Las primeras decisiones de un gobierno suelen revelar con mayor claridad su carácter que los discursos de campaña. Antes de asumir plenamente las riendas del Estado, la administración entrante ya comienza a enviar señales sobre cuáles serán sus prioridades, sus límites y la manera en que entiende el ejercicio del poder. En ese contexto, el nombramiento del general retirado Jorge Enrique Mora como ministro de Defensa no pasó inadvertido. Menos aún después de sus primeras declaraciones públicas.
No fueron palabras de ocasión ni un mensaje dirigido exclusivamente a un contradictor político. Fueron, más bien, una declaración de principios sobre el papel que deben desempeñar las instituciones en una democracia que ha soportado décadas de violencia, polarización y desafíos permanentes a la autoridad legítima del Estado.
La respuesta del general a los llamados del senador Iván Cepeda para promover la desobediencia civil fue tan serena como contundente. Sin elevar el tono ni recurrir a la confrontación personal, recordó una verdad que con frecuencia parece olvidarse en el debate público: ningún proyecto político puede construirse sobre el debilitamiento de la institucionalidad.
Su invitación a respetar la Constitución, la ley y el principio de autoridad trasciende la coyuntura. En un país donde la violencia ha intentado sustituir demasiadas veces el debate democrático, reivindicar el Estado de derecho no debería interpretarse como una postura ideológica, sino como una obligación republicana.
Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de perder ese equilibrio. La historia reciente demuestra que cuando la autoridad se erosiona, quienes primero ocupan el vacío no son los ciudadanos, sino las organizaciones criminales. Allí donde el Estado retrocede, avanzan el narcotráfico, la minería ilegal, las economías ilícitas, la extorsión, el secuestro y los grupos armados que durante décadas han encontrado en la ausencia institucional el terreno perfecto para expandir su poder.
Por eso resulta imposible analizar las palabras de Mora sin observar el contexto de seguridad que enfrenta el país. Persisten corredores estratégicos bajo influencia de estructuras ilegales; numerosas comunidades continúan sometidas a la intimidación de actores armados, mientras la Fuerza Pública enfrenta el desafío permanente de recuperar territorios donde la presencia estatal sigue siendo insuficiente.
En semejante escenario, cualquier llamado a desconocer la autoridad legítimamente constituida merece una reflexión mucho más profunda que la simple disputa política. Conviene hacer una distinción indispensable. La protesta social constituye un derecho fundamental protegido por la Constitución y representa una expresión legítima de cualquier democracia. Defender ese derecho fortalece el sistema democrático. Pero otra cosa completamente distinta es estimular acciones orientadas a desconocer las instituciones o incentivar dinámicas que puedan derivar en escenarios de confrontación y desorden.
La experiencia de 2021 permanece demasiado fresca en la memoria nacional para ignorarla. A las legítimas manifestaciones se sumaron episodios de violencia, bloqueos prolongados, destrucción de infraestructura pública, afectaciones económicas y una dolorosa cadena de víctimas que dejó heridas aún abiertas. Aquellos acontecimientos demostraron que cuando la protesta pierde su carácter pacífico, quienes terminan pagando el precio son millones de ciudadanos ajenos a la confrontación.
Quizá por eso adquiere especial relevancia la voz de un hombre cuya trayectoria estuvo marcada por las decisiones más complejas de la seguridad nacional. Jorge Enrique Mora no habla desde los salones de la teoría política. Habla desde la experiencia acumulada en décadas de combate contra organizaciones armadas, procesos de negociación y escenarios donde cada decisión podía significar la vida o la muerte de cientos de colombianos.
Esa experiencia le permite comprender que la autoridad democrática no se sostiene mediante la fuerza por sí sola, sino mediante la legitimidad que otorgan las instituciones cuando actúan dentro del marco constitucional.
El verdadero reto del nuevo Ministerio de Defensa no consistirá únicamente en aumentar operaciones militares o fortalecer capacidades estratégicas. Su desafío será reconstruir la confianza ciudadana en el Estado, respaldar a una Fuerza Pública que actúe con firmeza y dentro de la ley, recuperar territorios dominados por la criminalidad y garantizar que el monopolio legítimo de la fuerza permanezca exclusivamente en manos de las instituciones democráticas. Ese es, probablemente, el mensaje más importante que deja este episodio.
La democracia necesita oposición; de hecho, una democracia sin oposición deja de ser plenamente democrática. Pero también necesita reglas claras, respeto por las instituciones y aceptación de los límites que impone la Constitución a todos los actores políticos, sin excepción. Cuando esas reglas se desconocen, la confrontación deja de resolverse mediante argumentos y comienza a trasladarse peligrosamente a las calles.
Las palabras del general Mora no deben entenderse como la voz de un militar que llega al poder, sino como el recordatorio de un principio que trasciende gobiernos, partidos e ideologías: la Constitución es el pacto que permite convivir a quienes piensan distinto.
Porque cuando la ley pierde autoridad, nunca gana la libertad. Gana el más fuerte. Gana quien porta las armas. Gana quien impone el miedo y ningún país puede aspirar a construir un futuro de estabilidad y prosperidad si permite que la legalidad deje de ser el lenguaje común de sus ciudadanos. En una nación que aún intenta cerrar las heridas de décadas de conflicto, respetar la Constitución no es un gesto político. Es la condición indispensable para que la paz, la democracia y la libertad dejen de ser promesas y se conviertan, por fin, en una realidad compartida.
