Un documento de 135 páginas presentado por el presidente Abelardo De la Espriella ante las autoridades cuestiona la gestión de la reforma agraria durante el Gobierno de Gustavo Petro y plantea posibles inconsistencias en la entrega, titulación y adquisición de tierras.
El informe, denominado El libro de la verdad reúne distintos señalamientos sobre la administración anterior. En el capítulo dedicado a la reforma agraria, el actual Gobierno pone en duda algunas cifras reportadas sobre la entrega de predios y el manejo de recursos públicos.
Según el documento, durante el Gobierno Petro se habrían reportado 351.463 hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras, pero solo 98.148 hectáreas contarían con registro pleno ante las Oficinas de Instrumentos Públicos.
El informe califica esta diferencia como una posible “operación de maquillaje estadístico” y sostiene que las hectáreas con registro formal representarían cerca del 7% de la meta planteada por la administración anterior.
Asimismo, señala que otras 206.273 hectáreas habrían sido entregadas de manera provisional, por lo que los beneficiarios todavía no contarían con un título de propiedad debidamente registrado.
El Gobierno actual plantea que esta diferencia entre las tierras reportadas como entregadas y aquellas formalmente tituladas debe ser objeto de revisión por parte de las autoridades competentes.
El informe también pone la lupa sobre un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). De acuerdo con El libro de la verdad, durante la etapa final del Gobierno Petro, cuando Juan Felipe Harman estaba al frente de la ANT, se habría realizado un desembolso cercano a $1 billón para la adquisición de 537 predios.
El documento sostiene que, de ese conjunto de terrenos, solamente tres habrían sido debidamente titulados. Para el actual Gobierno, esta situación genera interrogantes sobre la ejecución de los recursos y los resultados obtenidos mediante el convenio. Los cuestionamientos contenidos en El libro de la verdad corresponden a denuncias y posibles irregularidades que el Gobierno de De la Espriella puso en conocimiento de las autoridades.
Por ahora, las cifras y afirmaciones consignadas en el documento no constituyen por sí mismas una conclusión judicial. Corresponderá a los organismos de control y a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades, responsabilidades individuales o afectaciones a los recursos públicos.
El caso pone nuevamente en el centro del debate la ejecución de la reforma agraria y, particularmente, la diferencia entre las tierras reportadas como entregadas y aquellas que efectivamente cuentan con títulos de propiedad registrados.
