La Mesa Territorial de Garantías pidió medidas urgentes de protección e investigaciones para esclarecer los hechos reportados en San Juan Nepomuceno, Bolívar. En la denuncia se menciona a un concejal en ejercicio y a otras personas, sin que ello implique responsabilidad comprobada.
La preocupación por la seguridad de los líderes sociales vuelve a encender las alertas en el departamento de Bolívar. La Mesa Territorial de Garantías para la labor de defensa de los derechos humanos rechazó las presuntas amenazas, hostigamientos e intimidaciones denunciados por Lisbett Hernández Yépez, defensora de derechos humanos y vocera nacional de esta instancia, contra ella y sus padres, de 76 y 77 años, en el municipio de San Juan Nepomuceno.
De acuerdo con un comunicado público de la Mesa, los hechos habrían ocurrido el 17 de octubre de 2026 e incluirían la presencia de grupos de personas en los lugares de residencia de la defensora y sus padres, expresiones intimidatorias y presuntas amenazas contra su integridad física y su vida. La denunciante también habría informado sobre un mensaje en el que, según su versión, se anunciaba la intención de acudir a su vivienda para agredirla físicamente.
La gravedad de lo denunciado radica no solo en el posible riesgo para una mujer que ejerce labores de defensa de los derechos humanos y liderazgo territorial, sino también en la presunta afectación a sus padres adultos mayores, cuya seguridad y tranquilidad requieren especial atención. La Mesa advirtió, además, sobre posibles situaciones de discriminación, violencia basada en género e intimidación relacionadas con expresiones públicas y ejercicios de participación ciudadana, aspectos que deberán ser esclarecidos mediante las pruebas y las investigaciones correspondientes.
El caso plantea interrogantes sobre la atención institucional brindada durante los hechos reportados. Por ello, la Mesa pidió verificar los llamados recibidos por la Policía, los procedimientos realizados y las circunstancias en las que, presuntamente, habrían continuado las intimidaciones. Asimismo, solicitó examinar cualquier posible vulneración de la intimidad y de la inviolabilidad del domicilio, sin anticipar conclusiones sobre la conducta de funcionarios o particulares.
- Exigen protección urgente para la defensora y sus padres
La Mesa Territorial de Garantías pidió a las autoridades municipales y a las entidades responsables de protección que evalúen urgentemente el nivel de riesgo de la defensora y de sus padres, y que adopten las medidas preventivas que correspondan.
También instó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes a investigar los hechos, preservar las evidencias e identificar eventuales responsabilidades. A la Policía le solicitó revisar la atención prestada y a las instancias de derechos humanos, activar los mecanismos de seguimiento y acompañamiento pertinentes.
Uno de los puntos centrales del comunicado es la defensa de la libertad de expresión, la denuncia social y el llamado activismo político, entendido como una forma de participación ciudadana que recurre al arte, la ironía, la sátira y el sarcasmo para cuestionar el poder y promover la reflexión pública.
La Mesa sostuvo que las diferencias personales, familiares o políticas, así como las críticas a quienes ejercen cargos públicos, deben tramitarse mediante el debate democrático y los mecanismos legales, nunca a través de amenazas, hostigamientos o violencia.
El mensaje tiene una dimensión institucional de fondo: quienes defienden los derechos humanos deben contar con garantías para desarrollar su labor sin temor por su integridad ni por la seguridad de sus familias. La libertad de expresión y el liderazgo social, señaló la organización, no pueden convertirse en motivos de persecución.
Por ahora, los hechos descritos corresponden a una denuncia que requiere verificación por parte de las autoridades. El esclarecimiento deberá establecer qué ocurrió, si existieron conductas constitutivas de infracción y quiénes, en caso de comprobarse responsabilidades, participaron en ellas.
La exigencia de la Mesa Territorial de Garantías es clara: protección efectiva, investigación imparcial y respuestas institucionales oportunas. En San Juan Nepomuceno, la atención está puesta en que las amenazas denunciadas sean esclarecidas y que la defensora y sus padres puedan recuperar sus condiciones de seguridad y tranquilidad.
