Según cifras del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con drones en Colombia, que dejaron un saldo de 145 personas heridas y 21 fallecidas.
Durante los primeros cinco meses de 2026, los ataques con drones en Colombia aumentaron un 146%, una escalada que incrementa el riesgo para la población civil y transforma la naturaleza de las amenazas asociadas a los artefactos explosivos.
De acuerdo con el más reciente informe del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), entre enero y mayo de este año se registraron 121 ataques mediante sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés), principalmente en los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca.
La gravedad de esta amenaza se refleja en su creciente impacto humanitario. Aunque la población civil no constituye el principal objetivo de estos ataques, representa el 32% de las personas afectadas en hechos ocurridos tanto en centros poblados rurales como en cascos urbanos. Los 121 eventos reportados durante este periodo dejaron un saldo de 145 personas heridas, entre ellas tres menores de edad, y 21 fallecidas, incluido un menor.
Para la Fundación Barco, estas cifras evidencian que el riesgo asociado a los artefactos explosivos ha trascendido el ámbito terrestre para convertirse también en una amenaza aérea. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, el número de personas que requieren medidas de protección frente a minas antipersonal y otros artefactos explosivos, incluidos los desplegados mediante drones, pasó de 607.910 en 2024 a 812.966 en 2026.
Ante este escenario, resulta urgente fortalecer las medidas de prevención y protección en las zonas más afectadas por la presencia de artefactos explosivos. Esto exige una respuesta coordinada, sostenida e interinstitucional que permita anticipar los riesgos, reducir las afectaciones y proteger la vida de la población civil.
«Hoy las comunidades no solo enfrentan amenazas en caminos, cultivos o escuelas; también pueden ser víctimas de ataques desde el aire. Ante la evolución de esta amenaza, la respuesta del país no puede recaer en una sola organización. Desde la Fundación Barco hacemos un llamado a materializar una coordinación interinstitucional efectiva que fortalezca la respuesta tanto en el frente educativo como en el de defensa. Solo si actuamos de manera conjunta podremos anticiparnos, proteger a las comunidades y salvar vidas», afirmó María Helena Castillo, directora Social de la Fundación Barco.
A través de Pasos Seguros, una iniciativa con presencia en más de 110 municipios de 14 departamentos de Colombia, que ha beneficiado a 42.500 personas, la Fundación Barco continúa promoviendo procesos pedagógicos y comunitarios orientados a prevenir accidentes causados por artefactos explosivos.
Mediante un modelo innovador que integra educación, participación comunitaria y tecnología, el programa fortalece las capacidades de las comunidades para identificar señales de alerta, promover el autocuidado y tomar decisiones informadas. De esta manera, la Fundación Barco contribuye a reducir los riesgos en los territorios y a consolidar entornos más seguros para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias.
