La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la participación de Iván Cepeda en la consulta presidencial del “Frente por la Vida”, programada para el próximo 8 de marzo, trasciende el plano estrictamente jurídico y se instala de lleno en el terreno político. Con una votación cerrada de 6 contra 4, el organismo electoral determinó que el senador se encuentra inhabilitado por haber participado previamente en la consulta del Pacto Histórico en 2025, una interpretación normativa que hoy divide al espectro político y agita las aguas de la precampaña.
Más allá del resultado, el proceso deja varias lecturas. La primera es el papel determinante del conjuez Hollman Ibáñez, cuyo voto inclinó la balanza en una decisión que ya estaba marcada por la controversia. Su llegada al caso se produjo tras la renuncia del conjuez Gustavo Martín Coral, cercano a Colombia Justa Libres, lo que abrió la puerta a un reemplazo que, según reveló el Reporte Coronell, mantiene afinidad con el abogado Abelardo de la Espriella, una figura con fuerte incidencia en sectores conservadores y de oposición al gobierno.
La segunda lectura apunta al momento político. La deliberación se dio en una sesión a puerta cerrada que se extendió por horas y que no solo abordó el caso Cepeda, sino también la eventual revocatoria de varias listas territoriales del Pacto Histórico. El contexto refuerza la percepción de que las decisiones del CNE están teniendo un impacto directo en el equilibrio de fuerzas de cara a las presidenciales, alimentando el debate sobre los límites entre el control electoral y la disputa política.
No es menor, además, el eco que tuvo la intervención previa del presidente Gustavo Petro. Antes de conocerse el fallo, el jefe de Estado ya había anticipado un escenario adverso y lo enmarcó en una narrativa histórica de exclusión política. “Si no dejan, de todas maneras la democracia y la justicia social serán realidad”, afirmó en entrevista con Caracol Radio, evocando el 19 de abril de 1970 y trazando un paralelismo con el proceso que desembocó en la Constitución de 1991. El mensaje, más que una defensa personal de Cepeda, fue una advertencia política: las decisiones institucionales pueden tener consecuencias en la legitimidad del sistema y en la movilización de las bases sociales que respaldan al Gobierno.
Así, la exclusión de Iván Cepeda no solo redefine la consulta del “Frente por la Vida”, sino que profundiza la tensión entre el Ejecutivo y los organismos electorales, en un momento en el que cada fallo es leído como una señal de alineamiento o confrontación. La pregunta que queda abierta no es únicamente jurídica, sino política: ¿está el sistema electoral arbitrando la competencia o interviniendo en ella? En esa respuesta se juega buena parte del clima político de los próximos meses.
