El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su país asumirá el control del gobierno de Venezuela tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro, en una declaración que ha generado conmoción internacional y fuertes reacciones diplomáticas.
“Ahora vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente”, aseguró Trump en un mensaje transmitido en vivo desde su club Mar-a-Lago, en Florida, sin precisar la duración ni los alcances jurídicos de esa administración temporal.
En declaraciones previas a Fox News, el mandatario estadounidense afirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, estaban a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, con destino a Nueva York, donde enfrentarían procesos judiciales en territorio estadounidense.
El Gobierno estadounidense ha sostenido durante años que Nicolás Maduro es un criminal vinculado al narcotráfico. En 2020, durante el primer mandato de Trump, el mandatario venezolano fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos relacionados.
En ese momento, Washington ofreció una recompensa de US$ 15 millones por su captura. La cifra fue elevada a US$ 25 millones durante los últimos días del gobierno de Joe Biden, en enero de 2025, y posteriormente aumentada a US$ 50 millones en agosto de 2025, luego de que Trump asumiera un segundo mandato y designara al denominado Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Según Estados Unidos, Maduro sería el líder de esa red criminal.
El senador republicano por Utah, Mike Lee, confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, le informó oficialmente sobre la detención de Maduro. “Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos, y que la acción cinética que vimos esta noche se desplegó para proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto”, escribió Lee en la red social X.
En las semanas previas a la operación, Trump había advertido que Estados Unidos se preparaba para intensificar acciones contra redes de narcotráfico en Venezuela. La campaña incluyó ataques que destruyeron más de 30 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, descritos por Washington como parte de una ofensiva antinarcóticos.
El mes pasado, el presidente estadounidense ordenó además el bloqueo de petroleros sancionados que entraban y salían de Venezuela. En diciembre, la CIA ejecutó un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa venezolana, lo que marcó el primer ataque estadounidense conocido contra un objetivo dentro del país, según reveló CNN citando fuentes oficiales.
La operación estadounidense ha provocado una oleada de reacciones en la comunidad internacional. El primer ministro británico, Keir Starmer, manifestó que busca “esclarecer los hechos” y dialogar con Trump sobre lo ocurrido. “Siempre digo y creo que todos debemos respetar el derecho internacional”, afirmó, subrayando que el Reino Unido “no tuvo ninguna participación” en el ataque.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que la Unión Europea “apoya al pueblo de Venezuela y respalda una transición pacífica y democrática”, insistiendo en que cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
Por el contrario, Rusia e Irán, aliados estratégicos de Caracas, condenaron enérgicamente la acción. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso calificó el ataque como un “acto de agresión armada” y rechazó cualquier justificación presentada por Washington.
Irán, por su parte, afirmó que la operación viola la soberanía y la integridad territorial de Venezuela, así como la Carta de la ONU.
El futuro inmediato del país permanece en la incertidumbre. La Constitución venezolana establece que, ante una ausencia absoluta del presidente, el poder debe recaer en la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien estaría obligada a convocar elecciones en un plazo de 30 días, conforme al artículo 233.
Sin embargo, el destino del régimen chavista es incierto. La oposición sostiene que el presidente legítimo es Edmundo González Urrutia, exiliado en España, quien contó con el respaldo de María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz. Machado ha asegurado que su movimiento se prepara para una transición ordenada y que amplios sectores de la Fuerza Pública acatarían un nuevo gobierno democrático.
Otro escenario, aunque menos claro, sería un quiebre militar. No obstante, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó la operación estadounidense y advirtió que Venezuela resistirá cualquier presencia militar extranjera.
Mientras tanto, Trump reafirmó su postura: “No queremos que otra persona asuma el poder y que se repita la misma situación que hemos vivido durante los últimos años. Así que vamos a gobernar el país”, declaró, sin detallar el marco legal ni el cronograma de la anunciada transición.
La afirmación marca un punto de inflexión en la crisis venezolana y abre una nueva etapa de tensión global, con implicaciones profundas para el orden internacional, el derecho internacional y el equilibrio geopolítico en América Latina.
