El New York Times informó que dos fiscales, uno de Brooklyn y otro de Manhattan, investigan si Petro tiene vínculos con el narcotráfico. Al mismo tiempo, la Associated Press contó que el inquilino de la Casa de Nariño fue designado como «objetivo prioritario» por la DEA. La categoría de “objetivo prioritario” se le da a quienes la DEA considera sospechosos de tener un “impacto significativo” en el tráfico de narcóticos.
Según la AP, «los registros de la DEA muestran que Petro ha aparecido en múltiples investigaciones que se remontan a 2022, muchas basadas en entrevistas con informantes confidenciales. Los presuntos delitos que la DEA ha investigado incluyen sus posibles tratos con el Cártel de Sinaloa de México y un plan para aprovechar su política de ‘paz total’ para beneficiar a narcotraficantes prominentes que contribuyeron a su campaña presidencial. Los registros también sugieren el uso de fuerzas del orden para contrabandear cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos».
En septiembre del año pasado, Estados Unidos descertificó a Colombia en su lucha contra el narcotráfico. El gobierno norteamericano sostuvo que “bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, mientras que el Gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra el narcoterrorismo […] y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis [y] el incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político”.
Para fortuna del país, Washington centró su crítica en la Casa de Nariño y, alegando intereses nacionales vitales, emitió una exención de las sanciones usuales que conlleva la descertificación, sanciones que hubieran generado recortes en la ayuda y restricciones aduaneras y arancelarias para los productos colombianos. Un mes más tarde, Petro, su esposa y su hijo mayor, y el ministro del Interior fueron incluidos en la lista OFAC del Departamento del Tesoro.
Los hechos muestran un largo historial de relaciones entre Petro y los narcos. Los mafiosos financiaron la expansión del barrio Bolívar 83 cuando era concejal en Zipaquirá. Escobar pagó al M-19 de Petro el asalto al Palacio de Justicia, con el fin de asesinar a los magistrados de las salas penal y constitucional de la Corte, encargadas de la extradición, y desaparecer los respectivos expedientes.
En la campaña recibieron apoyos del Hombre Marlboro, de Sobrino, de Papá Pitufo, zar del contrabando y del lavado de activos, y de Pipe Tuluá, cabecilla de La Inmaculada. Petro se movilizó en aviones de Sadi, del narco Carlos Eduardo Restrepo Osorio. De acuerdo con las confesiones de su hermano a la Nena Arrázola en Los Informantes, Petro ganó las elecciones por los pactos celebrados en las cárceles con los bandidos, un episodio conocido como el Pacto de la Picota. Juan Fernando ha sido acusado desde 2023 de haber exigido dinero a narcotraficantes para ser incluidos en los acuerdos celebrados en el marco de la “paz total” y no ser extraditados.
Las acciones de gobierno han sido también reiterada y sistemáticamente favorables a los mafiosos. Pusieron fin a la erradicación manual forzada, promovieron asambleas cocaleras pagadas por el Estado, presentaron proyectos de ley para legalizar la coca y la cocaína y para favorecer a los narcotraficantes penalmente y legalizar parte de su fortuna, le otorgaron el mismo estatus a los grupos estrictamente mafiosos que a los que alegan ser insurgentes, suspendieron órdenes de captura y extradiciones, liberaron capos a lo largo y ancho del país y les dieron tribuna y micrófono, impidieron a la Fuerza Pública enfrentarlos, todo con el pretexto de la paz, e infiltraron y desmantelaron el sistema de inteligencia.
¿Resultados? Los grupos mafiosos aumentaron sustantivamente su número de hombres y su presencia territorial, y el país está inundado de coca y cocaína como nunca en la historia. A 31 de diciembre de 2023, teníamos 253 mil hectáreas de coca; la producción de cocaína pasó de 1.400 a 2.664 toneladas y el porcentaje de incautaciones en relación con la producción, 28%, es el peor en al menos dos décadas. Para rematar, el Gobierno ha impedido que Naciones Unidas divulgue las cifras de 2024 que, con seguridad, son aún más malas.
¿Lo ocurrido es solo consecuencia de una apuesta por “la paz” que tuvo pésimos resultados? Los hechos permiten pensar que no, que es la puesta en práctica de decisiones conscientes para fortalecer aliados políticos, debilitar a las Fuerzas Militares y la Policía, que eran enemigos naturales, y poner el sistema de inteligencia al servicio de los propósitos ideológicos del gobierno.
La información de que Miguel Uribe fue asesinado por la Segunda Marquetalia y de que participaron “gestores de paz” de Petro, y el hecho cierto de que fue él quien le puso la diana en el pecho, solo reafirman las sospechas y la preocupación. Porque si Petro es malo, Cepeda es peor, con sus viejos vínculos con las Farc, mafiosas hasta la médula, y con las reincidencias, a cuyos líderes defendió y ayudó a liberar.
Y mientras acá la Fiscalía mira para otro lado, la Comisión de Acusaciones prevarica y solo tres gatos exigimos al menos responsabilidad política por el desastre y los crímenes, los gringos avanzan el cerco.
