El crédito no debe convertirse en otro trofeo político de la administración de Dumek Turbay. La verdadera celebración comenzará cuando el agua llegue a las casas, el alcantarillado funcione y las obras estén terminadas, auditadas y funcionando.
Hay noticias que deben celebrarse. Y la aprobación de un crédito por $120.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar obras de agua potable, alcantarillado y drenaje en Cartagena es, en principio, una de ellas.
No todos los días una ciudad consigue que un organismo multilateral de semejante importancia confíe en su capacidad financiera para otorgarle un crédito público directo, sin garantía de la Nación y en pesos colombianos.
Es, además, una oportunidad que Cartagena no puede desperdiciar. Pero precisamente porque se trata de una operación de semejante dimensión, no puede ser recibida únicamente con aplausos ni convertida en otro titular triunfalista de la administración distrital en cabeza de Dumek Turbay Paz.
Hay que hacer las preguntas incómodas. Porque esos $120.000 millones no son un regalo. Son deuda pública y, algún día, cuando el alcalde Dumek Turbay ya no esté en el Palacio de la Aduana y quienes hoy anuncian las obras hayan pasado a la historia, serán los cartageneros quienes tendrán que responder por ella. Ese es el primer punto que no puede perderse en medio de la celebración.
El Gobierno Distrital tiene razón al destacar el carácter histórico de la operación, pero conseguir un crédito no es construir una tubería. Conseguir recursos no significa garantizar que una obra termine a tiempo y anunciar una inversión no significa que una comunidad haya recibido el servicio.
Durante décadas, Cartagena de Indias ha acumulado diagnósticos, estudios, proyectos, anuncios, convenios, contratos e inversiones destinadas a cerrar sus enormes brechas de infraestructura.
Y, sin embargo, en pleno 2026 todavía existen comunidades que dependen de carrotanques, piletas y agua embotellada para resolver una necesidad tan elemental como abrir una llave y obtener agua potable.
El caso de Barú Pueblo resulta particularmente difícil de aceptar. Según la información divulgada por el Distrito, el 97,9 % de su población obtiene agua mediante mecanismos no permanentes. Estamos hablando de una población que vive en uno de los territorios más conocidos y visitados de Cartagena.
Una Cartagena que se promociona ante Colombia y el mundo como destino turístico internacional. Una Cartagena capaz de recibir cruceros, grandes hoteles, restaurantes de lujo y eventos internacionales, pero que todavía tiene ciudadanos para quienes el acceso permanente al agua potable no está garantizado.
Ese contraste debería avergonzarnos como ciudad y también debería obligarnos a preguntarnos por qué tuvimos que llegar a 2026 para intentar resolver problemas que debieron solucionarse hace décadas. Barú no puede seguir siendo postal para unos y necesidad para otros.
El proyecto contempla aproximadamente 10 kilómetros de redes de distribución y 14,4 kilómetros de línea de conducción para ampliar el acceso al agua potable en Barú. Bienvenido sea.
Pero la obra tendrá que medirse por una sola variable: ¿El agua llegará de manera permanente y confiable a las viviendas?
No por la cantidad de metros de tubería instalados. No por las fotografías de la inauguración. No por las vallas con los nombres de los funcionarios. No por los comunicados de prensa. El éxito será que una familia de Barú pueda abrir una llave y tenga agua potable. Y lo mismo vale para la Zona Norte, la zona de conurbación con Turbaco, Alto Bosque, Vía Campaña y los demás sectores incluidos en el programa.
Se habla de $120.000 millones. Pero la ciudadanía tiene derecho a saber mucho más. ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es el plazo? ¿Existe periodo de gracia? ¿Cuánto pagará finalmente Cartagena entre capital, intereses, comisiones y demás costos financieros? ¿Cuál será el impacto de esta obligación sobre las finanzas futuras del Distrito?
La transparencia no puede limitarse a decir cuánto dinero entra. También hay que explicar cuánto dinero saldrá del bolsillo de los cartageneros durante los próximos años para pagar esa deuda.
Porque un crédito bien utilizado puede ser una herramienta extraordinaria de desarrollo. Pero un crédito mal ejecutado puede convertirse en una pesada carga fiscal y Cartagena ya ha tenido suficientes experiencias en las que el costo final de una obra termina siendo muy diferente al anunciado inicialmente.
El alcalde Dumek Turbay afirmó que estas alianzas demuestran que existe confianza en su proyecto de ciudad y sostuvo que cuando su administración promete cambiar vidas con calidad, cumple.
La frase merece una respuesta desde la prensa libre: Entonces, que cumpla y que lo demuestre con documentos, contratos, cronogramas, interventorías, avances físicos y resultados verificables. Porque precisamente la confianza que expresa el BID debe traducirse ahora en una obligación mayor de transparencia frente a los ciudadanos.
El Distrito debe publicar y mantener actualizada toda la información de los proyectos: contratos, contratistas, interventores, valores, anticipos, cronogramas, modificaciones, adiciones, avances físicos y financieros y fechas de entrega. La ciudadanía no puede enterarse de la ejecución de $120.000 millones únicamente a través de boletines oficiales. Debe poder vigilar cada peso.
- La Bocana: otra obra donde no puede haber improvisación
Otro de los componentes anunciados es la recuperación y adecuación de las compuertas de La Bocana, infraestructura fundamental para el intercambio hidráulico entre la Ciénaga de la Virgen y el mar Caribe.
Estamos hablando de una infraestructura vinculada al drenaje, el manejo de niveles de agua, la reducción del riesgo de inundaciones y el comportamiento ambiental de uno de los ecosistemas más importantes de Cartagena.
Una ciudad que cada temporada de lluvias vuelve a enfrentarse a inundaciones no puede darse el lujo de improvisar con su sistema de drenaje. ¿Las obras que se financiarán con el crédito estarán diseñadas para resolver estructuralmente el problema o simplemente para administrar temporalmente sus consecuencias?
Cartagena necesita infraestructura preparada para la ciudad que tiene y para la ciudad que viene. No para la ciudad de hace 30 años. Las cifras oficiales muestran una cobertura urbana de acueducto cercana al 100 % en el área atendida por el sistema formal. Pero ese indicador puede esconder una realidad territorial mucho más compleja, porque Cartagena no termina en las zonas donde las redes están consolidadas. Cartagena también son sus corregimientos, sus comunidades insulares, su Zona Norte, sus barrios periféricos, sus territorios rurales y sus zonas de expansión, por eso, no basta con presentar una cifra general de cobertura y declarar la misión cumplida.
Una ciudad verdaderamente desarrollada no es aquella que puede mostrar una cobertura promedio sobresaliente; es aquella donde la brecha entre el centro y la periferia deja de ser una tragedia cotidiana.
Cartagena tiene una larga tradición de grandes anuncios, cada administración llega con nuevos planes, cada proyecto aparece acompañado de cifras millonarias, pero el ciudadano termina juzgando a los gobiernos por algo mucho más sencillo: ¿La obra está funcionando?
En los últimos años se han anunciado importantes inversiones para agua y alcantarillado en sectores como Bayunca y Pontezuela, entre otros territorios. Por eso, el nuevo programa del BID debe ser evaluado no como un hecho aislado, sino dentro de la capacidad histórica del Distrito para convertir recursos en infraestructura efectiva. Porque el problema de Cartagena no ha sido exclusivamente la falta de dinero, también ha sido la falta de continuidad institucional, planeación de largo plazo, ejecución eficiente, vigilancia y, en determinados casos, control sobre los costos y tiempos de las obras.
¿Quién vigilará los $120.000 millones?
Aquí debería estar una de las grandes tareas del Concejo Distrital, los organismos de control y, sobre todo, de la ciudadanía. Hay por lo menos ocho preguntas que deberían tener respuesta pública antes de que comiencen las grandes ejecuciones:
- ¿Cuál será el costo financiero total del crédito?
- ¿Cuál será el cronograma de cada obra?
- ¿Quiénes serán los contratistas?
- ¿Cómo fueron seleccionados?
- ¿Quiénes ejercerán las interventorías?
- ¿Cuánto costarán esas interventorías?
- ¿Qué porcentaje de los recursos llegará efectivamente a infraestructura física?
- ¿Qué ocurrirá si las obras se retrasan, se adicionan o terminan costando más de lo inicialmente presupuestado?
No hay que satanizar el crédito. Todo lo contrario. Si el BID encontró condiciones para financiar directamente al Distrito, sin garantía de la Nación, eso puede representar un avance importante en materia de confianza institucional y capacidad financiera, pero la confianza de un organismo internacional no puede sustituir el control de los ciudadanos.
El BID presta, el Distrito administra, los contratistas ejecutan, los interventores vigilan y, finalmente, los cartageneros pagan. Por eso, nadie puede pretender que una operación de esta magnitud quede reducida a una fotografía entre funcionarios y representantes de un organismo internacional.
La verdadera fotografía habrá que tomarla dentro de unos años: Una familia de Barú abriendo la llave, un barrio conectado al alcantarillad, una comunidad que ya no necesita un carrotanque, una zona vulnerable que no se inunda cada vez que llueve, una Ciénaga de la Virgen con un sistema hidráulico funcionando. Ahí estará la verdadera medida del éxito.
Cartagena necesita agua. Necesita alcantarillado. Necesita drenaje. Necesita infraestructura moderna. Necesita cerrar las brechas históricas que separan a quienes tienen servicios permanentes de quienes todavía dependen de soluciones precarias. Por eso, este editorial no cuestiona la llegada de los recursos. Cuestiona la posibilidad de que los recursos sean presentados como resultado antes de convertirse en resultados reales.
$120.000 millones pueden convertirse en uno de los mejores legados de su administración o en otra cifra gigantesca perdida entre contratos, anuncios y fotografías oficiales. La diferencia dependerá de la ejecución y de la vigilancia. Por eso, desde el periodismo libre habrá que seguir esta plata peso por peso, contrato por contrato y obra por obra. Porque Cartagena no necesita que le prometan agua, Cartagena necesita que le llegue.
Y si para conseguirla tuvo que endeudarse, tiene todavía más derecho a exigir que cada peso prestado se convierta en una obra útil, terminada, transparente y funcionando.
