El abigeato vuelve a golpear al departamento de Sucre y lo hace dejando una pregunta que no puede seguir en el aire: ¿Quién está permitiendo que grandes cantidades de ganado hurtado se movilicen por varios departamentos con aparente documentación en regla?
Hoy el gremio ganadero está en alerta. El robo de 47 novillos de levante en la finca Cantamono, jurisdicción del municipio de Galeras, no es un hecho aislado. Es la evidencia de una estructura delictiva que opera con logística, información previa y, presuntamente, con soporte documental irregular.
- El caso Romero Sierra: reacción inmediata y recuperación efectiva
En la mañana del 27 de febrero se conoce el hurto de 47 novillos propiedad del ganadero Javier Romero Sierra. La alerta se activa de inmediato. El reporte no se queda en una llamada aislada: se articula con el gremio, a través de Jairo Hernández Gamarra, presidente de FEGASINCE, y en cuestión de horas la Fuerza Pública despliega un dispositivo interdepartamental.
Participaron unidades de la Armada Nacional, el Ejército y la Policía Nacional, bajo la coordinación del mayor Hernán Padilla, comandante de la Seccional de Carabineros de Sucre, en articulación con su homólogo en el Magdalena. La búsqueda se extendió desde Galeras hacia Magangué, en Bolívar, y finalmente permitió ubicar el ganado en jurisdicción del municipio de Nueva Granada, Magdalena.
Un reconocido ganadero del Magdalena, quien había adquirido el lote, al observar el dispositivo de alerta activado por el gremio en redes sociales y otros canales públicos, procedió a comunicarse con Javier Romero e informarle la ubicación de los semovientes. Esa acción permitió su recuperación.
Sin embargo, queda una pregunta de fondo: ¿cómo se negocia una cantidad considerable de ganado sin verificar de manera exhaustiva su procedencia? Este aspecto es materia de investigación.
El propietario logró recuperarlos. Hoy la articulación institucional funcionó. Pero la pregunta persiste y es más profunda que el propio hurto: ¿Cómo se movilizan 47 semovientes por varias jurisdicciones sin generar alertas inmediatas? ¿Con qué documentos transitan? ¿Quién expide las guías de movilización?
- El eslabón crítico: las guías de movilización
El transporte legal de ganado en Colombia exige documentación sanitaria y guías de movilización. Nadie mueve casi medio centenar de reses durante horas sin logística de transporte. Estamos hablando de camiones, rutas, peajes y puntos de control.
Si el ganado hurtado logró salir de Sucre y aparecer en otro departamento, existen dos escenarios posibles: o se movilizó sin documentos —lo que implicaría fallas graves en los controles— o se movilizó con guías falsas, alteradas o expedidas de manera irregular.
Aquí radica el núcleo del problema. El llamado no es solo operativo; es judicial y administrativo. Las autoridades deben profundizar las investigaciones para determinar quién está expidiendo, facilitando o validando guías que terminan amparando ganado robado. Si existe una red que falsifica o manipula estos documentos, estamos frente a un delito organizado que supera el simple abigeato y entra en el terreno de la corrupción y la falsedad documental. No basta con recuperar los animales. Hay que desmantelar la estructura.
- El papel de la Fiscalía y los jueces
La reacción de la Fuerza Pública en este caso fue oportuna y efectiva. Pero el trabajo no termina con la recuperación del ganado ni con la eventual captura de responsables. El llamado es claro a la Fiscalía y a los jueces de la República: las investigaciones deben llegar hasta el final. No puede repetirse el libreto en el que se capturan responsables y, semanas después, obtienen beneficios como detención domiciliaria o medidas no privativas de la libertad sin una valoración rigurosa del impacto del delito.
Cada vez que un reincidente recibe un beneficio desproporcionado, el mensaje al campo es devastador. Se desmoraliza al ganadero y se desmotiva a la Fuerza Pública que arriesga su integridad en operativos rurales, muchas veces en zonas de difícil acceso.
El abigeato no es un delito menor. Es un golpe directo al patrimonio de familias que dependen de la producción ganadera. Genera afectación económica, incertidumbre e inseguridad productiva. Javier Romero Sierra recuperó su ganado. Otros productores no han corrido con la misma suerte. Muchos han visto desaparecer años de inversión sin que exista una respuesta judicial ejemplarizante.
- Corresponsabilidad del gremio ganadero
Así como se exige contundencia institucional, también es necesario hablar con franqueza al sector. El inventario debe mantenerse permanentemente actualizado. Las marcas, hierros y registros deben estar en regla. Las guías deben verificarse en tiempo real. No se puede confiar en acuerdos verbales ni en transacciones improvisadas.
Es obligación permanente del productor rural:
- Llevar control riguroso del número de animales.
- Verificar antecedentes de trabajadores y administradores.
- Implementar sistemas básicos de vigilancia.
- Confirmar la autenticidad de la documentación antes de vender o comprar ganado.
- Denunciar de inmediato cualquier irregularidad.
La seguridad rural es una responsabilidad compartida. El Estado debe garantizar presencia y judicialización efectiva; el ganadero debe fortalecer sus esquemas de autoprotección.
- Una advertencia que no puede ignorarse
El caso de Cantamono demuestra que cuando hay reacción inmediata, coordinación interinstitucional y comunicación con el gremio, los resultados se producen. Pero también deja al descubierto vacíos que deben cerrarse con urgencia. El departamento de Sucre no puede seguir siendo corredor del abigeato ni territorio fértil para redes que falsifican guías de movilización. La economía ganadera es columna vertebral de cientos de familias y motor productivo del Caribe colombiano.
La situación exige decisiones firmes. No discursos. No estadísticas. Resultados. La Fuerza Pública cumple. El gremio alerta. Ahora corresponde a la Fiscalía profundizar, judicializar y acusar con contundencia, y a los jueces sancionar con rigor. Mientras no se desmonte la estructura que permite movilizar ganado robado con apariencia de legalidad, el problema seguirá repitiéndose. El campo no aguanta más impunidad.
