Hay preguntas que una ciudad debería hacerse sin apasionamientos políticos, sin odios personales y, sobre todo, mirando las cifras de frente. Una de ellas es esta: ¿a quiénes les sirven realmente las grandes obras que impulsa el gobierno de Dumek Turbay?
La pregunta no pretende desconocer la importancia de la infraestructura ni negar los avances que Cartagena ha registrado en algunos indicadores sociales. Tampoco significa afirmar que una obra pública sea innecesaria simplemente porque tenga un componente urbanístico, turístico o recreativo. El verdadero debate es otro: cuando los recursos públicos son limitados y las necesidades sociales son enormes, ¿cómo se determina qué debe ser prioritario?
El Distrito ha impulsado proyectos de gran dimensión, entre ellos el Gran Malecón del Mar y el Mirador del Sol, además de otras intervenciones en infraestructura, movilidad y espacio público. El Gran Malecón, por ejemplo, comprende una intervención de varios kilómetros en el borde costero y el propio Distrito lo presenta como uno de los proyectos de infraestructura y espacio público más ambiciosos de la ciudad.
Nadie puede negar que Cartagena necesita recuperar espacios públicos, mejorar su infraestructura, proteger su litoral, fortalecer el turismo y generar condiciones para atraer inversión y empleo. Tampoco sería serio afirmar que todo peso destinado a una obra visible es un peso malgastado. Pero tampoco sería serio dejar de mirar la otra Cartagena.
La Cartagena de los barrios donde todavía existen dificultades relacionadas con ingresos, vivienda, educación, saneamiento, movilidad, acceso a servicios y oportunidades laborales. La Cartagena que no siempre aparece en las fotografías de las grandes inauguraciones. La Cartagena que exige que el desarrollo urbano vaya acompañado de desarrollo social y aquí las cifras obligan a una discusión responsable.
Los datos más recientes del DANE muestran que la pobreza monetaria en Cartagena bajó de 41,1% en 2024 a 34,6% en 2025. La pobreza monetaria extrema también disminuyó, al pasar de 13,2% a 9,3%. Cerca de 59.000 personas salieron de la pobreza monetaria y alrededor de 36.000 dejaron la pobreza extrema durante ese período. Es un resultado que debe reconocerse. No sería responsable desconocer una reducción de esa magnitud.
Pero reconocerla tampoco significa que los problemas estructurales hayan desaparecido. Aproximadamente uno de cada tres cartageneros continúa en condición de pobreza monetaria, y Cartagena todavía registra una incidencia superior a la de ciudades como Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín.
Entonces la pregunta vuelve a aparecer. ¿Cuál debe ser el orden de prioridades de una ciudad que todavía enfrenta semejantes brechas sociales? ¿Debe privilegiarse la transformación del paisaje urbano? ¿La recuperación de zonas turísticas y del borde costero? ¿La construcción de nuevos escenarios recreativos y deportivos? ¿O debe acelerarse, al mismo tiempo y con mayor intensidad, la inversión destinada a resolver las necesidades básicas de los sectores más vulnerables? La respuesta no tiene por qué ser excluyente.
Una ciudad puede construir un gran malecón y, simultáneamente, mejorar sus barrios. Puede fortalecer el turismo y generar oportunidades para quienes viven en condiciones de pobreza. Puede invertir en infraestructura y, al mismo tiempo, cerrar brechas de educación, vivienda, servicios públicos y empleo. El problema no es hacer obras. El problema es establecer si las obras que se hacen corresponden a las prioridades que la ciudad necesita. Ese debería ser el verdadero debate.
Porque una megaobra puede transformar una zona de Cartagena, generar empleo y mejorar la competitividad urbana. De hecho, el sector de la construcción registró durante 2025 un aumento de ocupados y las autoridades han atribuido a las obras de infraestructura una contribución importante a la generación de empleo formal.
Pero una administración pública tampoco puede evaluar su éxito únicamente por los kilómetros construidos, los parques inaugurados, los escenarios entregados o el valor de los contratos ejecutados. También debe preguntarse cuántas familias mejoraron realmente sus condiciones de vida, cuántos hogares accedieron a empleo estable, cuántos niños tuvieron mejores oportunidades educativas, cuántos barrios resolvieron problemas de saneamiento y cuántas comunidades dejaron atrás condiciones históricas de exclusión.
Y hay otro asunto que merece vigilancia ciudadana: el endeudamiento público. El Distrito cuenta con autorización para una operación de crédito por $1,5 billones destinada a financiar megaproyectos. Un crédito público no es, por sí mismo, una mala decisión. Puede ser una herramienta legítima para financiar inversiones estratégicas cuando existe capacidad de pago, sostenibilidad financiera y una clara justificación de la inversión. El propio Distrito ha defendido la legalidad y viabilidad de esta operación, y en abril de 2026 un juzgado negó una solicitud para suspenderla.
Precisamente por eso el debate no debe ser si Cartagena puede o no endeudarse. La pregunta más importante es qué se financia con esa deuda, cuál será el beneficio público esperado y qué obligaciones quedarán para las próximas administraciones y para los contribuyentes. El dinero público no tiene color político.
Proviene de impuestos, transferencias, ingresos propios, crédito y otras fuentes que, finalmente, deben traducirse en bienestar colectivo. Por eso cada gran inversión merece ser examinada con criterios de prioridad, impacto social, sostenibilidad financiera, transparencia y beneficio público y aquí aparece la pregunta central de este editorial: ¿A quiénes les sirven las grandes obras de Dumek Turbay? La respuesta no debería construirse desde la simpatía ni desde la oposición política. Tampoco debería buscarse exclusivamente en una placa de inauguración, en una fotografía o en un discurso oficial.
Debe buscarse en los resultados.
- En el barrio que consigue una vía digna.
- En la familia que obtiene agua y saneamiento.
- En el joven que encuentra empleo.
- En el niño que recibe una educación de calidad.
- En la comunidad que deja atrás la inseguridad y el abandono.
- En el ciudadano que puede comprobar que sus impuestos regresan a la ciudad en forma de oportunidades y mejores condiciones de vida.
Cartagena necesita obras. Pero necesita, sobre todo, que las obras tengan sentido social. Una ciudad no se transforma únicamente cuando cambia su paisaje. Se transforma cuando cambia la vida de su gente. Por eso esta no es una pregunta contra Dumek Turbay. Es una pregunta que debería hacerse cualquier gobierno, de cualquier partido y de cualquier época: ¿Cuál es el verdadero retorno social de cada peso público invertido?
Si las grandes obras consiguen mejorar la competitividad, generar empleo, recuperar espacios y, al mismo tiempo, reducir las brechas sociales, tendrán una justificación mucho más sólida. Pero si la transformación termina siendo principalmente estética mientras persisten profundas desigualdades, entonces la ciudadanía tendrá todo el derecho a preguntar si las prioridades fueron las correctas y esa pregunta no debería incomodar a ningún gobierno.
Porque la verdadera medida de una administración no está solamente en cuánto construye, sino en cuánto transforma la vida de quienes más necesitan del Estado. Cartagena no necesita escoger entre ser una ciudad moderna o una ciudad socialmente justa. Necesita ser ambas.
Ese debería ser el desafío de cualquier alcalde: construir una Cartagena que pueda mostrarle grandes obras al visitante, pero que también pueda ofrecerle dignidad a quien lleva toda una vida viviendo en ella.
