El escándalo judicial que hoy estremece al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena acaba de entrar en su momento más crítico y políticamente sensible. Lo que inicialmente parecía un caso aislado por la presunta utilización de un diploma falso para acceder a un millonario contrato público, ahora amenaza con destapar una cadena de posibles irregularidades administrativas, fallas en los controles internos y decisiones cuestionadas dentro de la entidad cultural más importante de Cartagena de Indias.
Mientras la actriz, modelo y exreina Yeimy Paola Vargas Gómez enfrenta el avance del proceso penal en su contra, la Fiscalía comenzó a profundizar sus investigaciones sobre quienes autorizaron, revisaron y avalaron la contratación desde la cúpula directiva del IPCC.
Fuentes cercanas al expediente confirmaron que la exdirectora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, fue nuevamente citada a audiencia de imputación de cargos para el próximo 4 de junio, en el marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en contratación pública y aparentes fallas en la validación de documentos académicos utilizados para sustentar contratos de prestación de servicios por millonarias sumas de dinero.
La nueva actuación judicial incrementa la presión sobre antiguos funcionarios de la administración distrital y podría marcar un punto de quiebre en uno de los expedientes más delicados para el sector cultural y político de Cartagena.
El expediente judicial tomó un giro explosivo después de que las autoridades detectaran presuntas inconsistencias en un diploma presentado por Yeimy Paola Vargas Gómez para acceder a un contrato superior a los 55 millones de pesos con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena en 2025, destinado a actividades de promoción cultural y salvaguarda patrimonial en Cartagena.
De acuerdo con la investigación, el documento certificaba supuestos estudios técnicos en actuación y teatro; sin embargo, la institución educativa mencionada, con sede en Bucaramanga, negó que la exreina figurara en sus registros académicos, una revelación que encendió las alarmas de los organismos de control y abrió una nueva línea de investigación sobre los procesos internos de validación documental.
El escándalo, visibilizado públicamente por el ingeniero Álvaro González, sostiene que esa certificación irregular habría sido determinante para que Vargas Gómez accediera a honorarios más altos dentro de la contratación pública. Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por falsedad en documento privado y peculado por apropiación en calidad de interviniente. Pese a la gravedad de las acusaciones, la actriz decidió no aceptar los cargos formulados por el ente investigador.
Ahora, la atención de la Fiscalía se concentra en los funcionarios y exfuncionarios que participaron en los procesos de revisión, aprobación y supervisión contractual dentro del IPCC. La nueva citación a imputación contra Lucy Espinosa Díaz aumenta la presión sobre antiguos funcionarios de la administración distrital y podría abrir la puerta a nuevas vinculaciones penales relacionadas con presuntas omisiones, negligencia administrativa o posibles irregularidades sistemáticas en el manejo de recursos públicos.
El caso ya provoca fuertes repercusiones políticas y administrativas en Cartagena, al involucrar figuras públicas, contratación estatal y aparentes fallas en los mecanismos de control de una de las entidades culturales más importantes de la capital de Bolívar. Entretanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas y testimonios clave, mientras no se descarta que nuevas personas sean llamadas a responder ante la justicia en las próximas semanas.
