El incremento en los precios de los combustibles genera mucha sensibilidad entre la ciudadanía. Más aún, si se constata que hace tan solo 3 meses el precio de la gasolina tuvo un alza de $198 y el ACPM aumentó $143. Este valor adicional que se paga por galón de la gasolina, vuelve a poner a este producto muy cerca de sus máximos históricos. Por eso muchos han empezado a sentir el impacto en su bolsillo y las quejas no se hacen esperar desde todos los sectores: usuarios, empresarios del transporte de carga y expertos consideran que las fluctuaciones del mercado en Colombia tienen que estabilizarse pronto.
Los combustibles representan hasta el 35% de la estructura de costos del gremio transportador, hoy el valor de referencia de venta al público por galón de origen nacional para gasolina motor corriente es de $5.078,77 y para ACPM $5.024,59. A pesar de esto, podemos ver que en las estaciones de servicio y en el mismo orden de la relación anterior, encontramos precios de $8.847 y $8.652 respectivamente. Esa diferencia entre el valor de referencia y el valor real que representa casi un 40%, es el equivalente a todos los impuestos, costos de transporte y comercialización, un porcentaje supremamente alto que pagan los usuarios.
No siendo suficiente con esto, hay un impuesto que se cobra de manera injusta a todos los colombianos, indistintamente de su estrato: La sobretasa a la gasolina, son $1.300 por cada galón de combustible que afectan directamente a los ciudadanos, en especial al gremio de transportadores, taxistas, mototaxistas que durante más de un año han sufrido la inclemencia de una pandemia que a muchos los afecto considerablemente y a otros los llevo a la quiebra.
Si bien es cierto que, con los recursos obtenidos de este recaudo desde 1998, en algunas ciudades se financian obras de gran envergadura, también hay que poner en contexto que es un cobro injusto, va en contra de los más pobres, pues no es progresivo, no es redistributivo y mucho menos logra reducir la brecha que hoy existe entre el campo y la ciudad, que son la vas terciarias, ha sido mal invertido en el tiempo, no ha sido bien aprovechado y ni hablar de su inconveniencia económica, teniendo en cuenta que la sobretasa a la gasolina es uno de los elementos económicos que incrementa el costo final de los combustibles en un 20% según el ente encargado de hacer el cobro, causando una distorsión en los precios, los cuales podrían llegar a incrementarse hasta en $1.500 por galón. Todo esto puede causar que el costo del ACPM tenga un crecimiento superior al crecimiento observado en los últimos años.
De acuerdo con un análisis del precio relativo realizado por Bloomberg (2019), teniendo en cuenta el costo de un galón de gasolina respecto a la capacidad salarial promedio de cada colombiano, un galón de combustible representa el 16,6% del salario promedio. Lo cual indica que Colombia tiene la segunda gasolina más cara del continente y el resultado no es muy distinto para el ACPM.
En un país con grandes dificultades económicas y un desempleo creciente, no tiene sentido castigar de esa manera a quienes se verían afectados directa o indirectamente, un caso palpable sería el transporte de alimentos, un punto sensible para todos los colombianos. Los desequilibrios de oferta y demanda derivados del costo del combustible, provocan una subida en los precios de bienes y servicios, impactan la economía de los hogares, y ni hablar de la afectación a la competitividad, a las exportaciones e importaciones.
Mi posición sería diferente si con la permanencia de este impuesto se buscara desincentivar el uso de este tipo de combustibles o que lo recaudado se destinara a reducir el impacto en el medio ambiente causado por su uso, pero nuestro país ofrece pocas alternativas que puedan reemplazarle y no podemos ser indiferentes a esa realidad.
Tuvimos la oportunidad de eliminarlo, ¡sí!. Y no sería sensato interpretar esta postura como un acto de enemistad con los territorios pues los recursos derivados del cobro de la sobretasa a la gasolina, no son una fortaleza para la financiación de los entes territoriales y no alcanzan a superar el 5% de los recursos tributarios de los departamentos y municipios.
Desafortunadamente y a pesar de todos los esfuerzos que hicimos, las mayorías en el Congreso de la República le cerraron la puerta a esta opción, no se logró el consenso necesario. Comprendo y comparto la molestia que hay entre los distintos sectores de la sociedad por la ratificación de esta medida. El hecho de que ya existiera, no era un argumento con el peso suficiente para mantenerla.
Lo anuncié públicamente y ratifiqué mi voto negativo a la continuidad de este cobro, era el momento oportuno, necesario y justo para hacer las modificaciones correspondientes y aliviar el peso que significa en el bolsillo de los consumidores.
No hay mayor costo para una sociedad que no ser responsables en cuidar estabilidad de nuestra economía, por ello todos debemos asumir el reto de convertir el precio de los combustibles en tema de debate e interés nacional que traiga consigo soluciones a la economía colombiana y en especial a este sector.
