La incautación de celulares en la cárcel de Sincelejo reabre el debate sobre el uso de los centros penitenciarios como plataformas para coordinar extorsiones, amenazas y otros delitos. Las autoridades advierten que la seguridad ciudadana también se defiende detrás de los muros.
Un contundente operativo adelantado por el GAULA de la Policía Nacional al interior de la Cárcel La Vega de Sincelejo permitió la incautación de 12 teléfonos celulares que, de acuerdo con las investigaciones, estarían siendo utilizados para la planeación de extorsiones y homicidios desde el establecimiento penitenciario.
El procedimiento se desarrolló mediante un registro y allanamiento sorpresa en diferentes áreas del centro de reclusión de mediana seguridad, donde los uniformados lograron ubicar los dispositivos móviles ocultos dentro de las instalaciones.
Según las autoridades, los elementos incautados eran objeto de verificación e investigación para establecer su posible relación con actividades criminales que venían afectando a ciudadanos dentro y fuera del departamento de Sucre.
El operativo hace parte de las acciones permanentes que adelanta el GAULA para combatir los delitos de extorsión y neutralizar las estructuras delincuenciales que intentan operar desde los centros penitenciarios del país.
Durante la intervención participaron unidades especializadas de la Policía Nacional, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y personal del INPEC, quienes ejecutaron controles de seguridad y verificación en distintos sectores del establecimiento carcelario.
Las autoridades destacaron que este tipo de acciones buscan impedir que organizaciones criminales continúen utilizando medios de comunicación ilegales para coordinar actividades delictivas desde prisión.
La Policía Nacional mantendrá los operativos de control y registro en centros penitenciarios del departamento como parte de la estrategia de lucha contra la extorsión y otros delitos de alto impacto que afectan la seguridad ciudadana.
Los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que avanzan en las investigaciones para determinar su procedencia y posible utilización en hechos criminales.
