La recusación presentada por Acuacar contra el alcalde Dumek Turbay abre un debate sobre la imparcialidad, el debido proceso y las garantías jurídicas en uno de los conflictos institucionales más importantes de Cartagena.
En una ciudad donde el agua potable es un asunto de supervivencia y no de conveniencia política, las decisiones de las autoridades deben estar blindadas por algo más importante que la popularidad: la legalidad.
La recusación presentada por Aguas de Cartagena contra el alcalde Dumek Turbay y la secretaria general del Distrito María Patricia Porras no puede descalificarse como una maniobra dilatoria sin antes analizar el fondo de sus argumentos. En un Estado de Derecho, ejercer los mecanismos de defensa previstos por la ley no constituye una falta; constituye un derecho.
Lo verdaderamente preocupante sería que una empresa, cualquiera que fuera, renunciara a las garantías procesales cuando considera que pueden existir circunstancias que afecten la imparcialidad de quienes adelantan un procedimiento con consecuencias tan graves como la eventual caducidad de un contrato de servicios públicos.
Aquí no se está discutiendo únicamente si Acuacar ha cumplido o no con todas sus obligaciones contractuales. Ese debate deberá resolverse con pruebas y dentro del procedimiento correspondiente. Lo que hoy está en discusión es algo previo: si quienes tienen la responsabilidad de decidir ofrecen las garantías de independencia que exige la Constitución y la ley.
La imparcialidad no es un lujo jurídico. Es uno de los pilares de cualquier actuación administrativa legítima.
Cuando una autoridad ha asumido públicamente una posición frente a un conflicto, cuando además mantiene litigios relacionados con los mismos hechos que pretende evaluar administrativamente y cuando representa institucionalmente intereses que hacen parte del escenario del conflicto, es natural que surjan preguntas. Precisamente para responder esas dudas existen las figuras del impedimento y la recusación.
Solicitar que una autoridad distinta conozca el proceso no significa impedir que el Distrito ejerza control sobre el concesionario. Significa garantizar que cualquier decisión futura sea incuestionable desde el punto de vista jurídico.
Porque si una eventual sanción termina anulada por violaciones al debido proceso, Cartagena perderá mucho más que un litigio. Perderá tiempo, recursos públicos y, sobre todo, la posibilidad de resolver de fondo los problemas que afectan el servicio de agua potable.
Resulta paradójico que quienes durante años han reclamado transparencia y respeto por las instituciones ahora parezcan incómodos cuando una empresa exige exactamente eso: un proceso transparente y una autoridad imparcial.
El debido proceso no protege únicamente a Acuacar. Protege a cualquier ciudadano, empresa o institución frente al poder del Estado. Hoy la empresa es la que invoca esas garantías; mañana podría ser cualquier cartagenero.
Eso no exonera a Acuacar de responder por las fallas que puedan demostrarse. Si existen incumplimientos contractuales, deberán establecerse con pruebas y, de ser el caso, imponerse las sanciones previstas por la ley. Pero esas decisiones deben surgir de un procedimiento libre de cualquier duda razonable sobre su imparcialidad.
Las instituciones se fortalecen cuando aceptan el control, incluso sobre sus propias actuaciones. Por eso sería un error convertir esta discusión en un pulso político entre la Alcaldía y la empresa. Lo que realmente está en juego no es el prestigio de uno u otro, sino la credibilidad del sistema institucional.
Cartagena necesita que el conflicto alrededor del agua se resuelva con rigor jurídico, no con narrativas de confrontación. Si la recusación presentada por Acuacar carece de fundamento, la autoridad competente deberá rechazarla con argumentos sólidos. Pero si encuentra mérito en los hechos expuestos, apartar a los funcionarios cuestionados no representará una derrota para la administración. Será, por el contrario, una demostración de que el Estado también sabe someterse a las reglas que exige a los demás.
En tiempos de polarización, defender el debido proceso nunca debería interpretarse como defender intereses particulares. Es defender un principio que protege a toda la sociedad. Porque el agua es un servicio público esencial. Pero la justicia y la imparcialidad también lo son.
