Tras la publicación de su Informe anual de actividades de exámenes preliminares, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, concluye que existen “fundamentos razonables” para creer que en Venezuela “se cometieron crímenes de competencia de la corte desde al menos abril de 2017”.
El documento repasa las actividades realizadas por la oficina entre el 6 de diciembre de 2019 y el 14 de diciembre de 2020, e incluye reportes sobre denuncias en otros 9 países.
En el informe, la fiscal asegura que centró su análisis en las alegaciones relacionadas al trato dado a personas detenidas en Venezuela, y concluyó que “autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.
De acuerdo con la fiscalía en la primera mitad del próximo año finalizará el análisis para determinar si existen “fundamentos razonables para proceder a un análisis sobre admisibilidad”, lo que permitiría recabar nueva evidencia y proceder a formular acusaciones formales por la Corte a las personas señaladas.
La Corte Penal Internacional anunció por primera vez que estaba investigando acusaciones de crímenes de lesa humanidad en Venezuela en 2018 después de una solicitud emitida por un grupo de países signatarios del Estatuto de Roma, que pedían al organismo internacional estudiar la situación en Venezuela.
A principios de diciembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó en un informe a la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante las violaciones de derechos humanos en ese país.
La fiscalía de la CPI también informó que recibió una denuncia del gobierno de Nicolás Maduro en la que se alega que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad “como resultado de la aplicación de medidas unilaterales coercitivas” impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.
