Todo ocurrió como se había anticipado. A la hora y el día señalados, la reforma laboral del presidente Gustavo Petro fue archivada por la Comisión Séptima del Senado, con 8 votos afirmativos a favor del archivo, dejando en el olvido la propuesta de modificar el Código Sustantivo del Trabajo.
Los senadores que hundieron la reforma, entre ellos la cartagenera Nadia Blel, no vieron con buenos ojos las mejoras que la propuesta traía para la calidad de vida de los trabajadores colombianos. Entre los puntos más criticados estuvieron el establecimiento de que el trabajo nocturno comenzara a las 10 de la noche y que se pagaran horas extras con recargo si el trabajo comenzaba después de las 7 p.m. Tampoco les agradó que los aprendices o practicantes recibieran un contrato formal de trabajo con salario y prestaciones sociales, algo que actualmente no sucede.
La reforma también proponía que aquellos contratados por OPS tuvieran derecho a prestaciones sociales, lo cual fue descartado. Además, los senadores decidieron no aceptar que los domingos y feriados se pagaran con un recargo del 100%, optando por mantener la disposición de la ley 769 de 2002, aprobada durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, que establece un recargo del 75%. Por último, no se aceptó la propuesta de garantizar que los trabajadores colombianos fueran contratados bajo contratos a término indefinido.
Estas decisiones parecen ser, quizás, la forma en que los 8 congresistas de la Comisión cumplieron con los intereses de Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, y de Bruce MacMaster, presidente de la ANDI, quienes fueron claros en su rechazo a algunas de las medidas de la reforma.
Así, con este hundimiento de la reforma laboral, Colombia sigue bajo el régimen de la ley 769 de 2002, la misma ley que, en su momento, recortó importantes derechos a los trabajadores del país, sin que hasta ahora se hayan logrado las mejoras propuestas por el gobierno de Petro.
