Una investigación de la Fiscalía General de la Nación puso bajo escrutinio a la Defensoría Regional de Ocaña tras detectarse una presunta fuga de información reservada que habría terminado en manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El escándalo provocó la renuncia intempestiva del defensor regional Ever Jesús Pallares Baene, en un esfuerzo institucional por desmarcar a la entidad del proceso penal.
La gravedad del caso radica en el corazón de la misión constitucional de la Defensoría: la tutela de los derechos humanos y el amparo a líderes sociales en el Catatumbo, una de las zonas con mayor presencia de actores armados en el país.
El rastreo judicial se originó tras la denuncia de un defensor de derechos humanos amenazado en febrero de 2025. El panfleto intimidatorio del ELN contenía datos de filigrana sobre sus movimientos jurídicos y desplazamientos territoriales en tiempo real —información de acceso exclusivo para la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública—.
La hipótesis fiscal busca determinar la trazabilidad de la fuga, los niveles de acceso al sistema informático y los responsables del eventual traspaso de datos al grupo insurgente.
Pallares Baene, abogado nativo de Teorama y ex personero de ese municipio (2012-2020), rechazó las imputaciones y manifestó su disposición a responder ante la justicia. Sin embargo, las pesquisas pusieron en el foco su vínculo de consanguinidad con Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero, histórica integrante de la dirección del Frente Noroccidental del ELN y ex negociadora de paz de esa guerrilla.
Frente a esto, el exfuncionario y la propia Defensoría enfatizaron en el principio de responsabilidad penal individual, recordando que los nexos familiares no constituyen delito ni implican complicidad automática.
Más allá de la controversia familiar, el punto neurálgico del expediente radica en el riesgo operativo para las comunidades. Si la Fiscalía confirma que información reservada de protección a víctimas alimentó los aparatos de inteligencia del ELN, el hecho trascendería el plano administrativo para convertirse en una falla crítica de seguridad nacional en el Catatumbo.
