El reciente incremento del salario mínimo para 2026, fijado en 23,7%, abrió un nuevo escenario de ajuste para distintos sectores económicos del país. Uno de ellos es el de la educación privada, donde representantes del gremio advierten posibles impactos en la sostenibilidad operativa de colegios y jardines infantiles, especialmente en regiones con menores ingresos.
Durante una entrevista concedida a Emisora Atlántico, Zulma Morán, integrante de la Mesa Académica Nacional de Colegios Privados, explicó que muchas instituciones educativas privadas no cuentan con apoyo financiero estatal y dependen casi exclusivamente de las matrículas y pensiones para cubrir sus costos fijos, entre ellos la nómina.
De acuerdo con el gremio, el aumento salarial podría obligar a varios colegios a replantear su estructura de gastos. Entre las medidas que se estarían evaluando figuran la reducción de personal administrativo, la postergación de nuevas contrataciones y el ajuste de servicios complementarios. Uno de los efectos señalados es la imposibilidad de ampliar equipos de apoyo psicosocial, una necesidad creciente en los entornos escolares.
Además del impacto en el empleo, el sector advierte que la capacidad operativa de algunas instituciones podría verse limitada, en un contexto en el que la atención integral a los estudiantes ha cobrado mayor relevancia.
- Propuestas del gremio educativo al Gobierno
Ante este panorama, la Mesa Nacional de la Educación Privada presentó al Gobierno una serie de alternativas orientadas a facilitar la adaptación de las instituciones al nuevo nivel salarial. Entre las propuestas se encuentra la creación de un subsidio temporal dirigido a los trabajadores de colegios y jardines infantiles privados ubicados en estratos 1, 2 y 3, mientras se ajustan las estructuras de ingresos.
Otra de las solicitudes es la revisión de las cargas y aportes patronales, con el objetivo de preservar el empleo y evitar despidos durante el proceso de aplicación gradual del aumento salarial. Finalmente, el gremio planteó la necesidad de armonizar la política de incremento del salario mínimo con la regulación de las tarifas educativas, para reducir posibles desequilibrios entre ingresos y costos operativos.
El debate continúa abierto, mientras el sector educativo privado evalúa los ajustes necesarios para afrontar el nuevo escenario laboral y financiero de 2026.
