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Inicio Opinión

CARTAGENA | Los mismos nombres detrás de los contratos: así opera el Clan Pavy

Álvaro González Álvarez, Ph.D., P.E. Por Álvaro González Álvarez, Ph.D., P.E.
9 febrero, 2026
en Opinión, ZC
0

Hace más de 12 meses he seguido el rastro de una red empresarial que, bajo la apariencia de consorcios y sociedades independientes, concentra contratos públicos millonarios en la región Caribe. Lo que inicialmente parecía una coincidencia contractual terminó revelando un entramado mucho más profundo, sistemático y preocupante.

Desde el 05Ene2026, a través de cuatro columnas (ver enlaces aquí), he venido develando no solo cómo las empresas de Enrique Posada Gutiérrez (Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS), Diego Álvarez Hernández (Construcsion SAS), Gilberto Álvarez Mulford (GAM Construcciones SAS), Elson Vimos Monterrosa (Vimos Construcciones SAS) y Reynaldo Yalí Díaz (RYD Construcciones SAS) tienen nexos mercantiles entre sí, sino también con otras personas naturales y jurídicas en numerosos contratos públicos de la costa Caribe, principalmente en los departamentos de Bolívar, Atántico, Córdoba, La Guajira y Cesar.

Tal y como he documentado en previas publicaciones, varias de estas personas han estado involucradas en líos legales o de demoras en las entregas e incluso presas, como es el caso de Leonardo Jaill David Ordosgoitia.

Para efectos de facilitar su identificación y en vista de sus innegables lazos comerciales, denominaré a esta cofradía de empresas el clan Posada-Álvarez-Vimos-Yalí’ (Clan Pavy). Mi investigación me llevó a descubrir un entramado mucho mayor, que involucran más firmas y personas vinculadas directa o indirectamente al «Clan Pavy», y que sugieren que estaríamos en presencia de una estructura bien organizada, a juzgar por las conexiones entre familiares y amigos, la composición accionaria más allá de los representantes legales, los movimientos y cambios internos, los revisores fiscales y los nombres repetidos que aparecen en documentos de una y otra compañía.

Elson Vimos Monterrosa y Reynaldo Yalí Díaz | Los ruidos alrededor de Reynaldo Yalí Díaz no son nuevos, tal y como lo registrara La Contratopedia Caribe en el 2023. Reynaldo y Elson ambos son ingenieros civiles, quienes, a simple vista, solo pareciera que los uniera su participación en numerosos consorcios usando las empresas Vimos Construcciones y RYD Construcciones. No obstante, varias actas de constitución muestran que son socios en, al menos, tres empresas más. El detalle es que quienes aparecen como representantes legales son otras personas. Las tres empresas son Ferreinversiones SAS, Remar Equipos y Maquinarias SAS y Grupo Empresarial Pronaos, las cuales son representadas por Laura Carolina Gómez Díaz y Erika Falquez Pérez.

Laura Gómez también es ingeniera civil. En su hoja de vida certifica que trabajó para RYD Construcciones entre 2015 a 2017. La plataforma Secop registra que fue contratista de la Contraloría Distrital de Cartagena entre 2020 y 2021 (CDC-088-2020, CDC-082-2021 y CDC-031-2021).

Erika Falquez Pérez, cónyuge de Elson Vimos, es administradora financiera. En el 2024, fue contratista de la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía de Cartagena, a través del contrato CD-DATH-8692-2024. La titular de esa dependencia es Yira Morales Castro, quien es sobrina de Luis Raimundo ‘Rey’ Morales Alvear, cabeza del ‘Clan Morales’; y hermana de Karen Patricia, contratista del Ider.

Erika y Elson están juntos en la compañía Vimos Falquez SAS. Erika, a su vez, hace parte del consejo de administración de Fundación Ser y aparece sola en las sociedades Business Group SAS y Dismedicak SAS. Desde septiembre de 2025, la representante legal de Dismedicak es Eliana Margarita Ahumada Matos, quien también representa a Inmobiliaria Primavera SAS. De hecho, su perfil en LinkedIn registra que es asesora inmobiliaria. Antes de Eliana, la representación de Dismedicak estaba a cargo de María Claudia Posso Falquez (de marzo 2022 a septiembre 2025), la que se supone es familiar de Erika Falquez. Por favor, no pierdan de vista el apellido Posso, que es el mismo de la familia que adquirió el 35% del equipo Real Cartagena: Díaz Posso.

María Claudia es hija de Juan Carlos Posso Lora y Claudia Margarita Falquez Ahumada. Esta última ha sido contratista de la Gobernación de Bolívar desde al menos el 2020 (su más reciente contrato es el SS-1127-2026). De acuerdo a lo reportado en julio de 2020 por La Contratopedia Caribe, Claudia Margarita «es hija de Pedro Falquez y Dilia Ahumada de Falquez, aportantes a las candidaturas (de Vicentico Blel)  al Senado en 2018 y a la Gobernación en 2019».

Enrique Posada, Diego Álvarez y Gilberto Álvarez | La relación comercial entre Diego y Gilberto parece que empezó en la extinta Constructora Montecarlo Vías SAS, en donde además de Gilberto, aparecen Julio Enrique Torres Pinedo y Myriam Esther Álvarez Torres. Gilberto es más conocido en el gremio de la construcción por la sociedad Álvarez y Collins SA.

Los vínculos entre Elson, Reynaldo, Diego, Gilberto y Enrique datan desde hace más de una década. Incluso pudo establecerse que algunos de ellos están relacionados con las empresas del ‘Clan Barranqueño‘.

La empresa de Diego Álvarez (Construcsion SAS) fue la que me llevó a desenmarañar a esta especie de logia, ya que, a través del  Consorcio Control Bahía, participó en la licitación SAMC-SID-004-2025 para el control de inundaciones en los barrios Castillogrande y Bocagrande de Cartagena, la cual fue adjudicada al Consorcio Protección Cartagena (leer ‘Cartagena en alerta roja: sombras de colusión y contratos leoninos sacuden las obras de control de inundaciones del gobierno Turbay’).

Todo sugiere que Enrique Posada podría ser el articulador del «Clan Pavy». La composición accionaria de su empresa, Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS, muestra que está conformada por tres socios: él mismo (45.13%), Gina Paola Beltrán Pérez (45.12%) y Garxa & CIA Sociedad en Comandita (9.76%).

De Garxa & CIA S en C surgen los nombres de María Alejandra De la Ossa Posada y Gabriel Enríque García Sotelo. María Alejandra no solo sería familiar de Enrique Posada, sino que es la representante legal de Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS, junto con Heraldo José Gutiérrez Villegas.

Por otro lado, García Sotelo es hijo del exalcalde Gabriel García Romero, quien, a su vez, es primo del exsenador Juan José García Romero (QEPD), condenado por corrupción. Gabriel García Sotelo era el representante legal de la Fundación Renal de Colombia.

Fundación Renal de Colombia estuvo involucrada en el escándalo de la hemofilia del inhabilitado exgobernador Juan Carlos Gossaín Rognini (padrino político de Dumek Turbay), y de la que también hacía parte Miguel García Romero, quien es hermano del exalcalde Gabriel García y primo del exsenador Juan José García (leer ‘El entramado político en el lío de la hemofilia en Bolívar’ y ‘La buena samaritana’).

Contratos de la Gobernación de Bolívar, el «Clan Pavy» y Ángel Rincón Linaje (‘El Pocholo’) Cuando pensaba que los tentáculos acababan ahí, me tropecé con dos licitaciones del 2025 de la Gobernación de Bolívar: SAMC-SI-001-2025 y CMA-SI-005-2025, correspondientes a la construcción e interventoría del mejoramiento de la vía entre los municipios de Córdoba y Magangué. Estas licitaciones fueron dividas en dos lotes.

La construcción y la interventoría del Lote 1 fueron adjudicadas a los consorcios Conexión Bolívar e Infrasabanas por un valor inicial de $89.233.259.946 y $6.789.884.450, respectivamente. El Lote 2 fue otorgado a los Consorcios Bolívar Conecta (construcción por 38.136.310.522) e Intervial Bol (interventoría por $1.390.398.534).

Al Consorcio Conexión Bolívar lo integran las firmas cartageneras Gama Infraestructura SAS (antes Transphalt, registrada en Medellín), Equipos y Materiales de Colombia SAS y Constructora y Promotora Odin SAS. Pese a que la segunda empresa está representada por Leidy Diana Barrera Pizarro, aparecen los nombres de Eduardo Chiquillo Rico (vinculado a los clan Morales y al de los Sisbenizados) y Ángel Rincón Linaje, conocido como ‘El Pocholo’, a quien el portal El Periódico lo identificara en el 2023 como el nuevo Emilio Tapia.

Ángel Rincón es el representante de Constructora y Promotora Odin SAS. Está casado con la abogada María Angélica Posso Díaz, con quien tiene nueve compañías. En el gremio de la construcción de Cartagena relacionan a Pocholo con Antonio Armando Díaz Buelvas (‘Tono’ Díaz), padre de Jorge Antonio Díaz Posso, a quienes se les anunció en la compra del 35% del equipo Real Cartagena.

El Consorcio Infrasabanas está conformado por Anso Ingeniería SAS (antes llamada Felipe Angulo Guzmán -FAG- Ingeniería SAS), empresa relacionada con Enrique Posada Gutiérrez en el 2013 y 2014 en los Consorcios Pavimentar 2013 e Ingepro (leer ‘La arquitectura de la contratación: empresas amigas, políticos aliados y una red que no se rompe’).

Por su parte, Ing Ingeniería SAS está representada por Carlos Alberto Bello Avena y Rafael Antonio Abondano Capella, quienes, de acuerdo a un acta de 2018, aparecen en la composición accionaria junto con Spazio Urbano SAS.

Los representantes legales de Spazio Urbano son Martha Cecilia Abondano Capella y Héctor Gabriel García Abondano, quien es hijo de Héctor García Romero y Martha Abondano Capella (ver página web de Spazio Urbano y empresa Azimut Internacional Cartagena SAS). Esta última es recordada por estar involucrada en uno de los episodios más vergonzosos de la ingeniería cartagenera: la caída del puente Heredia en 1995. Como pueden ver, el apellido García y Posada están más relacionados de lo que se puede uno imaginar.

Lo que aquí expongo no son casualidades, ni simples coincidencias empresariales: es la anatomía de un sistema que se reproduce, se camufla y se recicla alrededor del erario. Nombres que se repiten, apellidos que se cruzan, contratos que rotan y controles que nunca llegan. Mientras tanto, los recursos públicos siguen fluyendo hacia los mismos bolsillos, con nuevas razones sociales y viejos protagonistas. La pregunta ya no es si las autoridades conocen esta red, sino cuánto más están dispuestas a tolerar antes de actuar. Porque cada día de silencio institucional es una licencia abierta para que estas irregularidades continúen.

En mi próxima columna, continuaré con:

  • El Lote2 de las licitaciones SAMC-SI-001-2025 y CMA-SI-005-2025, los antecedentes de irregularidades que llevaron a revocarla inicialmente y la relación de las empresas del Lote 2 con el Clan Pavy.
  • Las sisbenizadas Mercy Luz Pérez García y Shabelys Yulieth Bravo Jiménez.
  • Pocholo, María Angélica Posso Díaz, Toño Díaz, Patricia Elena Posso Romero, Jorge Antonio Díaz Posso, sus empresas y sus personas vinculantes.
  • El contrato de mejoramiento del colegio INEM de Cartagena (licitación LP-SED-006-2025 de la Alcaldía de Cartagena), adjudicado al Consorcio Fomento Educativo Cartagena, cuya representante legal, Indira Naivis Cuan Cordoba, está sisbenizada.
  • Las posibles conexiones entre las empresas del Consorcio Fomento Educativo Cartagena con el ‘Clan Díaz’.
  • Dos intentos de contactarme por parte de un ingeniero que tiene vasos comunicantes con el ‘Clan Díaz’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetas: Cartagenaclanes políticosContratación públicaLicitaciones públicasobras públicas
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Doctor en recursos hídricos e ingeniería ambiental, con licencia de ingeniero profesional (P.E.) en los estados de Nueva York y Nueva Jersey. Director de proyectos, investigador y docente en EE.UU.

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