Colombia se encontraba expectante ante la aprobación o no del presupuesto general de la nación para 2027, ya que, cuando se habla de reforma tributaria, muchos son los intereses que se mueven y tienden a convulsionar el espectro de lo económico, político y personal. Todos piensan que les pueden mejorar o desmejorar sus ingresos, pero existe algo importante de lo que quien presenta la reforma no puede abstraerse: la injerencia de entidades como el Banco Mundial y las organizaciones económico-sociales, que hacen parte de lo que se llama la globalización.
Lo que no se esperaba era el descabezamiento del ministro del Interior por el error infantil en el trámite del presupuesto de 2027 y su salida en falso al alegar que “En términos prácticos no pasó nada”, cuando no fue un elefante, sino un mamut, fácil de detectar por las diferencias entre los textos aprobados en Senado y Cámara, que llevaron a que el Ejecutivo expidiera el presupuesto para 2027 por decreto, por $634,9 billones, y no mediante una ley, como lo establece la Constitución.
Exactamente, la imprudencia se cometió por diferencias y discrepancias en el trámite correspondiente a la etapa de conciliación obligatoria del artículo 65, entre las versiones aprobadas por el Senado y la Cámara, al aprobarse textos diferentes sobre el mismo artículo, principalmente en el tema relacionado con operaciones de cobertura fiscal, ya que el Senado votó el texto sin modificaciones, mientras la Cámara anexó parágrafos adicionales, lo que no surtió la conciliación ni la aprobación dentro del plazo legal.
Rodrigo Lara Restrepo es hijo del exministro Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984 por el cartel de Medellín, pero su salida, 76 días después de haber sido nombrado, nos lleva a muchos interrogantes por sus polémicos nombramientos, derrotas políticas y dificultades para consolidar las mayorías en el Congreso, comenzando con la derrota del candidato del presidente, Alfredo Deluque, para la presidencia del Senado, cuyo resultado favoreció al candidato del Centro Democrático, Honorio Henríquez.
A lo anterior se agregan las dificultades para unificar y colocar fichas en las comisiones del Senado y la Cámara, las negociaciones políticas para la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y la elección del contralor general, que se suponía estaban respaldadas por los partidos aliados.
Pero la rasquiñita del Gobierno no solo fueron esos desafueros políticos, sino también algunos nombramientos realizados por el exministro Lara, comenzando con el del director nacional de Bomberos, capitán Germán Andrés Miranda Montenegro, quien se posesionó el 7 de septiembre y el 3 de octubre fue declarado insubsistente por orden del Tigre.
Le siguió el contrato como asesor jurídico del despacho del MinInterior del exmagistrado del CNE Altus Baquero, por la módica suma de $60 millones, que tuvo que cancelarse también por el rugido del Tigre.
A ese estilo de gobernanza del presidente se agrega la revocatoria de otros nombramientos, como el de Magda Yolima Amaya Arévalo en la Secretaría General del Ministerio de las TIC; el de Andrés Camilo Pardo Jiménez en la Vicepresidencia Corporativa de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); el de Carlos Eduardo Sepúlveda Rico en el Departamento Nacional de Planeación (DNP); el de Silvana Beatriz Arbeláez Bateman, cuya hoja de vida fue enviada al canasto de la basura; el de Hanna Dimelsa Escobar en la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud; y el desnombramiento de Carolina Soto como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
Retrotrayendo lo concerniente al presupuesto general de la nación, normalmente un gobernante intenta imponer el presupuesto según su concepción política, llámese de izquierda, de centro o de derecha, y es posible que logre sus objetivos si tiene mayorías parlamentarias que conlleven a su aprobación.
Lo que no es aconsejable es que se quiera gobernar con el espejo retrovisor, siendo que este ha sido utilizado por varios presidentes de elección popular. El estimado hueco fiscal recibido de Petro está en el orden de los $61 billones de pesos, y para ello están los cacúmenes de la economía, para subsanar lo que todos los gobiernos han arrastrado y no parlotear que se recibió la casa hipotecada hasta el techo.
