A pesar de estar inhabilitada por una responsabilidad fiscal superior a 532 millones de pesos, Patricia Zapata Negrete continúa laborando en el Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena, bajo la dirección de Geverson Ortiz Soto, quien no solo autorizó su nombramiento en un acto de fe, sino que además se niega a entregar toda la documentación requerida.
El 28Abr2025, tres días después de mi columna ‘CARTAGENA EN MANOS DE LA IMPUNIDAD | El regreso silencioso de los inhabilitados’, le presenté una petición de tres numerales a Geverson Ortiz Soto, director del Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena y el Caribe (IDACCC):
- Copia de todos los nombramientos o contratos de vinculación de Patricia Zapata Negrete (C.C. No. 45.486.964) en esa entidad.
- Listado con los nombres y número de identificación de la(s) persona(s) encargada(s) del proceso de revisión de toda la documentación relacionada con dichos nombramientos/contratos.
- Copia de toda la documentación que Zapata Negrete presentó para sus nombramientos/contratos.
Este 13May2025, finalmente obtuve la respuesta. Lamentablemente tengo que decir que esta fue de manera parcial, dado que Geverson decidió seguir el ejemplo de Yira Morales Castro (directora de Talento Humano del Distrito de Cartagena) y no quiso entregarme parte de la documentación del numeral tres citando que la información tenía reserva.
Qué ganas de perder el tiempo y querer desgastar el aparato judicial. Me tocó entonces responderle que si no me suministra la información le presentaré un recurso de insistencia, en donde terminarán conminándolo a entregar todo lo solicitado.
En realidad, no entiendo la temeridad de Geverson, quien parece no entender el lío en el que está metido porque Patricia Negrete Zapata sigue laborando en la entidad que él dirige, a pesar de tener una inhabilidad por responsabilidad fiscal por más de $532 millones desde el 17Oct2024, la cual, a la fecha, sigue reportada en el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR) de la Contraloría General de la Nación (CGR).
Pero no me fue del todo mal con la contestación de Geverson, ya que esta da visos de irregularidades incluso desde el mismísimo nombramiento, que fue antes de la inhabilidad que tiene hoy en problemas a Zapata.
Patricia Zapata fue nombrada subdirectora de Participación Ciudadana y Comunitaria (Código 068, Grado 51) a través de la Resolución 001 del 25Jun2024, con una asignación salarial mensual de $13.550.262.
Respecto al numeral dos de la petición Geverson Ortiz respondió que «[…] habrá de manifestarse que, para el mes de junio de 2024, […] y en virtud de la reciente creación del IDACCC a través del Decreto Distrital No. 0405 del 14 de marzo de 2024, no había una persona distinta al suscrito Director en la entidad que se encargara de la revisión de la documentación que fuera aportada en su momento por parte de la señora ZAPATA NEGRETE […]» (sic).
Con lo anterior queda claro que la responsabilidad recae completamente en el señor Ortiz. Y cabe anotar que el IDACCC es una entidad descentralizada. Ahora bien, dentro de la documentación de Patricia Zapata que me allegaron están:
- El certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación (PGN), expedido en 20Jul2024, en donde se ven las anotaciones de los fallos de primera y segunda instancia de una sanción que ese Ministerio Público le había impuesto en 2018, pero que fue revocada.
- Boletín del SIBOR, expedido el 20Jul2024, en donde se certifica que no se entraba reportada como responsable fiscal.
- Certificado de medidas correctivas y el de inhabilidades por delitos sexuales contra menores de 18, expedido el 20Jul2024 por la Policía Nacional de Colombia.
Surgen varios interrogantes:
El primero es porque si Patricia Zapata fue nombrada el 25Jun2024. ¿No se supone que todas las certificaciones arriba mencionadas debían haber sido expedidas antes de esa fecha y no el 20Jul2024 que es casi un mes despúes? En otras palabras, Geverson Ortiz nombró a Patricia Zapata en un acto de fe.
El segundo emerge del hecho de que, al momento que Patricia Zapata fue nombrada, sabía muy bien del proceso que cursaba en contra de ella en la CGR. ¿Cómo se sabe eso? Pues bien, en el expediente de los antecedentes disciplinarios de la PGN que presentara en la columna citada al inicio puede verse que hubo una instancia el 09May2024 (hacer click aquí), que es casi dos meses antes de su nombramiento el 25Jun2024. ¿Sabía Geverson Ortiz del proceso en el que Patricia Zapata estaba inmersa? Muy seguramente sí, por lo que cabe preguntar: si sabía, ¿por qué decidió tomar el riesgo de nombrarla?
El tercero y más grave es que es casi imposible que Geverson Ortiz no supiera que Patricia Zapata tenía una inhabilidad desde el 17Oct2024, y aun así hubiera permitido que siguiera trabajando para la entidad que él dirige. Sin embargo, démosle el beneficio de la duda a Geverson. Entonces es pertinente cuestionar: ¿por qué Zapata no lo notificó y voluntariamente dimitió del cargo para no perjudicar a su amigo Ortiz?
No sobra decirles a Ortiz y Zapata que ahora que tengo la información que necesitaba para aportarla como pruebas, estaré presentando una denuncia y queja ante la Fiscalía y Procuraduría, respectivamente. Asimismo, solicitaré la revocatoria del nombramiento de Zapata siguiendo lo establecido en el artículo 2.2.5.1.13 del Decreto 1083 del 2015 y los artículos 93 y 97 de la Ley 1437 de 2011.
A pesar de la gravedad de los hechos, hasta la fecha el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre el caso, lo que alimenta suspicacias sobre el respaldo político o institucional que podría estar blindando a Zapata dentro del Distrito.
Otro dato que genera inquietud: Zapata acompañó al ex-contralor Felipe Córdoba durante una reciente visita a Cartagena. Su presencia junto a esta figura nacional levanta preguntas sobre sus conexiones y el margen de maniobra que mantiene incluso después de su inhabilidad.
El silencio institucional y la falta de correctivos abren paso a una peligrosa señal de tolerancia frente a la inhabilidad de funcionarios públicos. La ciudadanía se pregunta: ¿Cuántos otros casos como este se mantienen en la sombra mientras se erosiona la confianza pública en las entidades?
