Una investigación de La Contratopedia Caribe revela un presunto entramado de presiones políticas al interior de la Alcaldía de Cartagena, en el que contratistas por prestación de servicios habrían sido obligados a hacer campaña y conseguir votos para el senador Lidio García Turbay y su fórmula a la Cámara de Representantes, Yolanda Wong, como condición para mantener o renovar sus contratos en 2026.
La denuncia, sustentada con pantallazos de chats, publicaciones en redes sociales y testimonios directos, fue asignada el pasado 28 de enero a la Fiscalía 60 Seccional de Administración Pública de Cartagena. El denunciante es Jesús Enrique Pájaro Cervantes, ex contratista de la Escuela de Gobierno y Liderazgo (EGL), dependencia adscrita al Despacho del Alcalde.
Según la denuncia presentada el 20 de enero, Pájaro trabajó durante cinco años como contratista de la EGL y no fue vinculado para la vigencia 2026 luego de negarse a publicar propaganda política en sus redes sociales y a diligenciar planillas con números de cédula de posibles votantes para la fórmula liberal García–Wong.
La Contratopedia Caribe tuvo acceso a chats de WhatsApp en los que varios contratistas del Distrito fueron incluidos desde mediados de diciembre en grupos creados, presuntamente, para coordinar actividades proselitistas. En uno de esos mensajes se lee de forma explícita: “De su colaboración depende su futuro laboral”.
Los chats muestran citaciones a reuniones presenciales en restaurantes, oficinas privadas y, en algunos casos, en instalaciones de la propia Alcaldía de Cartagena, para organizar la promoción de campañas políticas y la consecución de votos.
De acuerdo con la investigación, uno de los principales focos de estas presuntas presiones sería la Escuela de Gobierno y Liderazgo, dirigida por Róbinson Casarrubia, quien llegó al cargo en enero de 2024 y previamente había participado en la campaña del actual alcalde Dumek Turbay.
Según la denuncia y la información recopilada, en diciembre fue creado un grupo de WhatsApp denominado “Senado Lidio García L1”, integrado por 69 personas, en su mayoría contratistas de la EGL. Aunque Casarrubia no figura como administrador, el grupo es manejado por Geraldine Julio Barbero, contratista encargada de su agenda, y por Diana Carolina Meza, abogada responsable de asuntos jurídicos y de contratación de la entidad.
En ese grupo se compartieron afiches, instrucciones para publicaciones en redes sociales, formularios para registrar votantes y convocatorias a reuniones obligatorias. Uno de los mensajes más explícitos, enviado desde un número vinculado a logística institucional, advertía sobre consecuencias laborales ante la falta de compromiso político.
Según el testimonio de Pájaro, los contratistas fueron citados el 13 de enero a reuniones en el edificio Portus de Manga, donde funciona la EGL. Antes de ingresar, se les habría pedido dejar sus celulares y dispositivos electrónicos.
Dentro de las reuniones, siempre según el denunciante, Casarrubia tomó la vocería y señaló la necesidad de apoyar a Lidio García para “jalonar recursos” para el Distrito. Ese mismo día, el grupo de WhatsApp cambió su nombre a “Senado Lidio García L1 y Cámara Yolanda Wong L106”, dejando definida la fórmula que debían respaldar.
Tras esos encuentros, varios contratistas comenzaron a compartir evidencias de publicidad política física y digital. Tres días después, el 16 de enero, iniciaron las vinculaciones contractuales para 2026 en la EGL. El nombre de Pájaro no apareció entre los contratados, mientras que sí fueron vinculadas personas que participaron activamente en la campaña, según registros del Secop revisados por La Contratopedia Caribe.
La investigación señala que dinámicas similares se estarían presentando en al menos otras dos dependencias distritales: la Oficina de Comunicaciones del Distrito y el Plan de Emergencia Social (PES) Pedro Romero.
En Comunicaciones, contratistas relataron haber sido citados a una reunión en un restaurante del barrio Manga, convocada por Adriana De la Cruz, jefa de esa dependencia. En el encuentro, según el testimonio, el exconcejal liberal Erich Piña Feliz pidió respaldo político para la campaña de Lidio García. Posteriormente, los asistentes fueron incluidos en un grupo de WhatsApp con más de 800 integrantes, en el que se comparte material de “pedagogía electoral” para votar por García y Wong.
En el PES, un contratista aseguró que el director Jorge Redondo les habría pedido apoyo electoral, con exigencias de publicar propaganda, entregar listas de votantes y asistir a reuniones, todo supeditado a la renovación de los contratos.
Consultado por La Contratopedia Caribe, el alcalde Dumek Turbay negó haber impartido instrucciones para usar la Alcaldía con fines electorales y anunció la convocatoria de un Consejo de Gobierno con participación de la Procuraduría General, para recordar las prohibiciones sobre participación en política.
Los funcionarios señalados también negaron los hechos. Casarrubia afirmó que ha prohibido cualquier acción proselitista en la EGL y calificó la denuncia como un acto de venganza. Redondo aseguró que nunca ha preguntado a contratistas por sus preferencias políticas. Adriana De la Cruz negó haber convocado reuniones de carácter electoral.
Pese a las negaciones oficiales, los documentos, testimonios y evidencias recopiladas por La Contratopedia Caribe alimentan una preocupación creciente en Cartagena: la presunta utilización de la administración distrital como plataforma de captación de votos, condicionando la estabilidad laboral de contratistas a su participación política.
La investigación continúa en manos de la Fiscalía, mientras organizaciones de control ciudadano advierten que, de comprobarse los hechos, podrían configurarse faltas disciplinarias graves y delitos contra la administración pública y el régimen electoral.
