La captura de Nicolás Maduro reconfigura el tablero regional y empuja a las guerrillas colombianas a un intento desesperado de reinvención… o de simple supervivencia.
La historia del conflicto armado en Colombia ha estado marcada por ciclos que se repiten con una precisión trágica: confrontación, diálogos inconclusos, rupturas violentas y reacomodos estratégicos. Sin embargo, pocos episodios recientes condensan tanta incertidumbre y desconcierto como los acontecimientos desencadenados desde la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses no solo estremeció a Venezuela, sino que envió una onda expansiva hasta el corazón mismo de los grupos armados ilegales que operan en Colombia.
En medio de ese remezón reapareció Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, máximo jefe del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las extintas FARC. Tras años de enfrentamientos internos, disputas sangrientas por el control territorial y una guerra abierta con otras facciones —incluida la confrontación letal con el grupo de alias Calarcá, que dejó decenas de muertos en Guaviare y Meta— Mordisco volvió a escena con un video que ha desconcertado tanto a la opinión pública como a los analistas de seguridad: una propuesta de “unificación guerrillera” para enfrentar lo que denomina la amenaza del “imperialismo norteamericano”.
No se trata de una irrupción aislada. En agosto de 2025, Mordisco ya había reaparecido con una dura carta dirigida al presidente Gustavo Petro, tras la captura de su hermano, acusando al Gobierno de traición y de perpetuar un conflicto destinado, según él, a reproducir violencia durante décadas. Sin embargo, el mensaje más reciente va más allá de la crítica política: es una convocatoria abierta al ELN, la Segunda Marquetalia, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) para conformar un bloque armado común que, en su retórica, defienda la “patria grande” frente a las potencias extranjeras.
El planteamiento, que roza lo épico en el discurso y lo delirante en la realidad, es un efecto colateral directo de la caída del régimen madurista. Durante años, Venezuela funcionó como santuario, retaguardia logística y corredor estratégico para diversos grupos armados ilegales, especialmente en la frontera colombo-venezolana. Con Maduro fuera del poder y el equilibrio regional en plena reconfiguración, esas estructuras enfrentan un escenario adverso: pérdida de refugios, mayor presión internacional y la necesidad urgente de reacomodarse, ya sea replegándose, huyendo o intentando resucitar viejas alianzas bajo el discurso de la “defensa continental”.
La respuesta del Gobierno colombiano no se hizo esperar. El presidente Gustavo Petro rechazó de manera categórica la propuesta de Mordisco y llamó, en cambio, a fortalecer la cooperación regional para combatir el narcotráfico, al que señaló como el verdadero motor de la violencia y no a una supuesta insurgencia revolucionaria. Para el mandatario, la idea de una alianza guerrillera no defiende a Colombia ni a América Latina, sino que perpetúa un problema criminal que ha servido de excusa para la intervención, la inestabilidad y el derramamiento de sangre.
Desde el Ministerio de Defensa, el mensaje fue aún más directo. La convocatoria de Mordisco fue calificada como un “llamado de auxilio” más que como un proyecto estratégico coherente. Según la lectura oficial, el EMC estaría seriamente debilitado por la presión sostenida de la Fuerza Pública y recurriría a este tipo de discursos para buscar respaldo en otras estructuras armadas, hoy más vinculadas al narcotráfico que a cualquier causa política o social legítima.
Los antecedentes refuerzan esta interpretación. Tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, varias disidencias rechazaron la reincorporación y optaron por disputar, a sangre y fuego, corredores estratégicos ligados al negocio de las drogas. En 2025, el EMC protagonizó una violenta confrontación interna con el grupo de alias Calarcá, que dejó desplazamientos masivos y un deterioro profundo de la seguridad en el sur del país. A ello se sumó, durante años, la existencia de refugios y simpatías transfronterizas en Venezuela, hoy en entredicho tras la caída del régimen que los toleraba.
El llamado de Iván Mordisco pone sobre la mesa una verdad incómoda: la violencia armada en Colombia no se resuelve con consignas ideológicas ni con alianzas retóricas, sino con una política de Estado clara, un combate frontal al narcotráfico y un fortalecimiento institucional que no ceda espacio a estructuras criminales disfrazadas de proyectos políticos.
Aquí se concentra la crítica de fondo. Mientras el Estado debate entre diálogo y confrontación, los grupos armados continúan operando, adaptándose y haciendo política por fuera de la ley. La “unidad guerrillera” que propone Mordisco no busca justicia social ni soberanía regional; es un intento oportunista de sobrevivir ante la pérdida de refugios, el cerco de la Fuerza Pública y un contexto internacional menos tolerante con la insurgencia armada.
Que Iván Mordisco invoque una “alianza guerrillera continental” tras la caída de Maduro no es una señal de fortaleza, sino una confesión de fragilidad. Es la evidencia de que, sin un Estado fuerte, sin seguridad efectiva y sin una sociedad civil robusta, Colombia corre el riesgo de seguir siendo un campo de batalla no solo de sus conflictos internos, sino de intereses externos y agendas ajenas al bienestar de su población.
La propuesta no merece lecturas ingenuas ni titulares complacientes. Es, más bien, un síntoma del desgaste y la degradación de un conflicto que algunos pretenden reciclar bajo nuevas banderas. La respuesta, por tanto, debe ser firme, legalista y sin concesiones: no para reavivar la guerra, sino para impedir que el caos y la violencia organizada sigan presentándose como alternativas políticas.
