¿Tendrá Abelardo la gobernabilidad suficiente para dirigir el Estado colombiano de manera eficaz, mantener el orden, tomar decisiones, ejecutar políticas públicas y responder a las necesidades de la población dentro del marco de la Constitución y las leyes, entendiendo que dicha gobernabilidad está sujeta a las decisiones del poder legislativo, a través del Congreso de la República, y del poder judicial, mediante las altas cortes?
Las iniciativas, decisiones o reformas constitucionales que Abelardo piense presentar y que necesiten pasar por el Senado, conformado por 103 miembros y con una mayoría absoluta de 52 votos, se encontrarán con 25 senadores del Pacto Histórico, casi la mitad de esa mayoría, lo cual no hará fácil la aprobación de las propuestas del nuevo presidente, si estas no son consideradas beneficiosas para el país y para los colombianos.
Y, como es bien sabido, antes de llegar al Senado, todas las iniciativas, decisiones o reformas constitucionales de cualquier mandatario deben pasar previamente por la Cámara de Representantes, integrada por 183 miembros y con una mayoría absoluta de 92 votos. De esas 183 curules, el Centro Democrático cuenta con 32, mientras que el Pacto Histórico le sigue de cerca con 29.
Estos guarismos, obviamente, no le permitirán al presidente electo un amplio margen de gobernabilidad para dirigir el país según sus antojos y caprichos, como lo dejó entrever durante su campaña política y, según sus críticos, lo sigue dejando ver después de su triunfo en las urnas.
En este juego político de la gobernabilidad serán determinantes las curules de los partidos Liberal, Conservador, de La U, Cambio Radical y Alianza Verde, así como las circunscripciones especiales de comunidades indígenas y afrocolombianas.
El Pacto Histórico será, durante el gobierno 2026-2030, una de las principales fuerzas parlamentarias y liderará, como ya lo ha anunciado, la oposición al gobierno de Abelardo de La Espriella, acompañado por otros sectores de izquierda y por congresistas independientes.
La capacidad de esa oposición estará determinada por los debates de control político, las citaciones a ministros, la presentación de proyectos alternativos y las acciones ante la Corte Constitucional. La conformación del Congreso, que iniciará su período legislativo el próximo 20 de julio, obligará al Gobierno a negociar, lo cual no debería significar la entrega de puestos, contratos o dádivas, sino la construcción de consensos para sacar adelante sus proyectos.
Pero, además de la conformación global del Congreso, también será de gran importancia la integración interna de las comisiones constitucionales permanentes de cada una de las cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes.
De estas comisiones recordamos, como uno de los principales tropiezos del gobierno de Gustavo Petro, la Comisión Séptima del Senado, presidida por la entonces senadora cartagenera del Partido Conservador, Nadia Blel. Desde esa comisión se convirtió en uno de los mayores obstáculos para las reformas sociales impulsadas por el presidente Petro, especialmente la reforma a la salud, aunque también se opuso a la reforma laboral, que finalmente logró avanzar.
Si Abelardo de La Espriella presenta reformas constitucionales al Congreso, necesitará mayorías calificadas en varias rondas de votación, lo que exigirá alianzas más amplias y estables que las requeridas para aprobar leyes ordinarias.
Todo esto hace prever que el presidente electo difícilmente contará con coaliciones sólidas durante todo su mandato. Sin embargo, el equilibrio del poder legislativo descansará, en gran medida, en quienes sean elegidos como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, pues de ellos dependerá definir el orden del día, agilizar o aplazar proyectos, designar ponentes y ejercer una influencia determinante en el trámite legislativo.
Ante este panorama surge una reflexión inevitable. Si, a diferencia del presidente Gustavo Petro, quien recorrió durante décadas toda la carrera política antes de llegar a la Casa de Nariño, Abelardo de La Espriella no ha ocupado cargos de elección popular ¿cómo será su capacidad para comprender y conducir políticamente el Estado colombiano?
