El Gobierno de Gustavo Petro cruzó una línea estratégica en su política de seguridad. En una operación aérea de alto impacto, las Fuerzas Militares bombardearon un campamento del ELN en el Catatumbo, dejando siete presuntos guerrilleros muertos, varios heridos y la captura de alias “Elías”, hallado con vida escondido en una trinchera subterránea. Se trata del primer bombardeo ejecutado contra esta guerrilla durante el gobierno del presidente Petro, un hecho que marca un giro contundente en medio del deterioro del proceso de paz con ese grupo armado.
El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó que el operativo fue resultado de más de mes y medio de labores de inteligencia conjunta entre Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial y Policía. Según explicó, hace unos 15 días se logró ubicar con precisión un campamento integrado por entre 50 y 60 combatientes del ELN, en zona rural del sector de Angalia, lo que permitió activar toda la capacidad operativa del Estado.
“El último bombardeo al ELN fue en 2021, en el Chocó. Hoy logramos fijar esta estructura, ubicarla y atacarla con todas las capacidades”, señaló el alto oficial, al destacar que se realizaron 18 lanzamientos con apoyo de artillería, seguidos de incursiones terrestres que derivaron en cuatro combates adicionales y la neutralización de ataques con drones del grupo armado.
Uno de los hechos más graves posteriores al ataque fue el secuestro de un médico y una enfermera en el corregimiento de San Pablo, quienes, según inteligencia militar, habrían sido obligados por el ELN a atender a entre 12 y 15 guerrilleros heridos que lograron escapar durante el lapso de dos a tres horas que transcurre entre el bombardeo y el ingreso de tropas al área. “Es un secuestro claro y una violación absoluta del derecho internacional humanitario”, denunció el general López.
En el campamento, las tropas hallaron un arsenal significativo: al menos 15 fusiles, abundante munición, minas antipersonal, más de 200 granadas y equipos diseñados para ataques con drones. Pero uno de los hallazgos que más alertó a las autoridades fue un sofisticado sistema europeo de interferencia electrónica, capaz de desviar o bloquear señales de drones enemigos. “Estamos verificando su procedencia y su capacidad. Esto demuestra el nivel de financiación que estas estructuras obtienen del narcotráfico”, advirtió el comandante militar.
El presidente Gustavo Petro respaldó públicamente la operación y la contextualizó como una respuesta directa a la violencia del ELN frente a los intentos de negociación. A través de sus redes sociales, aseguró que la inteligencia militar verificó “hasta donde fue posible” la ausencia de menores en el campamento atacado.
“Hace tres años se le propuso al ELN un proceso de paz. Respondió hace un año asesinando a 200 campesinos en el Catatumbo”, recordó el mandatario, quien además volvió a señalar a los grandes capos del narcotráfico que operan desde el exterior. Petro reveló que entregó al presidente Donald Trump los nombres de esos jefes criminales y pidió una coordinación internacional de inteligencias para capturar sus bienes y desmantelar sus redes financieras.
“No es posible que los culpables vivan en los mayores lujos del mundo y los muertos sigan siendo los campesinos empobrecidos de Colombia”, enfatizó el jefe de Estado, al lanzar una advertencia directa: quienes no acepten el camino de la paz y continúen ligados al narcotráfico y al oro ilegal “correrán las consecuencias de ser hacedores de violencia”.
El bombardeo en Catatumbo no solo golpea militarmente al ELN; envía un mensaje político y estratégico: el Gobierno mantiene abierta la puerta de la paz, pero ya no descarta el uso pleno de la fuerza frente a quienes, según Petro, respondieron al diálogo con masacres y terror. El conflicto entra así en una nueva fase, con implicaciones profundas para la seguridad, la negociación y el futuro inmediato del Catatumbo.
