En un nuevo episodio de desconcierto e irresponsabilidad, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, ha sido severamente cuestionado tras intentar desmentir a una turista de Cúcuta que denunció una práctica abusiva por parte de taxistas en el Aeropuerto Rafael Núñez. El caso ha puesto en evidencia la desprotección a la que están expuestos los turistas en la ciudad y la desconexión de la administración local con los problemas reales que afectan tanto a los ciudadanos como a los visitantes.
La turista, identificada como Desiré, relató públicamente que le cobraron 100.000 pesos por una carrera al barrio Bocagrande, cuyo costo oficial, según el Decreto 0319 de la Alcaldía de Cartagena para 2024, es de 27.500 pesos. Además, si la carrera se realiza entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., el recargo nocturno es solo de 900 pesos.
En su video de denuncia, la afectada mostró su indignación y explicó cómo los taxistas se negaron a trasladarla hasta su destino, advirtiendo también la falta de apoyo de las autoridades, incluso después de haber reportado el abuso a la Policía Metropolitana. La turista expresó cómo la situación la obligó a perder la reserva en su hotel y a pasar horas esperando en el aeropuerto, lo que empeoró aún más su experiencia en la ciudad.
Ante esta denuncia, el alcalde Turbay reaccionó de manera insensible, asegurando en su cuenta de «X» (antes Twitter) que la denuncia de la turista era falsa y que no se tenía ningún reporte de los hechos en el aeropuerto. Además la acusó de estar detrás de una campaña de desprestigio para ganar visibilidad en redes sociales. Sin embargo, esta respuesta solo empeoró la situación, demostrando una vez más la falta de empatía y la desconexión del alcalde con los problemas que afectan tanto a los cartageneros como a los turistas.
La respuesta del alcalde es preocupante. No solo minimiza el sufrimiento de quienes se ven afectados por las prácticas deshonestas de algunos miembros del gremio de taxistas, sino que también refleja una falta de acción real para erradicar estas situaciones.
Ante las afirmaciones del alcalde la turista reapareció en redes sociales reafirmando su denuncia. Explicó que, tras ser rechazada por varios taxistas en el aeropuerto, finalmente un conductor ajeno al gremio aceptó llevarla a su destino, aunque con una tarifa inflada, lo que refuerza la validez de su acusación. Además, relató cómo, tras ser rechazada, perdió su reserva de hotel y pasó horas esperando en el aeropuerto. Su experiencia se volvió aún más angustiante debido a la falta de apoyo de las autoridades.
El hecho de que el alcalde no haya tomado en serio las denuncias, y que haya intentado descalificar a la afectada bajo el pretexto de una «campaña de desprestigio», es una muestra más de la falta de acción en temas vitales como el transporte público, la seguridad de los turistas y la educación en valores de respeto hacia el visitante. Es inaceptable que, en una ciudad con el prestigio de Cartagena, sigan presentándose estas situaciones de abuso.
Esta situación refleja un patrón de desinterés y evasión de responsabilidad por parte de la alcaldía. La falta de sanciones para los infractores y el hecho de que algunos taxistas se sientan impunes al cobrar precios desmesurados pone en entredicho la capacidad de la administración local para garantizar el orden y la justicia en la ciudad.
No basta con desmentir denuncias legítimas ni con descalificar a quienes denuncian abusos. Es necesario un compromiso real con la seguridad, la transparencia y el respeto hacia todos los que llegan a Cartagena a disfrutar de su belleza y hospitalidad.
La indignación de la turista que podría ser la de cualquier visitante, refleja un problema mucho más grande que una simple «campaña de desprestigio». Es la evidencia de un sistema que no funciona, que no protege al ciudadano ni al turista. Y el alcalde, lejos de ser parte de la solución, se ha convertido en parte del problema al negar lo innegable: en Cartagena, muchos taxistas siguen estafando y abusando de los turistas y eso no es un secreto para nadie.
