Un presunto escándalo de corrupción administrativa empieza a tomar forma en Cartagena de Indias. Una denuncia formal radicada el 19 de marzo de 2026 ante la Contraloría Distrital advierte un presunto esquema de sobrecostos sistemáticos en un contrato público de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena (UMAYOR) por $398.327.451.
El documento, firmado por el abogado Kevin Oliver Keep, presidente de la Veeduría Jurídica Nacional a la Gestión Administrativa del Estado, señala como principal responsable al actual rector junto con miembros del comité evaluador y estructuradores del proceso contractual.
- Un proceso sin competencia: el primer indicio crítico
El contrato, identificado como SASI-UMAYOR-06-2025, fue tramitado bajo la modalidad de subasta inversa, un mecanismo diseñado precisamente para garantizar precios bajos mediante competencia entre oferentes.
Sin embargo, la investigación revela un hecho clave: solo se presentó un único proponente. Esto, según la denuncia, desnaturaliza completamente el proceso, eliminando cualquier presión competitiva sobre los precios y abriendo la puerta a posibles acuerdos irregulares o direccionamiento contractual.
- Sobrecostos extremos: patrón sistemático, no errores aislados
El análisis técnico-financiero identifica lo que podría ser el núcleo del escándalo: una estructura repetitiva de sobreprecios en múltiples productos básicos.
Casos más graves documentados:
- Greca industrial (30 tintos)
- Precio contratado: $1.500.490
- Precio de mercado: $734.900
- Sobrecosto: +104%
- Balde escurridor con prensa lateral
- Precio contratado: $949.990
- Precio de mercado: $400.000
- Sobrecosto: +137%
- Detergente en polvo (1 kg)
- Precio contratado: $27.640
- Precio de mercado: entre $5.400 y $10.900
- Sobrecosto: hasta +300%
- Detrimento estimado solo en este ítem: $9,4 millones
El documento es contundente: No se trataría de errores puntuales, sino de un “patrón sistemático de sobrevaloración” en el contrato.
- Falla estructural: estudio de mercado inexistente o deficiente
Uno de los hallazgos más graves no está solo en los precios, sino en el origen del problema: la planeación.
La denuncia afirma que:
- No hay evidencia de cotizaciones comparativas reales
- No se usaron referencias oficiales como Colombia Compra Eficiente
- No existe soporte técnico que justifique los valores
Esto implica una posible violación directa de normas como:
- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007
- Decreto 1082 de 2015
- Ley 610 de 2000 (responsabilidad fiscal)
En términos técnicos, esto configura una falla grave en el principio de planeación, lo que podría derivar en responsabilidad fiscal por daño al patrimonio público.
- Cantidades infladas y riesgo fiscal ampliado
El documento también alerta sobre otro elemento crítico: cantidades contractuales sin soporte técnico de consumo real. Esto sugiere que el posible detrimento no solo está en los precios, sino también en una eventual sobreestimación de la demanda, lo que amplificaría el impacto económico.
Responsables bajo la lupa | La denuncia no deja dudas sobre posibles implicados:
- Juan Alberto Arraut Camargo – Rector de UMAYOR (ordenador del gasto)
- Miembros del comité evaluador
- Supervisor del contrato
- Estructuradores del proceso
Se plantea que las responsabilidades podrían derivarse tanto por acción como por omisión.
Lo que viene: posible intervención de Fiscalía y Procuraduría | El denunciante solicita medidas contundentes:
- Apertura de proceso de responsabilidad fiscal
- Auditoría integral al contrato
- Medidas cautelares contra responsables
- Traslado del caso a Fiscalía y Procuraduría
Además, advierte que lo descubierto es solo una revisión parcial, por lo que el detrimento real podría ser significativamente mayor.
El caso de UMAYOR podría trascender como algo más que una irregularidad administrativa. Los elementos identificados —falta de competencia, sobrecostos sistemáticos, fallas en planeación y posibles precios artificiales— apuntan a un posible esquema estructurado de afectación al erario.
La decisión ahora está en manos de los entes de control. Si se confirman los hallazgos, la capital de Bolívar estaría frente a uno de los casos de presunto detrimento patrimonial más relevantes del sector educativo en los últimos años.
