Esta semana las Comisiones Económicas del Senado de la República y la Cámara de Representantes avanzamos en el primer debate y análisis del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022. En esta oportunidad, nos concentramos en la aprobación del monto del presupuesto para 2022, que financiará tres grandes apuestas del Gobierno Nacional, y que van en sintonía con la Ley de Inversión Social que aprobamos la semana pasada en Congreso de la Republica y que esta semana sancionó el presidente Iván Duque. Esas apuestas son: 1) garantizar la continuidad de los programas sociales; 2) impulsar la generación de empleo y la reactivación económica; y 3) promover una senda de crecimiento con sostenibilidad de las finanzas públicas, garantizando una reducción gradual del déficit fiscal.
El monto del presupuesto para la vigencia 2022 asciende a $350.4 billones, lo que representa un crecimiento de 5,3% respecto al presupuesto de 2021. Dichos recursos están distribuidos de la siguiente manera: $210.1 billones en el presupuesto de funcionamiento, que comparado con 2021 presenta un crecimiento de 3,1%; $78 billones para el servicio de la deuda, y $62.2 billones para financiar proyectos de inversión pública. Los tres más altos montos de presupuesto se asignaron a los sectores de educación con $49.2 billones, defensa con $42.8 billones y salud con $41.2 billones.
Respaldé aprobar el monto del presupuesto propuesto por el Gobierno Nacional porque es consistente y totalmente viable con las fuentes de financiación establecidas en el Proyecto de Ley. Por ello es importante resaltar y explicar de forma clara la procedencia de los recursos que financiaran el presupuesto de la Nación 2022.
Inicio con los ingresos corrientes de la Nación, donde los ingresos tributarios recaudados por la Dian son los más importantes, a través de los cuales se proyectan recursos de $168.8 billones, 9,4% más que los ingresos estimados en 2021. Esta fuente de ingresos representa el 48,1% del monto total de financiamiento del presupuesto 2022, y la más importante. Vale la pena señalar que, con corte a 31 de agosto, la DIAN había recaudado el 67% de la meta total para 2021, además de reportar un cumplimiento de 103,3% en la meta del recaudo para agosto. De igual manera, hay que destacar la gestión de cobro y lucha contra la evasión de la DIAN, que ha representado ingresos de $11.8 billones entre enero y agosto de este año.
La segunda fuente de financiamiento del PGN 2022 son los recursos de capital que ascienden a $146.7 billones, y representan el 42% del financiamiento. Estos recursos provienen principalmente de crédito interno y externo, por $102.2 billones (69,6% de los ingresos de capital), de estos, $62.9 billones se obtendrán mediante colocación de títulos de tesorería y $39.3 billones más a través de préstamos con la banca multilateral como Banco Mundial y BID. Además, dentro de esta fuente también están los excedentes financieros y dividendos procedentes de las utilidades de empresas importantes del Estado como Ecopetrol, que alcanzó utilidades de $8.4 billones principalmente por el incremento en los precios del crudo.
Finalmente, me refiero a las demás fuentes de financiación que representan el 10% y que corresponden a: i) Fondos especiales ($11.4 billones); ii) Rentas parafiscales ($2.4 billones), y iii) Establecimientos públicos ($18.9 billones). Es importante señalar que en el proyecto de ley se resaltaba un faltante de $2.1 billones los cuales estaban condicionados a la aprobación de la Ley de Inversión Social, que acaba de ser aprobada por el Congreso y sancionada por el Gobierno, y por lo tanto se garantiza que el presupuesto se encuentra totalmente financiado.
Durante mi intervención en el debate del monto esta semana, resalté, no solo la relevancia de estos recursos en el proceso de reactivación económica y apoyo a los más vulnerables sino la inflexibilidad de algunos de los rubros que componen el presupuesto. El 83% del presupuesto es inflexible, o sea hay que financiar esos rubros y montos si o si. Por ejemplo, los recursos destinados al Sistema General de Participación que ascienden a $49.5 billones, recursos que por ley son obligatorio transferir a las regiones y no pueden tener ninguna reducción. O los destinados a cubrir las pensiones de los colombianos, o las prestaciones del magisterio, que sumados ambos ascienden a $54.6 billones, y los $4.3 billones destinados al cumplimiento de los compromisos con las instituciones de educación superior. Además, es importante incluir el pago de la deuda que no podrá ser inferior a cerca de $72 billones con el fin de seguir honrando nuestros compromisos y permitir el flujo de recursos necesarios no sólo para cumplir con lo previsto en el presupuesto sino con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
De ahí la urgencia de asignar bien el resto de los recursos y priorizar la buena gestión, ejecución y resultados para generar empleo, reducir la pobreza y la inequidad, y cumplir con lo previsto en el plan de gobierno del presidente Iván Duque. @CharoGuerra
