El reconocido abogado sucreño, Dayro Pérez Méndez, en una forma vehemente, pero muy respetuosa, solicitó a la Alcaldía de Sincelejo un operador del servicio de agua potable y alcantarillado del municipio, cuya concesión actual se vence en enero.
El pronunciamiento, papel en mano y luego de un análisis profundo, amparado en tratados internacionales, según los cuales el agua es un derecho humano de aplicación obligatoria, Pérez Méndez, lo hizo en un foro convocado por Fundetec a instancias de su director académico, Farid Parrado y en el que también participó el reconocido líder Franklin Donado Buelvas y miembros de la comunidad.
Pérez, dijo que no le vende la idea de este proceso, un poco precipitado y sin saber a ciencia cierta qué es lo que se está negociando en los pliegos expuestos a la luz pública, cuando científicamente no se ha demostrado si existe la disponibilidad y la calidad del agua, pues el acuífero de donde se surte actualmente el acueducto no garantiza sus sostenibilidad.
Lo sensato, advirtió, es suspender el proceso de invitación pública y alargar el contrato al actual operador uno o dos años, mientras se hacen estudios de factibilidad al acuíferos o plan de manejo ambiental, para tramitar la concesión con mejores argumentos.
El abogado sostuvo que el tema principal a discutir no es si se trata de licitación o invitación publica, sino es saber si hay agua suficiente en el acuífero, cuando en los últimos veinte años el promedio de disminución del agua es de quince metros por pozo por año. Cada día es más escaso el vital líquido y se halla a más profundidad lo que encarece el proceso -lo que se reflejará necesariamente en las tarifas-, lo que no da certeza. A mediano plazo, si no se establece la fuente, Sincelejo podría quedar sin agua. “El agua no es un regalo, es un derecho fundamental”, apuntó.
Franklin Donado, dijo que las comunidades tienen derecho a participar en el proceso y para ello deben prepararse y organizarse.
Aunque no se conoce oficialmente un informe de Veolia sobre su gestión, se ha dicho que el sistema actual se ha rajado en varios aspectos, como el control de fugas, que sobrepasa los mínimos exigidos y en los primeros 16 años de la concesión no se le vertió un solo centímetro de agua al acuífero, que le quita la sed a más de 500 mil habitantes de los departamentos de Sucre y Córdoba, y al que se le sustraen 1.200 litros por segundo, pero solo se le inyectan artificialmente sesenta y eso gracias a una Acción Popular.
Pérez Méndez, también recordó el principio de precaución, que se aplica cuando no hay una certeza del proceso, por lo que adjudicar la concesión sería como un salto al vacío, que incluso podría provocar demandas al Municipio por las empresas que participen en la invitación, en caso que se sientan engañadas por la oferta, por su falta de claridad.
El contrato por expirar fue calificado como leonino y acomodado para el contratista, hasta el caso de que en caso de incumplimiento, como de hecho ha ocurrido, la multa va de un salario mínimo vigente a doce salarios, lo que fue considerado como irrisorio.
