En un nuevo golpe a la seguridad nacional, 72 militares del Ejército de Colombia fueron secuestrados en la vereda Los Tigres, área rural de El Tambo (Cauca), en medio de una asonada comunitaria que desnuda el frágil control del Estado en territorios dominados por las disidencias de las Farc.
Según información oficial, los uniformados pertenecen a la Fuerza de Despliegue Rápido #4 y habrían sido rodeados tras una operación militar contra la estructura de alias Iván Mordisco. La gravedad del hecho se incrementa al conocerse que serían 600 personas, supuestamente instrumentalizadas por la disidencia Carlos Patiño, quienes mantienen retenidos a 3 oficiales, 4 suboficiales y 65 soldados.
El Ejército Nacional reportó que sostiene comunicación con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la zona, en un intento por abrir un canal de diálogo que permita la liberación de los uniformados. Sin embargo, la situación evidencia una vez más la vulnerabilidad de las tropas frente a la manipulación de comunidades presionadas por estructuras criminales que ejercen control territorial en el Cauca.
Lo ocurrido en El Tambo revive un interrogante incómodo: ¿Quién manda realmente en el suroccidente colombiano? Mientras el Gobierno insiste en la narrativa de la “paz total”, las disidencias consolidan corredores estratégicos con armas, cultivos ilícitos y ahora, con la capacidad de cercar a un batallón completo del Ejército.
El secuestro colectivo de militares no solo hiere la moral de las Fuerzas Armadas, sino que proyecta al mundo la imagen de un Estado incapaz de garantizar soberanía en su propio territorio. La instrumentalización de la población civil como escudo humano pone en jaque los principios humanitarios y expone la vulnerabilidad de comunidades campesinas atrapadas entre el miedo y la coacción armada.
Lo de El Tambo no es un hecho aislado: es un campanazo de alerta sobre la creciente expansión de las disidencias en el Cauca y la peligrosa pérdida de control institucional en regiones estratégicas.
