Con detenimiento hemos leído el proyecto de ley de “sujeción a la justicia para criminales de alto impacto” propuesto por el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. De antemano nos merece una expresión: ¡Qué locura!
Consideraba que con lo propuesto en el proyecto de reforma a la justicia era imposible identificar mayores aberraciones jurídicas, contrario sensu, con lo observado en ese proyecto de dizque “sujeción” nos queda claro que el Gobierno Petro se da garra con su pernicioso esfuerzo de pervertir al Estado de Derecho, pues algunas de las disposiciones de dicha proposición parecieren diseñadas por un grupo de facinerosos analfabetos al servicio del crimen organizado y el narcotráfico. Nunca antes en Colombia un Gobierno se había atrevido a tanto.
Lo que me genera enorme asombro, más allá de la crítica, es que un hombre como el Ministro de Justicia, que se dice conocedor del Derecho Constitucional colombiano, incurra en monstruosas extravagancias jurídicas y, que, sin delicadeza académica se atreva a desantender las observaciones de los estudiosos del derecho y de la Fiscalía General de la Nación. No nos llamemos a engaños: la actitud del Ministerio de Justicia es totalitaria, burda y grosera. Al respecto, sostenía Javier Tusell, que: “En democracia se solía perdonar el error, pero no la prepotencia”. Y esto también aplica para la señora del helicóptero que dice ocupar un cargo público.
En efecto, nos referiremos a algunos puntos consignados en el adefesio en mención, tendientes a generar estupor jurídico, y cuando menos político. Como dijo el fiscal Barbosa: “A uno no le pueden ver la cara”. Una cosa es vivir sometido a la justicia y otra en la ilegalidad. A enredar al hueco, dirían algunos en Medellín.
A continuación mencionaremos las aberraciones presentadas por el Gobierno Nacional en el proyecto en mención.
- Principio de Oportunidad
El principio de oportunidad es una causal de exclusión de la persecución penal. Es, en términos comprensibles, la renuncia por parte del Estado a ejercer la acción penal mediante su potestad sancionatoria. Jurídicamente hablando es la renuncia al Ius Puniendi.
Dicho principio se aplica en condiciones especiales, por tanto no puede concebirse como un indulto o amnistía para criminales de altísima peligrosidad. El legislador colombiano, en su sabiduría, no creó este principio para exculpar de manera indiscriminada ni para que aquel fuese un potencial productor de impunidad.
Es una conducta propia de quienes consideran al pueblo imbécil andar modificando los nombres reales de las cosas para confundir a los desconocedores. No se equivoquen, señores ministros, en el anonimato Colombia cuenta con gente técnica, bien formada. No todos somos reflejo de las bancadas actuales con las que están ustedes acostumbrados a tratar en el basurero del Congreso.
- Independencia de la Fiscalía General de la Nación
En virtud del artículo 255 de la Constitución de 1991: “La Fiscalía no podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías”. El proyecto presentado por el Ministerio de Justicia prostituye dicho mandato constitucional en la medida en que desatiende la obligatoriedad de ejercer el Ius Puniendi que radica en cabeza del Estado. No provee seguridad jurídica que a la institución competente para perseguir al criminal le exijan renunciar a ella de manera caprichosa e indiscriminada. Ello es como decirle a un médico de urgencias que se quede de brazos cruzados y deje morir al paciente. ¡Una barbaridad descomunal!
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Por otra parte, el artículo 228 de la Constitución Nacional dispone que: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes”. Debe saber muy bien el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior que la Fiscalía General de la Nación es una institución adscrita a la Rama Judicial, por ende debe conservar su autonomía e independencia del poder ejecutivo, pues, además de grotesco, resulta improcedente que pretendan convertir a la fiscalía en una oficina apéndice a la Casa de Nariño. Ello quebranta la separación de poderes, así como el sistema de pesos y contrapesos necesarios en una democracia imperfecta, pero supremamente estable como la colombiana. Ahora sí es cierto que está en riesgo el sistema democrático.
No puede el Fiscal General de la Nación dedicarse a firmar como si fuese un notario en procesos de sometimiento. Esa no es su función constitucional.
- Tratamiento benevolente e irresponsable al Concierto para Delinquir
En el artículo 16 del proyecto propuesto por el Gobierno Nacional se establece expresamente que mediante principio de oportunidad se renuncia o se suspende a perseguir delitos como concierto para delinquir simple o agravado. ¡Hágame el favor!
¿Es tolerable tanta bellaquería por parte del Gobierno de turno? Esto compromete más de 217 delitos del Código Penal. De esta manera, abre un tenebroso boquete para que bandidos de la peor laya recobren su libertad o no paguen las penas correspondientes. ¡Ministros irresponsables!
Esto sería el fin del Estado de Derecho puesto que pone en riesgo el bagaje constitucional y legal de Colombia. ¡Ministros analfabetos!
Asimismo, ¿Cómo se manejará el tema con el narcotráfico al permitírsele a un mafioso quedarse con el dinero? ¿Cómo calcularán esa suma de dinero? ¿Cómo garantizarán que los mafiosos no reinvertirán ese dinero desde la cárcel para seguir traqueteando? Ahí están las inquietudes.
- Envío de expedientes de la Fiscalía a la Rama Ejecutiva
¿Cómo funcionaría eso de que el Fiscal tendría que enviarles expedientes propios de la reserva del sumario a políticos del ejecutivo? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo o motivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el argumento para llevar a cabo tremenda grosería? ¿Pretenderán controlar la función de la fiscalía general para exculpar o garantizar impunidad a los bandidos? ¿Y las víctimas qué?
No hay duda: todo está diseñado para invertir los valores, favorecer a los pillos e incentivar la impunidad. El desgobierno Petro pretende legalizar delitos de altísima gravedad. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su motivación? ¿Estarán pagando con este proyecto lo que acordaron en el popular y deleznable “Pacto de la Picota”?
La conclusión es exacta: o el Gobierno Nacional está conformado por una palestra de ignorantes o desconocen los postulados de lo que debe ser un Estado de Derecho. Recuerden una cosa: sin férreo Estado de Derecho no es posible concebirse el anhelado Estado Social.
Hoy más que nunca el conglomerado debe exigirle estas respuestas al Gobierno Nacional. Luego, no me cabe duda de que este proyecto no será aprobado en el congreso; pero en el evento de que lo fuere, ciertamente se hundiría en los anaqueles de la Corte Constitucional.
Adenda: en razón de proyectos como estos se avizora una tensión diplomática con Estados Unidos. Están poniendo en riesgo dos cosas: más de cuatro décadas de colaboración recíproca y la anhelada certificación por la lucha contra las drogas. El 90% de cocaína que ingresa a Estados Unidos proviene de Colombia y el Gobierno Petro no envía mensajes contundentes para transformar tan vergonzosa situación. Decía Elena Poe: “Me gusta la ternura, no la ridiculez” No nos hagan reír.
