A pocos días de una nueva cita electoral, el Gobierno Nacional vuelve a tomar una decisión que reabre uno de los debates más sensibles de los últimos años: hasta dónde puede llegar el Estado en su búsqueda de acuerdos con organizaciones armadas ilegales sin comprometer la seguridad de los ciudadanos ni la autoridad institucional.
El Decreto 0603 del 13 de junio de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, autoriza medidas destinadas a facilitar el desplazamiento de integrantes de la denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano hacia una zona de ubicación temporal en Putumayo. Para ello, contempla la suspensión temporal y focalizada de determinadas operaciones militares ofensivas y especiales de Policía dentro de un área específica.
Desde la perspectiva oficial, la medida forma parte de los esfuerzos de la política de Paz Total y busca generar condiciones para avanzar en procesos de diálogo. Sin embargo, para amplios sectores de la opinión pública, la decisión despierta serias inquietudes sobre sus efectos reales en materia de seguridad, control territorial y garantías democráticas.
La preocupación no surge en el vacío. Después de varios años de implementación de la Paz Total, persiste una discusión nacional sobre sus resultados. Mientras el Gobierno destaca avances en conversaciones y acercamientos con diferentes actores armados, diversos sectores políticos, analistas y comunidades afectadas por la violencia cuestionan que, paralelamente, continúen registrándose fenómenos como extorsiones, disputas territoriales, economías ilícitas y ataques contra la Fuerza Pública en distintas regiones del país.
En ese contexto, la pregunta resulta inevitable: ¿qué balance puede hacerse entre las concesiones otorgadas y los resultados obtenidos?
Para los críticos de la estrategia gubernamental, el riesgo radica en que medidas como esta puedan ser interpretadas por las estructuras armadas ilegales como señales de flexibilidad estatal sin que existan, al menos por ahora, garantías verificables de desmovilización, desarme o reparación efectiva a las víctimas.
La discusión adquiere una dimensión aún más delicada por el momento político en que ocurre. Colombia atraviesa una etapa de alta sensibilidad institucional y cualquier decisión relacionada con territorios donde históricamente han operado grupos armados genera interrogantes sobre las condiciones de seguridad y libertad para la participación ciudadana.
No se trata de cuestionar la búsqueda de la paz, un propósito legítimo y necesario para cualquier democracia. El verdadero debate consiste en determinar cuáles son los límites de las concesiones estatales y qué mecanismos existen para asegurar que dichas medidas produzcan beneficios tangibles para la población.
La paz sostenible requiere confianza, pero también exige resultados. Requiere diálogo, pero igualmente demanda autoridad. Requiere voluntad política, pero también garantías para quienes habitan los territorios donde el Estado ha tenido históricas dificultades para ejercer control pleno.
Por eso, más que las intenciones declaradas del decreto, lo que terminará siendo evaluado por la historia serán sus consecuencias concretas. Si la medida contribuye a reducir la violencia y fortalecer la presencia institucional, sus defensores tendrán argumentos para reivindicarla. Pero si termina consolidando espacios de influencia para estructuras armadas que continúan operando al margen de la ley, las críticas que hoy surgen desde distintos sectores encontrarán sustento.
La incógnita permanece abierta. Lo que para el Gobierno representa una apuesta por la negociación, para muchos colombianos constituye una decisión de alto riesgo cuyos efectos todavía están por demostrarse y en un país marcado por décadas de conflicto, la diferencia entre una oportunidad para la paz y un error estratégico suele medirse no por los discursos, sino por los resultados.
