Para refrescar la memoria de nuestros parlamentarios, les recordamos que el 9 de julio de 2018, el Senado de la República, en cabeza del presidente de la época, Efraín José Cepeda Sarabia, aprobó la Ley 1909, o Estatuto de la Oposición, refrendada en septiembre de 2018 por el expresidente Juan Manuel Santos Calderón. Esta norma tiene como fin brindar las garantías suficientes a aquellos partidos políticos que consideren oportuno hacer oposición a un gobierno, dentro del marco de la libertad e igualdad en el ejercicio democrático.
Entonces cabe la pregunta: ¿Cuál es el miedo de la oposición a la emergencia económica? El motivo es simple y repetitivo, muy a pesar de que esta figura se ha presentado en casi todos los gobiernos desde el Frente Nacional. En este caso, se trata del archivo de la ley de financiamiento el pasado 9 de diciembre en las Comisiones Económicas del Congreso, cuando se buscaba, con su aprobación, el recaudo de 16 billones de pesos, con la finalidad de cubrir el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, “cuando se presentan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico y social, o que constituyan una calamidad pública, el Presidente podrá declarar el Estado de Emergencia, lo que le permitirá actuar de manera ágil y eficiente para hacer frente a la situación de crisis y, a su vez, minimizar la expansión de los efectos de esta mediante la expedición de decretos con fuerza de ley”.
La respuesta está a la vista: no importan los llamados programas sociales; es la lucha por el poder. El calendario electoral para 2026 ya está a la vista: el 8 de marzo de 2026 se elegirá el nuevo Congreso y el 31 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales. Los argumentos fuera de contexto los expresó un senador al señalar que era “para defender la democracia”. Ese mismo criterio también debería haberse aplicado a los siguientes expresidentes:
- Guillermo León Valencia (1962-1966). Efectuó ajustes fiscales en 1963 y 1965 por la alta crisis de balanza de pagos y penosas devaluaciones.
- Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). Se caracterizó por varias emergencias económicas debido a la desestabilización del sistema cambiario, con la famosa Reforma Constitucional de 1968 y el Decreto Ley 444 de 1967, que impuso la microdevaluación o “gota a gota”, a fin de controlar la inflación y la especulación.
- Misael Pastrana Borrero (1970-1974). Ilustre creador del UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante). Con la reforma financiera de 1974 incidió en el aumento de los impuestos indirectos; se gravó el rendimiento de las cuentas corrientes y de ahorro, y se encareció el acceso a los recursos monetarios del emisor.
- Alfonso López Michelsen (1974-1978). Por la alta inflación y el déficit fiscal, tomó medidas económicas drásticas con la declaración de emergencia económica y la reforma tributaria de 1974-1975, buscando ajustar la estructura fiscal mediante decretos y la Ley 49 de 1975, con el fin de controlar la crisis.
- Julio César Turbay Ayala (1978-1982). La deuda y la inflación galopante y no controlada lo llevaron a declarar emergencias económicas sin poder contener el gasto y la inestabilidad.
- Belisario Betancur Cuartas (1982-1986). Decretó la emergencia económica para poner en marcha el Plan de Desarrollo “Cambio con Equidad”. Sin este procedimiento no pudo reactivar la economía ni adelantar el saneamiento fiscal.
- Virgilio Barco Vargas (1986-1990). La profunda crisis del sector cafetero en 1989 por la liberalización mundial de este mercado, la inflación descontrolada y el desempleo lo llevaron a declarar emergencias económicas para sostener su plan de desarrollo “Economía Social”.
- César Augusto Gaviria Trujillo (1990-1994). La crisis energética de 1992, con los famosos apagones por los bajos niveles de los embalses y la mala gestión, lo obligó a efectuar una profunda reforma económica.
- Ernesto Samper Pizano (1994-1998). Le fue aprobada la emergencia económica y social por los efectos del desequilibrio de las finanzas públicas y problemas cambiarios, además de una alta inflación del 22,6 % y tasas de interés volátiles.
- Andrés Pastrana Arango (1998-2002). La emergencia económica fue el apoyo a su plan de gobierno, ya que en 1999 se presentó la peor crisis económica en la historia del país, con la caída del producto interno bruto al –4,5 %, lo que incidió en el sector financiero, con bancos quebrados, intervenidos y vendidos al mejor postor, como Granahorrar, Bancafé y Banco del Estado. Esto llevó al famoso impuesto del 4 x 1.000.
- Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Declaró la emergencia social para hacer frente a la crisis del sector salud. Por otro lado, la reforma laboral de 2002, para incrementar la generación de empleo y ampliar la protección social, fue declarada inexequible mediante la Sentencia C-252 de 2010.
- Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018). A finales de 2010 se le aprobó la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica para reconstruir el país por los efectos del fenómeno de La Niña. También declaró emergencia económica por la crisis migratoria venezolana en 2015 (Decreto 1821 de 2015) y por el desastre de Mocoa en abril de 2017.
- Iván Duque Márquez (2018-2022). Declaró la emergencia económica por la pandemia de COVID-19 el 17 de marzo de 2020 (Decreto 417 de 2020).
- Gustavo Francisco Petro Urrego (2022-2026). Declaró la emergencia por el fenómeno de El Niño en La Guajira el 2 de julio de 2023 (Decreto 1085 de 2023), la emergencia económica por la violencia y choque fiscal en el Catatumbo el 24 de enero de 2025 (Decreto 62 de 2025) y la emergencia sanitaria y económica por el brote de fiebre amarilla el 16 de abril de 2025.
