Con una policrisis en toda regla dejan el país Petro y su izquierda. El deterioro es evidente en todos los frentes. La seguridad muestra un agudo empeoramiento. Las extorsiones están disparadas. El secuestro pasó de 223 casos en 2022 a 701 el año pasado.
El homicidio pasó de 13.341 en 2022 a 14.780. En todos los casos, son los peores datos en tres lustros. El narcotráfico está más boyante que nunca. Para finales de 2024, se registraban 261.000 hectáreas de coca y 3.005 toneladas de cocaína producidas, las peores cifras de la historia.
Los números de 2025, ocultos por orden de la Presidencia, no serán mejores. Mientras tanto, la Fuerza Pública está en los huesos y los grupos criminales se fortalecieron hasta niveles previos al acuerdo con las Farc. Pasaron de 15.120 miembros en 2022 a superar los 27.000 a finales de 2025. Hoy hacen presencia en cerca de la mitad de los municipios del país: 518, un 36% más que en 2022. La política de «paz total» fue un desastre absoluto: maniató a militares y policías, permitió que los jefes de los grupos criminales recuperaran su libertad y que sus organizaciones siguieran delinquiendo con total impunidad, y no consiguió que un solo delincuente se desmovilizara.
En economía, el panorama también es muy malo. La deuda pública del Gobierno Nacional Central pasó de $804 billones en agosto de 2022 a $1.167 billones a mediados de 2026, un aumento nominal cercano a $363 billones, alcanzando el 60,5% del PIB. El déficit fiscal está en el orden del 6,5%, el peor de nuestra historia, con excepción del registrado durante la pandemia. La inflación interanual a junio, del 6,14%, es la más alta del siglo. La informalidad es del 57%; es decir, apenas dos de cada cinco colombianos tienen empleo formal, cotizan para pensión y hacen aportes a la salud.
Petro reventó la principal fuente de ingresos del país: el sector minero-energético. Solo en mayo, la caída del volumen exportado de crudo fue del 18%. La disminución de las utilidades de Ecopetrol fue brutal. Pasaron de un récord histórico de $33,4 billones en 2022 a $9 billones en 2025. El sector agrícola apenas sobrevive, azotado por la combinación del incremento de los costos de mano de obra, producto del aumento arbitrario del salario mínimo, y la revaluación del peso. Y, como si fuera poco, estamos al borde de un apagón devastador para la economía nacional.
En materia de corrupción, el panorama es aún más grave. Corrupción ha habido antes, pero nunca en la magnitud y profundidad de ahora. El expolio de la cosa pública ha sido sistemático, descarado y extendido a toda la administración pública. El hermano, la mujer y el hijo, untados hasta el cogote. Sus compadres del M-19 y los oportunos cómplices de otros partidos. Los principales ministros. Cobra el director del DAPRE y también los de otros departamentos administrativos, los tesoreros y los pagadores.
Exigen coimas quienes adjudican contratos y quienes después verifican su cumplimiento. Una putrefacción extendida a cada rama, a cada entidad, a cada rincón. Voraces, insaciables, buscando plata debajo de las piedras para meterle mano. Y, después de perder las elecciones, desesperados en su afán. Ansiosos porque se les acababa la oportunidad, querían contratar hasta los fines de semana.
No es mejor la salud de la política, en el sentido más integral de la palabra. El deterioro de la calidad de la administración pública es descomunal. Barrieron con la burocracia técnica y experimentada, cambiaron manuales para nombrar incompetentes e ignorantes, privilegiando la lealtad sobre el mérito, aumentaron descomunalmente la nómina pública y contrataron, por cientos de miles, inútiles prestaciones de servicios. Atacaron sin descanso a las otras ramas del poder público, así como a su autonomía e independencia.
Les pusieron una diana en el pecho a sus contradictores. A algunos, como a Miguel, los asesinaron. Se aliaron con los grupos criminales para ganar las elecciones. Se arrogaron la voz del pueblo, como si pueblo fuera solo quien votaba por ellos y no el resto de los colombianos. Sabotearon la Constitución de 1991 como representación del acuerdo fundamental entre los colombianos. La degradación democrática es palpable. Pero se van. Y, al menos por ahora, cesa la horrible noche. La responsabilidad de De la Espriella es monumental.
