La polémica decisión de facilitar transporte aéreo a integrantes de grupos armados reabre el debate sobre las prioridades del Estado y el reconocimiento a quienes defendieron la institucionalidad colombiana.
Colombia tiene la extraña capacidad de convertir las contradicciones en política pública. Lo que en cualquier democracia sólida generaría un amplio debate nacional, aquí suele presentarse como un hecho normal, casi rutinario. Sin embargo, hay decisiones que, por su carga simbólica y moral, trascienden la coyuntura y obligan a preguntarnos qué mensaje se está enviando realmente al país.
La reciente autorización para contratar helicópteros destinados al traslado de integrantes de estructuras armadas ilegales hacia una concentración en Putumayo, en el marco de la denominada «Paz Total», es una de esas decisiones.
Más allá de los argumentos técnicos, jurídicos o políticos que puedan invocarse para justificarla, el hecho abre una discusión inevitable sobre las prioridades del Estado colombiano y sobre el trato diferencial que reciben quienes han combatido contra la institucionalidad y quienes la han defendido.
Durante décadas, miles de soldados y policías han operado en las regiones más apartadas del país enfrentando condiciones extremas. La historia reciente de Colombia está llena de testimonios de militares esperando durante horas, e incluso días, una evacuación médica; de unidades aisladas aguardando abastecimientos que nunca llegaron a tiempo; de operaciones suspendidas por limitaciones logísticas; y de familias que recibieron la noticia más dolorosa porque el apoyo aéreo requerido no estuvo disponible cuando más se necesitaba.
Esa realidad no es una percepción. Es parte de la memoria de la Fuerza Pública y de miles de hogares colombianos que han soportado el costo humano del conflicto armado. Para ellos siempre hubo restricciones presupuestales. Para ellos siempre existieron limitaciones operativas. Para ellos siempre aparecieron razones administrativas que impedían hacer más.
Por eso resulta imposible ignorar el poderoso simbolismo de una decisión que hoy destina recursos logísticos del Estado para facilitar el desplazamiento de integrantes de organizaciones armadas ilegales.
La controversia no radica únicamente en los helicópteros. Radica en lo que representan. Representan un contraste que muchos colombianos consideran difícil de aceptar. Representan la sensación de que quienes durante años desafiaron al Estado reciben hoy beneficios que en numerosas ocasiones fueron negados a quienes arriesgaron su vida por defenderlo.
Representan una imagen que golpea especialmente a los veteranos, a los reservistas, a las viudas de policías y militares, y a las familias de quienes murieron portando el uniforme de la República. ¿Qué puede pensar una madre que perdió a su hijo en una operación militar cuando observa que existen recursos para movilizar a integrantes de grupos armados ilegales?
¿Qué puede sentir un soldado retirado que pasó años patrullando selvas y montañas bajo condiciones precarias? ¿Qué interpretación hace un ciudadano común cuando percibe que el Estado parece actuar con mayor diligencia frente a quienes se alzaron en armas que frente a quienes las enfrentaron?
Son preguntas incómodas, pero legítimas y el Gobierno tiene la responsabilidad de responderlas. Todo esto ocurre, además, en un momento especialmente sensible para el país. Mientras avanza la implementación de la política de «Paz Total», amplios sectores de la sociedad continúan cuestionando sus resultados concretos.
La promesa era clara: reducir la violencia, debilitar las estructuras criminales, recuperar el control territorial y fortalecer la presencia institucional en las regiones. Sin embargo, para muchos colombianos la percepción es distinta. Las extorsiones continúan afectando a comerciantes y empresarios. Los secuestros siguen siendo una amenaza en diversas zonas del país. Los ataques contra la Fuerza Pública no han desaparecido.
Las economías ilícitas continúan financiando estructuras criminales que mantienen capacidad operativa en varios territorios. Ante ese panorama, cada concesión, cada beneficio y cada gesto hacia los grupos armados es observado con creciente escepticismo por una parte importante de la opinión pública.
Conviene dejar algo claro: defender la paz no es incompatible con cuestionar las decisiones adoptadas en su nombre. La paz es un propósito legítimo, necesario y deseable para cualquier nación. Ningún colombiano sensato puede oponerse a la búsqueda de soluciones que permitan cerrar décadas de violencia.
Pero la paz también necesita legitimidad social y esa legitimidad se erosiona cuando amplios sectores de la ciudadanía perciben que las víctimas, los soldados, los policías y quienes han respetado la ley terminan ocupando un lugar secundario frente a quienes decidieron violarla.
La reconciliación nacional no puede construirse sobre la sensación de injusticia. No puede edificarse sobre la impresión de que el sacrificio de quienes defendieron la institucionalidad vale menos que las exigencias de quienes la combatieron.
La historia será la encargada de juzgar los resultados de esta estrategia. También evaluará si las decisiones adoptadas contribuyeron realmente a consolidar la paz o si, por el contrario, profundizaron las divisiones existentes en la sociedad colombiana. Mientras tanto, una pregunta sigue resonando en miles de hogares del país:
Si hubo recursos para transportar en helicópteros a integrantes de grupos armados ilegales, ¿por qué tantas veces no los hubo para rescatar, abastecer o proteger a quienes defendían la bandera nacional?
Tal vez allí se encuentre una de las contradicciones más profundas de este momento político y quizás también una de las razones por las que tantos colombianos observan con creciente preocupación el rumbo que está tomando el país.
