Empieza un nuevo año y con él los usuales sueños, promesas y resoluciones para los próximos 365 días. Luego de unas vacaciones de un mes vuelvo a esta tribuna para seguir develando y analizando anomalías en la contratación de mi natal Cartagena de Indias, dada la poca transparencia que hasta ahora ha caracterizado la administración del alcalde Dumek Turbay.
En todo este tiempo he visto cómo el equipo de comunicaciones de la Alcaldía sigue insistiendo en el mismo formato desgastado y empalagoso de posicionamiento del alcalde por medio de avisos rimbombantes no solo llenos de frases vacías engañabobos, sino, lo peor, demostrando una estupidez e ignorancia supina. Da grima leerlos.
En 2023, cuando era candidato, Turbay lanzó su programa de gobierno ‘Unidos para Avanzar’ con propuestas con más forma que fondo, entre esas las relacionadas con los drenajes pluviales y las inundaciones. Afirmó que priorizaría el Plan Maestro de Drenajes Pluviales, la recuperación de los sistemas de canales y lagunas, implementaría drenajes sostenibles, crearía corredores verdes para gestionar las inundaciones, protegería las áreas de ronda hídrica y reduciría el efecto de isla de calor humano.
En 2024, ya siendo alcalde, comenzó a cambiar lo prometido en su programa de gobierno. Para el componente de adaptación del espacio público al cambio climático, en su Plan Desarrollo 2024-2027 (pág. 297), habla de la ‘posibilidad’ de implementar drenajes pluviales sostenibles. En lo concerniente a las metas para el manejo de las inundaciones, y en contravía con el pomposo programa de gobierno, Turbay estableció unas metas paupérrimas (págs. 314-315): diseñar diez kilómetros de canales (2,5 km por año), construir un kilómetro de canales (250 metros por año) y retirar 100.000 metros cúbicos de material de limpieza (2.500 m3 por año). Para ello invertirá un total de casi $26 mil millones durante el cuatrienio (pág. 455).
Luego de dos años de gobierno, la mayoría de ese presupuesto se ha invertido en la limpieza de canales, que es solo un paliativo para el problema grave de inundaciones que ha venido sufriendo Cartagena por años, especialmente en la zona suroriental en los barrios Blas de Lezo, El Campestre, El Socorro, Los Caracoles, San Fernando, Olaya Herrera, Fredonia y Las Palmeras, solo por mencionar algunos.
A finales de 2024, dos anuncios captaron mi atención: (I) la adjudicación de las obras de control de inundaciones en los barrios Castillogrande y Bocagrande y (II) la hoja de ruta de las soluciones para el proyecto de vivienda de interés social Bahía San Carlos localizado en el barrio El Campestre.
Control de Inundaciones en Castillogrande y Bocagrande
Se trata del proceso de selección abreviada SAMC-SID-004-2025, adjudicado al Consorcio Protección Cartagena. En este proyecto hay dos aspectos a analizar. El primero son las empresas que conformaron los tres consorcios participantes. El segundo es la manera cómo se estructuró el contrato.
Respecto a las empresas que hicieron parte de los tres consorcios que se presentaron hay que decir que varias se conocen entre sí o han trabajado en los mismos proyectos, lo que sugiere una posible colusión, lo que a su vez comportaría la conducta punible de acuerdos restrictivos de la competencia (Art. 410-A del Código Penal Colombiano). Los tres consorcios que participaron y las empresas que los conforman son las siguientes:
Consorcio Protección Cartagena: A.M.G.O Construcciones S.A.S. (con el 59% y registrada en Barranquilla), Solarte Nacional de Construcciones S.A.S. (con el 30% y registrada en Bogotá), Estudios Costeros y Oceánicos S.A.S. (con el 10% y registrada en Cartagena) y Construcciones Civiles MRG S.A.S. (con el 1% y registrada en Cali).
Consorcio Control Bahía: Construcsion S.A.S. (60%), Panamerican Dredging (20%) y Vallarta Ingeniería Especializada y Puertos S.A.S. (20%).
CS Paseo Calamarí: A&D Alvarado y During S.A.S. (30%), Coninsa S.A.S. (30%), Equipos y Terratest S.A.S. (30%) e Ingeniería, Inversiones y Proyectos S.A.S. (10%).
Desde que el alcalde es Turbay, la mayoría de los medios locales se limitaron a replicar los anuncios del Palacio de la Aduana. El Universal es un ejemplo de ello en su nota ‘Adjudican obras de control de inundaciones en Castillogrande y Bocagrande’ del 16Dic2025. Afortunadamente, y en contraste, La Contratopedia Caribe publicó al día siguiente la columna ‘Gobierno Turbay adjudicó obras para controlar inundaciones en Bocagrande y Castillogrande’, en donde se revelaron los antecedentes de las empresas A.M.G.O Construcciones SAS en Barranquilla y Sonacol SAS en el sonado caso de Odebrecht.
Pero hay una historia adicional detrás de este proceso licitatorio que la ciudadanía debe conocer acerca de esta administración Turbay, a la que varios llamamos “la alcaldía de las casualidades”. Agárrense.
La empresa Estudios Costeros y Oceánicos Eco SAS, que hace parte del consorcio ganador, tiene como socio a Armando Lisa Bornachera con un 49% de participación. Lisa Bornachera no solo fue el encargado por tres años de la Capitanía de Puerto de Barranquilla hasta enero del 2017, sino que también fue perito en el bodrio de proyecto de la Protección Costera de Cartagena en el año 2020. Y, como todos saben, la empresa Alvarado y Düring hace parte del consorcio que construye esa cuestionadísima obra diseñada por el nefasto profesor de la Universidad de Cartagena, Alfonso Arrieta Pastrana, quien actualmente está denunciado en la Fiscalía.
Pues bien, Alvarado y Düring SAS hace parte del Consorcio CS Paseo Calamarí que también se presentó en el proceso de selección abreviada. Y la cosa no para ahí. En el otro consorcio que licitó (Consorcio Control Bahía) está la empresa cartagenera Construcsion SAS, la que conformó, junto con la empresa Seinco SAS, el Consorcio La Candelaria al que la Gobernación de Bolívar le adjudicó la licitación LIC-SI-001-2024 por casi $55 mil millones para la construcción de obras para el control y mitigación de la erosión y del nivel de inundación del margen izquierdo del río Magdalena en el municipio de Magangué (departamento de Bolívar).
El representante legal de Construcsion SAS es Diego Armando Álvarez Hernández. Y, como recordarán, Seinco SAS es una de las empresas del ‘Clan Barranqueño’ que hizo parte del Consorcio Alcantarillado Rural, quienes fueron protagonistas del escándalo del proceso licitatorio LP-SEGD-001-2025, con el que se pretendía adjudicarles la construcción del alcantarillado de los municipios de Bayunca y Pontezuela, el cual fue revocado, dado que presentaron documentación inconsistente.
También recordarán los lectores que el año pasado denuncié formalmente ante la Fiscalía a estas tres empresas (Construcsion SAS, Alvarado y Düring SAS y Seinco SAS) por las conductas punibles de falsedad en documento privado, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal. La investigación sigue su curso, en la que están también involucradas otras empresas y funcionarios tanto de la Alcaldía de Cartagena como de la Gobernación de Bolívar.
En lo referente a la manera cómo se estructuró el proyecto, este se realizará en dos fases con una duración total de dos años: una de cuatro meses en donde se realizaran los estudios y diseños definitivos; y la otra de 20 meses que consistirá en la construcción de la obra per se.
El costo inicial de la obra es de $164.863.227.272. De acuerdo a la nota de la Contratopedia Caribe, el Distrito de Cartagena la financiará «[…] a crédito, con parte de los $330.000 millones aprobados por la banca de fomento Findeter a la Alcaldía de Cartagena para esas obras e inversión vial. Esos recursos, el Distrito los pagará a 10 años. El 70% están proyectados a desembolsar en 2026 y el resto en 2027 […]».
Sumado a la probable colusión anteriormente expuesta, está el hecho de que el consorcio constructor será el mismo que realizará el diseño. En el caso de Cartagena, solo se me ocurren dos razones para tal despropósito: o usted es extremadamente estúpido e ingenuo o puede que haya intereses particulares para favorecer al consorcio ganador con un contrato con pinta de ser leonino.
No crean que esta opinión la hago de manera ligera. Pese a que el modelo de diseño-construcción (‘design-build’) es común también en lo público, es poco recomendado en países con altos índices de corrupción como Colombia. Y mucho menos cuando el ente territorial encargado o contratante no tiene el personal idóneo para revisar los diseños y supervisar las obras, como sucede en Cartagena.
En cuanto al diseño, pocos sabrán que, en octubre de 2018, durante el encargo de Pedrito Pereira Caballero, el Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, a través del contrato interadministrativo No. VAL 002-2018, le asignó a la Universidad de Cartagena la fase 1 del diseño de la solución para la evacuación de las aguas lluvias en los barrios El Laguito, Castillogrande y Bocagrande por un costo de $603,1 millones. Una vez más Alfonso Arrieta fue el encargado de los diseños por parte del alma mater, con todo lo que eso implica en términos de la confiabilidad de los análisis realizados.
Entre las obligaciones específicas de la Universidad en el citado contrato estaban, entre otras: (a) realizar el levantamiento topográfico; (b) el estudio hidráulico e hidrológico; (c) elaborar estudios geotécnicos; (d) realizar estudio batimétrico desde El Laguito hasta el Club Naval en Castillogrande; (e) realizar planteamiento conceptual de las posibles soluciones; (f) recolectar información de las redes de acueducto y alcantarillado; (g) recolectar información de redes eléctricas existentes; (h) realizar diagnóstico del drenaje pluvial de El Laguito; e (i) el planteamiento de alternativas de solución del drenaje pluvial de El Laguito.
Dada la multimillonaria inversión, pregunto: ¿Bajo qué criterio(s) se priorizó este proyecto y no la zona suroriental? ¿Por qué la Secretaría de Infraestructura realizó un estudio hidrológico e hidráulico para la licitación si ya existía uno desde el 2018 hecho por la Universidad de Cartagena? ¿Quiere decir eso que ese dinero se perdió? ¿Quiénes exactamente dentro de la Secretaría de Infraestructura hicieron ese estudio? ¿El diseño hidrológico e hidráulico final realizado por el Consorcio Protección Costera será un refrito de lo planteado en 2018? ¿Cuál será el rol de la Universidad de Cartagena en este proyecto? ¿Quiénes puntualmente serán los encargados de revisar los diseños finales por parte de la Alcaldía de Cartagena? ¿Habrá modelación hidrológica e hidráulica de la solución, incluyendo escenarios críticos de proyección del ascenso del mar simultáneamente con lluvias extremas, por ejemplo, con periodos de retorno de 100 y 500 años?
En la próxima entrega analizaremos aquí en 724 | Noticias la parte hidrológica e hidráulica del caso del proyecto de vivienda de interés social Bahía San Carlos del barrio El Campestre.
