La cúpula del Ejército Nacional fue sacudida por uno de los remezones más profundos de los últimos años. Un decreto ya notificado activó una cadena de traslados, relevos y salidas definitivas que no solo reconfiguran el mapa del poder militar, sino que envían un mensaje inequívoco —político, disciplinario y estratégico— tanto al interior de la Fuerza como a la opinión pública.
No se trata de movimientos administrativos rutinarios. Lo que está en marcha es una cirugía mayor en el alto mando, en un momento particularmente sensible: el Ejército enfrenta crecientes presiones externas, cuestionamientos internos y un escenario de seguridad cada vez más volátil, marcado por el avance del crimen organizado, las disidencias armadas y el narcotráfico.
Al menos cinco generales salen de la institución o son enviados al PACE (Programa de Acompañamiento para el Cambio de Estructura), figura que en la práctica se ha convertido en la antesala del retiro. La señal es clara: hay una depuración en curso.
Entre las salidas más relevantes está la del mayor general José Enrique Gualteros Gómez, quien cierra su ciclo como parte del paquete de renovación del alto mando. A esto se suma la desvinculación del mayor general Olveiro Pérez Mahecha, hasta ahora inspector del Ejército, cuya salida se produce en medio de investigaciones por presuntos abusos y maltrato a subalternos, un golpe directo al núcleo de la disciplina, el mando y la autoridad moral dentro de la institución.
Sin embargo, el caso que genera mayor preocupación es el del brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, trasladado del Comando de Personal al PACE mientras enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las FARC, específicamente con la estructura de alias Calarcá. Que un oficial responsable de la administración del talento humano esté bajo sospecha de nexos con grupos armados ilegales constituye una alerta roja para la seguridad nacional y evidencia fallas profundas en los filtros de confianza.
A esta lista se suman el mayor general Juan Diego Sepúlveda Palacio y el brigadier general Jhon Ricardo Guzmán Guzmán, ambos enviados al PACE, una figura que dentro de la Fuerza ya se interpreta como un retiro con uniforme puesto.
Pero el decreto no solo habla de salidas. También revela un rediseño estratégico del Ejército. El mayor general Raúl Fernando Vargas Idárraga asume la Jefatura de Planeación y Políticas; el general José Bertulfo Soto Sánchez queda al frente de la generación de fuerza; y el general Carlos Ernesto Marmolejo toma el mando de la Quinta División, una de las más sensibles por su ubicación y complejidad operacional.
En el terreno operativo, el general Gerardo Ortiz llega a la Octava División, mientras el general Alex Mena asume el Comando Contra el Narcotráfico, una dependencia clave en la lucha contra las economías ilegales. El brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, con amplio reconocimiento en Córdoba y Sucre, pasa de la Décima Primera Brigada a la Séptima División, un movimiento que lo posiciona en uno de los ejes estratégicos del suroccidente del país.
También se registran ajustes clave en fuerzas especiales y operaciones de alto impacto: el brigadier general Raúl Perilla Monroy asume la División de Fuerzas Especiales; el brigadier general Walther Giraldo llega a la Jefatura de Operaciones; y el general Omar Yesid Moreno queda al mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.
¿Qué revela este remezón? Que el Ejército está siendo reordenado bajo presión: presión por resultados, por escándalos, por investigaciones sensibles y por una realidad de seguridad que no concede tregua. Este terremoto no es casual ni improvisado; es un intento por recuperar control, autoridad y credibilidad en una institución clave para la estabilidad del Estado.
El tiempo dirá si esta reconfiguración logra fortalecer al Ejército o si se limita a un reacomodo de fichas en un tablero que exige algo más profundo: liderazgo sólido, transparencia real y una estrategia clara para enfrentar la guerra que hoy vive Colombia.
