El 2 de octubre se cumplen cinco años de la mayor traición a los colombianos e irrespeto a la democracia cuando se desconoció la voluntad de 6.424.385 ciudadanos que le dijimos no al acuerdo Santos – Farc. Dar luz verde a lo que fue pactado tras bambalinas en La Habana solo ha traído impunidad, burla e incumplimiento.
Es una vergüenza ver cómo las víctimas no han sido reparadas, tampoco han tenido verdad y mucho menos, una muestra de arrepentimiento o petición de perdón por parte de los exjefes de las Farc, autores intelectuales del horror que padecieron las víctimas y sus familiares. Aunque inconcebible, ellos han sido premiados con curules en el Congreso, participación política y beneficios del Estado. Viven campantes sin pagar un solo día de cárcel y peor aún, dando cátedra de moral. Aquí le pasan cuentas por incumplimiento al gobierno del presidente Iván Duque, pero no a los exjefes de las Farc. Parecen olvidar que ellos también tienen responsabilidades.
Vámonos a las cifras. Este gobierno recibió un acuerdo de papel, con expectativas a corto plazo que no se podían cumplir. Aún así hoy el gobierno avanza en su implementación. Por ejemplo, en materia de víctimas, el Estado ha reparado a 318.795 personas, lo que requirió una inversión de $2.69 billones. A lo anterior se suman 3.201 proyectos productivos entre colectivo e individuales que vinculan a 7.249 excombatientes, para lo cual el gobierno nacional ha aportado $57.978 millones al 31 de agosto de 2021.
Lo social también ha tenido cabida. El 85,2% de los excombatientes (11.950) cuentan con afiliación al régimen pensional, mientras que el 99% alguna vez ha estado afiliada a servicios de salud. En educación también se ha hecho un esfuerzo importante. Al 31 de julio de 2021, fueron ofertados 24.900 cupos para programas de formación en el SENA. Adicionalmente, entre 2019 y 2021, 7.221 personas se han vinculado a formación primaria, bachillerato y de educación superior.
El tema de la seguridad de los excombatientes también ha sido atendido por el Gobierno Nacional. En 2020, el presupuesto ejecutado por la Unidad Nacional de Protección -UNP- para la seguridad de los exFarc fue de $101.472 millones, y para 2021 se aumentó a $121.100 millones, de los cuales, $17.700 millones son para viáticos. Adicionalmente, cuentan con 338 esquemas de seguridad (33 colectivos, 277 individuales, 26 en AETCR y 2 para sedes del partido Farc), con 1.310 escoltas y 658 vehículos asignados. Y todavía les parece poquito.
En materia de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), este gobierno ha aprobado 1.756 proyectos, con una inversión de $345.235 millones; y en lo corrido del primer semestre de 2021, fueron aprobados 600 proyectos con una inversión de $145.133 millones. A la fecha, la inversión que ha hecho el gobierno Duque en los municipios PDET, asciende a los $9.32 billones.
Este corte de cuentas es necesario. No más falacias ni cortinas de humo de aquellos que alborozados apoyaron ese “acuerdo” para querer tapar lo que a simple vista es la realidad: un gobierno que cumple con logros tangibles, aún en momentos de mucha dificultad como consecuencia de la pandemia y los paros; y unas Farc que exigen todo, pero que no dan nada. ¡Qué descaro!…
Son lánguidos los resultados de los compromisos de las Farc. Empecemos porque la entrega de bienes sigue bien embolatada. Según la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al 30 de septiembre de 2021 el dinero en efectivo entregado es de $2.114 millones, cuando lo reportado fue $12.070 millones lo que representa un cumplimiento de tan solo 17,5%. Ahora, del total de oro reportado (465.020 gramos), solo han entregado el 54,8% equivalente a 2.540 gramos en joyas y 252.500 gramos en lingotes de oro. De 24.456 semovientes solo entregaron 229 (cumplimiento de 0,9%); 1.821 muebles de los 51.992 registrados (cumplimiento de 3,5%); 39 inmuebles de los 722 reportados (cumplimiento de 5,4%) y 4 vehículos de 319 reportados (cumplimiento de 1%). Todo lo anterior para un valor monetizado de $42.735 millones. Y la cereza del pastel: según la SAE, las Farc justifican el incumplimiento debido a problemas de seguridad y orden público, sumado a que de algunos bienes no tienen información concreta. Que tal!
Y ni qué decir de los menores reclutados. Entregaron 144 de los 18.677 que según la Jurisdicción para la Paz (JEP) plagiaron para llevarse a la selva, ingresarlos a sus filas y usarlos como escudos humanos. ¿Dónde están los demás?… Resulta muy extraño creer que se laven las manos frente a esta deleznable práctica, cuando hace unos días Noticias Caracol reveló que las Farc tenían hojas de vida con la información personal de cada una de las víctimas de esta práctica macabra mal llamada reclutamiento. Tienen el descaro de seguirle mintiendo al país. Y ni qué decir de las congresistas de exFarc que se atreven a negar los abortos y los abusos a los que sometían a mujeres, o peor aún, a defender otro delito como el secuestro, aseverando que quienes lo vivieron tenían “comodidades” como “camitas y cambuches”.
No puedo terminar sin resaltar el compromiso con esa base de exguerrilleros que cumplió con la desmovilización y retornó a la vida civil. A ellos todo el apoyo para que el Estado siga garantizando su bienestar y ayudándolos en el proceso de reincorporación.
A los líderes de las exFarc se les acabó el show, Colombia ya no cree en su discurso y estoy segura que algún día tendrán que pagar por todos los crímenes que cometieron. La impunidad, esperamos, no sea para siempre…
