Las constituciones no nacen en los escritorios; nacen en las crisis. Son hijas del dolor, de la esperanza y de la necesidad de los pueblos de volver a empezar. La Constitución Política de 1991 fue precisamente eso: el juramento colectivo de una nación cansada de contar muertos, de una democracia secuestrada por el miedo y de un Estado que había dejado de escuchar a sus ciudadanos. Treinta y cinco años después, aquella promesa sigue en pie, aunque muchas veces haya tenido que defenderse de quienes juraron protegerla.
La Colombia de finales de los años ochenta parecía caminar hacia el abismo. El terrorismo del narcotráfico desafiaba al Estado; la violencia política apagaba las voces de candidatos presidenciales; la guerra entre guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública ensombrecía el territorio, mientras una Constitución centenaria, promulgada en 1886, ya no encontraba respuestas para una sociedad profundamente distinta.
Entonces ocurrió uno de esos milagros silenciosos que cambian la historia. No fueron los fusiles ni los discursos incendiarios los que abrieron el camino. Fueron los estudiantes, con la inolvidable Séptima Papeleta, quienes sembraron la semilla de una nueva República. Aquel movimiento ciudadano condujo a la Asamblea Nacional Constituyente, donde hombres de pensamientos opuestos, como Antonio Navarro Wolff, Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado, comprendieron que había momentos en los que las diferencias debían ceder ante el interés superior de la Nación.
El 4 de julio de 1991, Colombia dejó de ser únicamente un Estado de leyes para proclamarse un Estado Social de Derecho. La dignidad humana dejó de ser un discurso para convertirse en un principio constitucional; la acción de tutela abrió las puertas de la justicia a quienes nunca habían podido acceder a ella; los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes encontraron reconocimiento; la libertad religiosa sustituyó antiguos privilegios, y nacieron la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación como nuevas columnas del edificio institucional.
La Carta de 1991 democratizó el lenguaje del poder. Le recordó al gobernante que la autoridad no existe para dominar, sino para servir. Le dijo al ciudadano que sus derechos no dependían del favor de ningún funcionario. Y le recordó al Estado que su legitimidad se mide por la protección de los más vulnerables.
Sin embargo, toda obra humana enfrenta la tentación del poder. Y el poder, cuando pierde la memoria, suele mirar las constituciones como un obstáculo y no como un límite. En estos treinta y cinco años, la Carta Política ha sido reformada en numerosas ocasiones. Algunas modificaciones respondieron a las exigencias de los tiempos; otras llevaron el inconfundible sello de los intereses políticos del momento. Cada administración encontró argumentos para ajustar el texto constitucional, como si el verdadero problema del país estuviera en sus artículos y no en la escasa voluntad de cumplirlos.
La paradoja colombiana resulta evidente. Tenemos una de las constituciones más garantistas de América Latina, pero millones de ciudadanos aún encuentran enormes dificultades para acceder a la justicia, a la salud, a la educación, a la seguridad o a un empleo digno. La Constitución no ha fracasado; quienes con frecuencia han fallado son quienes recibieron el mandato de hacerla realidad.
La historia demuestra que ninguna democracia se destruye de un solo golpe. Se erosiona lentamente cuando los gobernantes pretenden moldear las instituciones a la medida de sus proyectos personales; cuando los controles incomodan; cuando la independencia de los jueces se convierte en blanco de ataques, o cuando la ley deja de ser un límite para convertirse en un instrumento de conveniencia política. Allí comienza el deterioro de las repúblicas.
Y, sin embargo, la Constitución de 1991 sigue resistiendo. Lo hace porque fue concebida como un pacto de convivencia y no como un programa de gobierno. Su fortaleza radica en que pertenece a todos los colombianos y no a una corriente ideológica, a un partido o a un mandatario de turno.
Treinta y cinco años después, el desafío ya no consiste en escribir una nueva Constitución ni en reformar la existente cada vez que cambian las mayorías. El verdadero reto es mucho más exigente: recuperar la cultura del respeto por la ley, fortalecer las instituciones y comprender que el Estado de Derecho no se sostiene con discursos, sino con ciudadanos y gobernantes dispuestos a obedecer las mismas reglas.
Porque las constituciones no envejecen por el paso del tiempo. Envejecen cuando los pueblos dejan de creer en ellas. Y la de 1991, pese a las tormentas que ha soportado, sigue recordándonos que una Nación solo puede aspirar a la grandeza cuando el poder se somete al Derecho y no cuando el Derecho termina sometido al poder.
