La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena, Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía, en un proceso que pone bajo escrutinio decisiones judiciales que habrían ocasionado un millonario detrimento al Estado.
De acuerdo con la investigación adelantada por un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, los hechos se remontan al 10 de julio de 2013, cuando Ramírez Villanueva se desempeñaba como juez laboral del circuito de Barranquilla. En esa condición, habría librado un mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos a favor de un pensionado, pese a que existían pruebas documentales y normas claras que acreditaban que las mesadas pensionales ya habían sido canceladas de manera completa y oportuna.
La Fiscalía sostiene que la decisión fue manifiestamente contraria a la ley, al desconocer deliberadamente el material probatorio y permitir un incremento injustificado de la obligación inicial. En un auto previo, fechado el 24 de mayo de 2010, la propia funcionaria había liquidado el crédito en 571 millones de pesos, reconociendo pagos previamente realizados por el entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS). No obstante, posteriormente adicionó intereses moratorios e indexación, elevando de forma sustancial el monto a pagar.
Este proceder se habría dado, además, en abierta contradicción con lo advertido por el Tribunal Superior de Barranquilla, que señaló expresamente que el crédito debía fijarse en cero pesos, dado que las obligaciones pensionales se encontraban totalmente cubiertas.
Para el ente acusador, la magistrada habría favorecido indebidamente al accionante, permitiendo la apropiación de recursos públicos correspondientes a mesadas ya pagadas, lo que derivó en un grave perjuicio patrimonial para el Estado.
La imputación de cargos marca un nuevo capítulo en este proceso judicial, que reviste especial relevancia por involucrar a una alta funcionaria de la Rama Judicial y por el impacto fiscal de las decisiones cuestionadas.
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