Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación asegura que durante los primeros 100 días del gobierno Petro se presentó el pico de masacres más alto del año; también aumentó la cantidad de víctimas por hechos de masacre y de desplazamiento forzado en el país.
Sin embargo, el número de casos y de víctimas de confinamiento forzado disminuyó a nivel nacional y se concentró en solamente tres departamentos: Nariño, Chocó y Cauca.
Sobre esta situación la gerente de proyección para América Latina e incidencia pública de Pares, Laura Bonilla, explicó que en Colombia ya se venía evidenciando una tendencia al alta: “desafortunadamente en los últimos cuatro años se ha visto un registro muy preocupante concentrado en 14 de los 32 departamentos del país”. Agregó que el gobierno debe centrar su atención en desescalar la violencia armada.
“Desde la posesión del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, han ocurrido masacres en 14 de los 32 departamentos del país. Siendo este el hecho de violencia que se presenta en más regiones del territorio nacional. Las zonas de frontera son las áreas más impactadas, por la relevancia del control de población en la frontera y por la facilidad para la instalación de la violencia organizada”, explica el documento.
Según el informe de Pares en el periodo entre el 1 de mayo y el 31 de octubre se cometieron 89 asesinatos contra líderes y lideresas sociales. El mes con mayor cantidad de casos hasta ahora es mayo, con 18, seguido de febrero y octubre, con 17.
“Urge que la forma en la que se está construyendo la política de Paz Total condicione su implementación al cese de hostilidades contra la población civil y permita un alivio humanitario en las zonas más afectadas por la violencia. El no insistir en ello puede aumentar los riesgos contra las organizaciones sociales, con un gobierno que negocia ceses bilaterales al tiempo que el grupo armado, por un lado, se acoge a la Paz Total y por el otro sigue asesinando personas defensoras de DDHH”, dice el documento.
Sobre esto Bonilla aseguró: “son 39 municipios los que tienen patrones altísimos de violencia, hay zonas dónde un solo grupo armado está presionando la comunidad para que sean afines a sus agendas, cualquier situación se convierte en un escenario para la violencia armada”.
La fundación asegura que Cauca es el departamento más afectado por asesinatos contra personas defensoras de DDHH con 13 asesinatos, el segundo es Antioquia, con 11 asesinatos y el tercero es el Valle del Cauca con nueve casos.
Los testimonios recogidos por Pares señalan que no se está reconociendo suficientemente la violencia en sus territorios, organizaciones sociales piden ser incluidos en los diálogos de Paz Total y de forma urgente que el gobierno ejerza presión para detener la violencia contra organizaciones sociales en Arauca, Putumayo, Cauca, Caquetá, entre otras.
