Petro infiltró las instituciones gubernamentales que tienen alguna relación con la seguridad ciudadana. Nombró camaradas del M-19 en la UNP, en la UIAF, en Migración Colombia y, por supuesto, en la Dirección Nacional de Inteligencia. En esas instituciones expulsaron al grueso del personal técnico que había y nombraron personas que no tenían conocimiento ni experiencia, pero que les aseguraban lealtad ideológica y complicidad. El alcance del daño no lo sabremos sino cuando asuma el próximo gobierno que, si los votantes no se equivocan en primera vuelta, debería ser de oposición.
Una de las entidades más duramente golpeadas ha sido la Unidad Nacional de Protección. En este gobierno ha estado envuelta en múltiples escándalos, desde el uso de carros y escoltas para proteger bandidos —por ejemplo, en el caso de Calarcá— hasta la inaceptable y sospechosa omisión de negarle a Miguel Uribe la mejora de su esquema de seguridad, a pesar de las dos docenas de veces en que tal aumento fue solicitado.
Con todo, la UNP, a pesar de su director, mantiene todavía una base de funcionarios y escoltas especializados, con muchos años de experiencia, que no ha sido infectada aún por el virus ideológico de la extrema izquierda y cumple sus funciones de manera recta, seria y profesional. Con el doble ánimo de amarrar a sus camaradas dentro de la institución y de aumentar su caudal electoral, el gobierno expidió recientemente un par de decretos, el 19 y el 20 de 2026, que, en medio de tanto escándalo, han pasado debajo del radar de los medios y de la opinión pública.
Son gravísimos. Pretenden desplazar al personal profesional e insertar de manera permanente a los camaradas improvisados, inexpertos y de ninguna manera confiables que han ido introduciendo dentro de la institución, de manera que el próximo gobierno encuentre un hecho cumplido y no pueda ni recuperar el personal profesional perdido ni reemplazar a los camaradas recién nombrados. Es una operación parecida a la que han venido realizando en otras instituciones gubernamentales: rebajar la calidad y la experiencia exigidas para los cargos con el fin de poder nombrar fulanos que no tienen mérito alguno, pero les son política e ideológicamente leales.
Ocurre, sin embargo, que la seguridad es un derecho fundamental y que, cuando el Estado conoce o debe conocer un riesgo cierto, específico y previsible, surge para el ciudadano afectado un deber reforzado de protección estatal, cuya omisión genera responsabilidad. La UNP es el principal instrumento para materializar ese deber. La protección personal es una función especializada, técnica y excepcional que se activa cuando existe un riesgo individualizado, extraordinario y una amenaza concreta a la vida o a la integridad.
En consecuencia, la protección personal no admite estándares mínimos; exige idoneidad reforzada porque, si falla, tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la vida de quien enfrenta el riesgo de seguridad. Eliminar o disminuir los estándares mínimos exigidos al personal de protección, como quiere el gobierno, es inconstitucional e ilegal y, de hecho, no solo atenta contra el cumplimiento de la función de protección sino que, peor aún, pone en peligro a los ciudadanos amenazados: no solo no cuida ni protege, sino que crea nuevos riesgos para ellos.
Los decretos 19 y 20 reducen requisitos, disminuyen la idoneidad técnica, precarizan las condiciones laborales, excluyen al personal experto, permiten la vinculación sin concurso y amplían el margen de discrecionalidad administrativa en los nombramientos. Y, en un contexto electoral, politizan la UNP, debilitan el servicio de protección, incrementan el riesgo para las personas protegidas y afectan a la oposición, a las instituciones —Congreso, jueces, etc.— y a los líderes sociales que deben ser protegidos.
Los decretos introducen una estructura salarial reducida y poco competitiva, afectan las garantías laborales del personal que ya presta el servicio y desestimulan la permanencia del talento especializado. Con menores garantías laborales y salariales, se estimula la expulsión del personal experto y, por ende, se debilita el servicio. Al mismo tiempo, permiten la vinculación a planta permanente sin concurso público de méritos, amplían la discrecionalidad del gobierno para los nombramientos y excluyen a aspirantes idóneos. Como resultado, hay pérdida de neutralidad y politización del servicio.
Además, en una época electoral, los ajustes discrecionales de personal durante la campaña aumentan el riesgo de instrumentalización política y afectan el pluralismo democrático. La politización de la planta produce una mayor pérdida de confianza y un debilitamiento adicional de los esquemas de protección, e incluso crea el riesgo de espionaje contra líderes de oposición o contra congresistas y magistrados que deben ser protegidos, afectando también la independencia y la separación de las distintas ramas del poder público.
Lo que quiere hacer Petro en la UNP es aún peor y más grave que lo que ya viene haciendo en materia de disminución de calidades y clientelización en otras entidades gubernamentales. Hay que demandar ante los tribunales los decretos y, en el próximo Congreso, expedir una ley que, por un lado, proteja la institución, al personal calificado de la UNP y a los contratistas y tercerizados de las arremetidas y la manipulación de la extrema izquierda y que, por el otro, reconozca su condición de alto riesgo y asegure los ingresos, el bienestar y la estabilidad que merecen.
