¿Desde cuándo amar la patria se convirtió en una conducta sospechosa? ¿Desde cuándo la bandera, el escudo y los símbolos que representan a todos los colombianos dejaron de pertenecer al pueblo para convertirse en patrimonio exclusivo de determinados sectores políticos?
En una democracia sólida, la justicia no solo debe actuar con imparcialidad; también debe proyectarla ante la ciudadanía. Por eso, el reciente fallo del Tribunal de Bogotá que ordena restringir el uso de símbolos patrios y de la expresión «Firme por la Patria» en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella ha abierto un debate que trasciende a un candidato y toca fibras sensibles de la institucionalidad colombiana.
La controversia no radica únicamente en el alcance jurídico de la decisión, sino en la percepción que genera. Para amplios sectores ciudadanos, el fallo parece enviar un mensaje preocupante: que determinados símbolos nacionales podrían quedar sujetos a interpretaciones restrictivas dependiendo del contexto político en el que sean utilizados.
La bandera, el escudo y los demás emblemas nacionales representan a todos los colombianos. Son elementos que trascienden gobiernos, partidos e ideologías. Por ello, resulta legítimo preguntarse dónde termina la protección de la neutralidad electoral y dónde comienza una posible limitación a la libertad de expresión política.
El debate adquiere una dimensión aún más relevante si se observa el contexto electoral. Abelardo de la Espriella encabeza un movimiento político que logró una importante votación en la consulta reciente, consolidándose como una figura con creciente respaldo popular. Independientemente de las afinidades o discrepancias que pueda generar su proyecto político, sus seguidores —al igual que los de cualquier otra corriente ideológica— tienen derecho a exigir que las reglas democráticas sean aplicadas con absoluta igualdad.
La preocupación no es menor. Cuando las decisiones judiciales son interpretadas por una parte significativa de la sociedad como actuaciones con posibles motivaciones políticas, la confianza en las instituciones comienza a erosionarse. Y la confianza es, precisamente, uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene cualquier Estado de Derecho.
Por supuesto, los tribunales tienen la responsabilidad de garantizar la equidad en las contiendas electorales. Nadie discute esa función. Sin embargo, también es cierto que sus decisiones deben estar respaldadas por fundamentos jurídicos tan sólidos y transparentes que disipen cualquier sospecha de parcialidad. De lo contrario, el debate deja de centrarse en la legalidad del fallo y se traslada al terreno de las percepciones políticas.
Resulta inevitable que muchos ciudadanos se formulen una pregunta: ¿se está protegiendo la neutralidad electoral o se está limitando la capacidad de comunicación de un candidato específico? La diferencia entre ambas cosas es profunda y merece una discusión abierta, rigurosa y desapasionada.
En un país que enfrenta desafíos tan complejos como la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico, la crisis fiscal y el deterioro de la confianza institucional, cualquier decisión que pueda interpretarse como una interferencia en la competencia democrática adquiere una relevancia extraordinaria. No porque los símbolos patrios sean un asunto menor, sino porque la legitimidad de las reglas electorales constituye uno de los activos más valiosos de una democracia.
La justicia está llamada a ser un factor de equilibrio y confianza. Cada sentencia debe fortalecer la credibilidad institucional, no debilitarla. Cuando una decisión judicial divide a la opinión pública y alimenta dudas sobre su imparcialidad, el desafío para las instituciones consiste en ofrecer explicaciones claras, contundentes y jurídicamente irrefutables.
Al final, el debate va mucho más allá de una consigna de campaña o del uso de determinados símbolos nacionales. Lo que realmente está en juego es la confianza de los colombianos en que las normas democráticas se aplican de manera uniforme, sin preferencias ni distinciones ideológicas.
Porque cuando la justicia es percibida como un actor político, pierde parte de la autoridad moral que le permite arbitrar los conflictos de una sociedad. Y cuando la confianza en la justicia se debilita, el impacto trasciende a un candidato, a una campaña o a una elección: afecta a toda la democracia.
