento de 23,5 km de la vía la línea: Cruce 90 (carretera La Cordialidad)–Santa Rosa de Lima–Villanueva–San Estanislao, departamento de Bolívar». Este contrato finalizó en la gobernación de Turbay.
El Consorcio Interlínea estaba compuesto por Tecniconsulta SAS de Bogotá con el 40%, VM Constructores SAS de La Guajira con el 30%, y SDA Interconsulting SAS de Cartagena con el 30%. El representante legal del consorcio era Manuel José Vengoechea Mendoza. El 15Oct2015, Enrique Posada no solo asume el cargo de representante legal del consorcio, sino que las empresas VM Constructores SAS y SDA Interconsulting SAS le ceden el 60% del contrato a su empresa Proyectos y Gestión de Desarrollo SAS (ver documento aquí). Enrique Posada posteriormente subcontrataría a Construcsion SAS de Diego Álvarez. Como dicen en la costa: «Ay, de papayita».
Proyectos y socios en líos legales
Además del cuestionado proyecto con el Consorcio Inter Azucena, Enrique Posada, en calidad de interventor con el Consorcio Interalcantarillado, estuvo involucrado en el escandaloso proyecto de la construcción del alcantarillado del municipio de Palmar de Varela en el departamento del Atlántico. El proyecto tuvo siete prórrogas, sobre costos y duró cinco años en finalizarse. Esto fue documentado ampliamente por medios locales y nacionales.
Y Diego Álvarez tampoco se queda atrás. En 2018, en la licitación LIC-SI-016-2018 de la Gobernación de Bolívar en la era Turbay Paz, su empresa (Construcsion SAS) integró el Consorcio Canalización Alférez, para la construcción de obras para la canalización del arroyo Alférez. Las otras tres empresas del consorcio fueron Vimos Construcciones SAS, Constructora Caribe Siglo XXI SAS e Isabella David Ingeniería SAS.
Al indagar más acerca de las dos últimas empresas, salió a relucir que la persona detrás de estas es Leonardo Jalil David Ordosgoitia, quien es considerado uno de los zares de la construcción en los departamentos de Sucre y Córdoba. Aunque también ha participado en licitaciones en otras regiones.
Leonardo David fue detenido en Riohacha en mayo de 2017. Las conductas punibles asociadas fueron falsedad en documento privado, contrato sin el lleno de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Por estos hechos fue acreedor a detención domiciliaria y recobró la libertad en octubre de 2018.
Y ese no es el único lío legal en el que el contratista cordobés ha estado involucrado. El proyecto de la Unidad Materno Infantil de San Jerónimo fue objeto de denuncias y llamado ‘el eterno infantil’ por todas las demoras, al punto que fue considerado un elefante blanco.
Asimismo, el ex congresista Roberto José Herrera Díaz, sentenciado por la Corte Suprema a ocho años y diez meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, aceptó que se alió con al menos 14 contratistas. Entre los nombres que se mencionaron en este proceso fue el de Leonardo David Ordosgoitia, a quien también relacionan con el condenado exsenador Musa Besaile, tal y como lo reportara La Silla Vacía.
Lo más diciente acerca del talante del exgobernador de Bolívar y actual alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, es que poco le importaron todos los antecedentes del contratista cordobés o que hubiera estado en prisión. Fíjense que Leonardo David Ordosgoitia fue puesto en libertad en octubre de 2018 y ese mismo mes, la gobernación de Turbay le otorgó el 15% de un contrato que terminó costando más de $18 mil millones. Lectores, saquen ustedes sus propias conclusiones acerca de todo lo que he venido denunciado en los últimos dos años de la contratación de la Alcaldía de Cartagena.
Ayer, en una publicación, Turbay Paz se pronunció acerca de su paso por la Gobernación de Bolívar en los siguientes términos: «¿Qué estaba haciendo hace 10 años en 2016? Recién posesionado como Gobernador del Departamento de Bolívar, cargo que ocupé con orgullo hasta 2019. Una experiencia gratificante, enriquecedora y extraordinaria […]». Espero y se pronuncie acerca de lo que denuncio en mi columna con la misma ufanía.
Lo verdaderamente preocupante de todo este entramado no es solo la reiteración de nombres, consorcios y subcontratos, sino la aparente normalización de prácticas que, a la luz de los hechos, deberían encender todas las alarmas de los organismos de control. Personas con antecedentes judiciales, proyectos salpicados por escándalos, interventorías cuestionadas y empresas que se cruzan una y otra vez en las mismas licitaciones parecen no ser un obstáculo para seguir contratando con el Estado.
Ñapa
La Cámara de Comercio de Cartagena actualizó su plataforma y, con ello, limitó el acceso libre a los expedientes de las empresas registradas, lo que atenta en contra la transparencia y el ejercicio de veeduría ciudadana a la contratación pública. Muy mal hecho. Esto se pondrá en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades.
