El reciente comportamiento del Secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández, ha generado una fuerte polémica en la opinión pública, al ser acusado de maltratar verbalmente y amenazar con expulsar de la ciudad a personas en situación de indigencia. Estas acciones contrastan notablemente con el lema de la administración del alcalde Dumek Turbay, «Cartagena, Ciudad de Derechos», evidenciando una aparente contradicción entre el discurso oficial y las prácticas gubernamentales.
La administración de Dumek Turbay ha promovido la imagen de Cartagena como una ciudad que respeta y garantiza los derechos de todos sus habitantes, especialmente de los más vulnerables; sin embargo, las acciones del Secretario del Interior parecen contradecir este compromiso. La falta de coherencia entre el lema gubernamental y las prácticas reales pone en entredicho la autenticidad de las políticas de inclusión y respeto por los derechos humanos que se pregonan.
- También puede leer: ZONA DE CANDELA | El contratista fantasma de la Alcaldía de Cartagena
Esta situación no es aislada. En enero de 2024, la organización Caribe Afirmativo denunció que las estrategias propuestas por el alcalde Turbay para establecer el orden público en el Centro Histórico ponían en riesgo la vida y el acceso al mínimo vital de personas que ejercen el trabajo sexual y el comercio popular. Estas medidas, según la organización, fortalecían la criminalización de estos grupos vulnerables y reflejaban una mirada insensible frente a las problemáticas estructurales de la ciudad.
Además, en febrero de 2025, el alcalde Turbay respaldó la orden de desalojo en el sector de Chambacú, donde varias personas ocupan predios de manera informal; y aunque el mandatario argumentó que estos lotes pertenecen al Distrito y que los ocupantes estaban allí de manera ilegal, su postura fue considerada por algunos como una falta de sensibilidad hacia las personas afectadas.
Estas acciones y declaraciones generan preocupación sobre la verdadera prioridad que la Administración de Turbay otorga a los derechos humanos y a la protección de los más desfavorecidos.
La aparente desconexión entre el lema «Cartagena, ciudad de Derechos» y las prácticas gubernamentales sugiere que este slogan podría ser más una herramienta de relaciones públicas que un reflejo de políticas públicas efectivas y comprometidas con la inclusión social.
Es esencial que las autoridades de Cartagena revisen y ajusten sus políticas y acciones para garantizar que se alineen con los principios de respeto y promoción de los derechos humanos. La coherencia entre el discurso y la práctica es fundamental para construir una sociedad más justa e inclusiva, donde todos los ciudadanos, independientemente de su situación socioeconómica, sean tratados con dignidad y respeto, y no vuelvan a ser tratados de manera inmisericorde con insultos y palabras ofensivas, vulgares y maltratadoras, como las que Bruno Hernández, el Secretario del Interior, también utilizó al «hijueputearlos», sentenciándolos con expulsarlos de la ciudad si volvían a ensuciar el lugar donde pernoctan, estos que también son ciudadanos colombianos.
Finalmente, al Secretario del Interior se le olvidó que la Secretaría que el alcalde Dumek Turbay le entregó para manejar se llama: “Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana”. ¿Dónde, o con quién aprendió Bruno Hernández, el Secretario del Interior del Distrito de Cartagena, estas malas mañas de la administración pública?
