El sistema penitenciario colombiano se desmorona. Lejos de ser un problema del pasado, el hacinamiento carcelario se agudiza de forma alarmante, alcanzando un devastador 28,6% a nivel nacional. La situación es una bomba de tiempo que expone la crisis humanitaria y la urgente necesidad de una reforma profunda.
La realidad es aún más brutal en los centros de detención transitoria (URI y estaciones de policía), donde la sobrepoblación no tiene precedentes. Con una capacidad para 9,687 personas, estos lugares albergan a más de 20,889, lo que eleva el hacinamiento a un escandaloso 142,56%. Estas cifras, más del doble de la capacidad diseñada, revelan condiciones de vida infrahumanas y una flagrante violación de los derechos humanos.
El mito de que las mujeres no sufren hacinamiento es desmentido por la cruda realidad. Aunque la sobrepoblación a nivel global en cárceles femeninas no es tan dramática, existen focos de crisis que demuestran lo contrario:
- Bogotá: Hacinamiento del 40,85%.
- Cesar: Un asombroso 140% de sobrepoblación.
Estos números, revelados por Samuel Escobar, director del Pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario, demuestran la gravedad de un problema que afecta a todos por igual.
El hacinamiento es solo la punta del iceberg de un sistema fallido. No se trata solo de la falta de camas, sino de un fracaso sistémico que afecta directamente derechos fundamentales como la salud, la alimentación y el acceso a la justicia. Escobar es enfático al señalar que la solución no es construir más cárceles ni privatizar el sistema.
«La criminología ha demostrado hasta la saciedad que el aumento de penas no previene el delito, y que las cárceles, en lugar de resocializar, a menudo impulsan a las personas hacia carreras criminales», explica el experto.
La verdadera raíz del problema es una política criminal que no se centra en la prevención del delito ni ofrece alternativas reales a la reclusión. Un modelo que, a pesar de las evidencias, sigue apostando por el castigo en lugar de la restauración del tejido social.
En un país que ha explorado modelos restaurativos para crímenes atroces en el marco del conflicto, surge la pregunta: ¿por qué no aplicar la misma lógica a los crímenes ordinarios y destinar esos recursos a la prevención y la rehabilitación? La respuesta a esta interrogante definirá el futuro de miles de personas.
