«Cuando un Estado es cómplice de sus determinaciones, es responsable de que no aumente esa pírrica franja del 22,6 % de la población ocupada en el país, correspondiente a los mayores de 50 años».
En Colombia se está viviendo una situación dura, pero real, con los adultos mayores de 50 años. Es palpable la impresionante discriminación laboral, la informalidad desbordante y la falta de acceso a un empleo digno, ya que deben enfrentar numerosas barreras por parte de quienes tienen el poder de contratación, empezando por el Estado, incluidos los ministerios, los institutos descentralizados, las gobernaciones y las alcaldías, así como el sector privado en toda su dimensión.
Otra realidad preocupante en Colombia se vive en las universidades públicas y privadas, donde, poco a poco y por efectos de la edad, los profesionales mayores de 50 años van siendo desplazados. Esto contrasta con la práctica de universidades de distintas partes del mundo, que contratan profesores experimentados por sus conocimientos, trayectoria académica, capacidad investigativa y especialización. Sin desconocer que los nuevos profesionales también tienen derecho a acceder a empleos, es necesario proteger las oportunidades laborales de los adultos mayores y, al mismo tiempo, abrir nuevos campos para las generaciones que comienzan su vida profesional.
La experiencia y las conexiones con la actividad empresarial y académica no son fáciles de adquirir y mucho menos de reemplazar. En Colombia, para el año 2026, las personas mayores de 50 años, según las cifras citadas del DANE, representan un poco más de 16 millones de habitantes: el 60 % son mujeres (9.600.000) y el 40 % son hombres (6.400.000).
Es importante que los entes mencionados, responsables de generar empleo digno en Colombia, propendan por el aumento de esa pírrica franja del 22,6 % de la población mayor de 50 años que se encuentra ocupada. Sin embargo, esto no debe hacerse a expensas de los irrisorios y degradantes subsidios de $230.000 mensuales del programa Colombia Mayor, cuando lo que se requieren son puestos de trabajo estables, con salarios dignos y protección en salud y pensión.
Cuando un Estado promulga sus políticas, también es responsable de las condiciones que limitan el acceso de la población mayor de 50 años a un trabajo digno. Al no contar con ingresos fijos, los recursos que estas personas logran conseguir resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. En consecuencia, muchas terminan dependiendo del trabajo informal y de los aportes de sus familias; en casos extremos, algunas pueden verse expuestas a situaciones de delincuencia o al involucramiento en actividades relacionadas con la venta de sustancias alucinógenas.
Este panorama genera preocupación por sus posibles repercusiones en el sistema nacional de salud, especialmente en materia de salud mental, debido al aumento de problemas como la depresión, el deterioro cognitivo, las demencias, la ansiedad, la soledad y la fragilidad. Estas condiciones pueden poner en riesgo la calidad de vida y el bienestar de los adultos mayores. Se trata de una realidad que exige atención, particularmente ante las crecientes preocupaciones y discusiones sobre los problemas relacionados con el estado de ánimo y el comportamiento humano.
En numerosos países y sectores empresariales existen oportunidades para contratar a adultos mayores, incluso cuando presentan algunas limitaciones, siempre que puedan desempeñar las funciones correspondientes con los ajustes necesarios. Por ejemplo, en Estados Unidos, los procedimientos de autorización de empleo para determinados extranjeros pueden incluir el formulario I-765 (Application for Employment Authorization). Por su parte, las empresas utilizan formularios de solicitud de empleo (Employment Application o Job Application) en sus procesos de selección. Sin embargo, estos mecanismos no significan que la edad deje de ser un factor de discriminación en todos los procesos de contratación. Colombia todavía tiene mucho camino por recorrer para garantizar oportunidades laborales sin barreras injustificadas por razón de la edad.
Por tales razones, debemos prepararnos para lo que viene. Podemos inferir que existe el riesgo de que nuestros adultos mayores enfrenten hambre e inseguridad alimentaria, con todas las consecuencias asociadas a las distintas formas de malnutrición y desnutrición.
Creemos que no debemos permitir que esa sea nuestra realidad. Pero ¿qué se puede hacer? Implementar estrategias coherentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente aquellas orientadas a combatir el hambre y promover el trabajo digno para los adultos mayores.
Entre las medidas que proponemos están: 1. Facilitar el acceso de las personas mayores de 50 años a empleos dignos y estables. 2. Garantizar el respeto de sus derechos fundamentales y el acceso a los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. 3. Promover el trabajo en granjas integrales mediante la aplicación de la economía circular y el reciclaje como alternativas para impulsar el desarrollo sostenible y la producción de alimentos, contribuyendo así a garantizar la alimentación de los núcleos familiares. 4. Evitar que la respuesta institucional se limite a subsidios o ayudas alimentarias temporales, pues lo que se necesita, además de la protección social, es empleo digno.
¿Acaso nuestra clase dirigente política, económica, social y empresarial desea que el país de las maravillas ingrese al fatídico grupo de naciones donde la falta de trabajo y alimentos conduce a graves crisis de hambre? Países como la República Centroafricana, Yemen, Chad, Madagascar y Zambia han enfrentado, en distintos momentos y con diferentes niveles de gravedad, situaciones de inseguridad alimentaria. No podemos esperar a que el problema alcance dimensiones críticas para actuar.
