Hay un ejercicio que siempre hago cada vez que el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anuncia una obra: ¿qué empresas participaron y a cuáles les adjudicaron la licitación? Si la mitad de los cartageneros se hiciera la misma pregunta o siquiera se interesaran en conocer la respuesta, se darían cuenta de que Turbay es un vendedor de humo, por decir lo menos.
Ese mal hábito de quedarse solo con el contenido de la publicación de las redes sociales les impide estar realmente informados. En mayo alerté sobre el caso del consorcio al que le dieron el contrato para las mejoras del colegio Fernández Baena por la presencia de empresas del denominado Clan de los Sisbenizados (leer columna aquí). El costo inicial de esta licitación fue de cerca de $40 mil millones.
Igualmente, luego del pomposo aviso de Turbay acerca del mejoramiento de la infraestructura del colegio INEM, publiqué la nota ‘El INEM, ¿de Cartagena o del Clan Díaz?’, en donde di a conocer que las tres empresas que componían el consorcio ganador (Consorcio Fomento Educativo Cartagena) tenían vasos comunicantes con Antonio Armando Díaz Buelvas (Toño Díaz) y José Julián Vásquez Buelvas (J.J). El valor inicial de esta licitación (LP-SED-006-2025) fue de casi $36 mil millones.
Díaz Buelvas y Vásquez Buelvas no necesitan presentación, ya que son ampliamente conocidos en Cartagena. Esta dupla se conoce desde hace muchos años. En 2011 fundaron Asesorías y Consultorías V&D SAS, con la que en el 2015 se ganaron el contrato 097-15 con E.S.E. Hospital Local Cartagena. J.J es también un viejo conocido del alcalde Turbay, cuando este era gerente de Iderbol (2006-2014) y le otorgó los contratos 001 y 114 en el 2009.
Toño Díaz fue noticia a principio de este año. Uno de sus hijos, Jorge Antonio Díaz Posso, de escasos 21 años, se hizo del 35% de las acciones del Real Cartagena, club que entrena en las instalaciones de Lagos de Mozambique, proyecto inmobiliario de la familia Díaz Posso y cuyo logotipo aparece estampado en la camiseta del equipo junto con el de Neo7Food, que era el antiguo nombre de la empresa Grupo Helios SAS, registrada en Barrancabermeja y representada por Jorge Díaz Posso y el contador Édgar Merlenis Rentería Villa.
Después de la compra de las acciones, y para seguir sumándole a lista de coincidencias entre Dumek Turbay y los Díaz, el alcalde expresó su deseo de ser gerente del Real Cartagena al término de su mandato. Lo más chistoso es que, en sus declaraciones, Turbay parece querer dar la impresión de que él no conoce a los nuevos accionistas del equipo. Tan cándido él.
Así como en el caso del proyecto del colegio INEM, he develado muchos otros procesos licitatorios con anomalías que puse en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Hoy les traigo otro ejemplo más. Se trata de la licitación LP-SED-003-2024 de la Alcaldía de Cartagena para el mejoramiento de nueve colegios por un monto inicial de cerca de $17 mil millones.
Esta obra fue adjudicada al Consorcio Nueva Esperanza, integrado por BCH Engineering SAS y Vernier Infraestructuras SAS y representado por Javier Hernando Valiente Orozco, quien, como para variar, está sisbenizado en la categoría B7 (pobreza moderada), pese al multimillonario contrato. Pobre Javie’.
En el expediente de BCH Engineering SAS hay documentos con los nombres de Adolfo León González Guzmán y Jalim de Jesús Rebaje García, ambos inmersos en escándalos que pueden ser consultados en las columnas ‘El multimillonario contrato de Caimito que se cayó por un presunto fraude’, ‘El socio oculto de Emilio Tapia en los Juegos Nacionales de Ibagué 2015’ y ‘Agresor de médica en Barranquilla es investigado por presenta corrupción’.
Vernier Infraestructuras SAS fue una de las sociedades que mencioné en mi anterior columna, ya que le otorgaron la licitación LIC-SI-002-2024 de la Gobernación de Bolívar (por $970.824.756) como parte del Consorcio La Albarranda junto con Construcsion SAS de Diego Armando Álvarez Hernández del Clan Pavy. La representante legal del consorcio fue la sisbenizada magangueleña Shabelys Yulieth Bravo Jiménez.
Pero, ¿quiénes están detrás de esta empresa que en solo dos contratos ha recibido $18 mil millones de los impuestos de los cartageneros y bolivarenses?
Vernier Infraestructuras fue creada en septiembre del 2020 y tuvo su domicilio primeramente en Cartagena, pero luego se trasladó a Sincelejo. Sus fundadores fueron Carlos Andrés Imbachi Guerrero, Ramón Fidel Alvarado Guerrero y la empresa Assignia Infraestructuras S.A., representada por el español Ángel Miguel Tascón Blanco.
El registro documental de Vernier Infraestructura muestra su relación con Haifa Hydraulics Solutions SAS, empresa en la que también aparece Carlos Imbachi y cuyo nombre inicial fue WVG Montajes Colombia SAS. Los socios fundadores de Haifa fueron Jorge Eliecer Ibarra Hernández, Laura Vaneza Barboza Villareal y WVG Construções e Infraestrutura Ltda Sucursal Colombia (representada por Leonardo Rafael Romero Plaza). WVG Montajes de Colombia (o Haifa) fue creada en el 2019 y ese mismo año fue uno de los proponentes de la protección costera. En la columna ‘Negocio en la sombra para arreglar las playas en medio del Covid-19’ se documentan algunos de los cuestionamientos que Imbachi ha tenido.
En los registros de ambas compañías (Vernier y Haifa) se observan nombres que se repiten también en empresas de alguno de los denominados clanes Díaz, Pavy y De los Sisbenizados: los contadores Jhoiser Manjarrez Gari y Bernabé Maldonado Maldonado y el ingeniero Amaury Segundo García De la Espriella, quien fue representante legal de la empresa Grupo Orión. Hay otra compañía llamada Linosa Ingeniería SAS (antes FEMA Industrias de Ingeniería SAS), fundada en el 2018 por García De la Espriella, en la que aparecen los mismos nombres, incluyendo a Carlos Imbachi.
Amaury García De la Espriella fue condenado en agosto de 2020 a cuatro años de cárcel por los delitos de interés indebido de contratos en calidad de interviniente, corrupción privada, cómplice de cohecho por dar y ofrecer y concierto para delinquir (ver comunicado de la Fiscalía aquí). Por su parte, Bernabé Maldonado fue sancionado en septiembre de 2022 por la Superintendencia de Industria y Comercio por el caso del carrusel de la contratación en Cardique.
Tres licitaciones para el mejoramiento de colegios en Cartagena que suman casi $93 mil millones entregadas a grupos de empresas que se repiten una y otra vez; y el Concejo de Cartagena y los propios cartageneros ni se inmutan (ver cuadro con el detalle de las licitaciones aquí).
La pregunta que se decanta automáticamente es ¿por qué un alcalde decide confiarle los recursos de los ciudadanos a empresas que tienen en su historial personas no solo cuestionadas, sino sancionadas y condenadas por corrupción?
Los vínculos y contrataciones de Wilmer Iriarte
Antes de ser secretario de Infraestructura de Cartagena, Wilmer Enrique Iriarte Restrepo, oriundo de Simití, repartía su tiempo entre la docencia y la consultoría. En 2016, junto con Lais Margarita Mantilla Escalante, fundó WEIR Arquitectura, Ingeniería y Comunicaciones Consulting SAS (WEIR AICC SAS), con la que ha celebrado contratos relativamente pequeños.
¿Adivinen? El nombre de Bernabé Maldonado aparece en los registros de WEIR AICC SAS. Pero las sorpresas del secretario no acaban ahí. En noviembre de 2023, ya sabiendo que sería parte del gabinete de Dumek Turbay, Iriarte cede su cargo de representante legal a Juan Diego Suárez Mantilla.
A finales de noviembre de 2025, Suárez Mantilla renuncia a la representación legal, la cual es asumida desde entonces por Ana Milena Estupiñán López. Pues bien, en enero de este año, la Secretaría de Infraestructura, a través de la Dirección de Talento Humano, vinculó por seis meses a Ana Milena Estupiñán bajo el contrato CD-SID-4554-2026 por $30 millones, cuyo objeto es el apoyo a la gestión dentro del marco del proyecto mejoramiento de la malla vial y estructuras de paso.
En otras palabras: Wilmer Iriarte supervisa a la representante legal de la empresa que él fundó. Algo que, desde el punto de vista ético, considero reprochable, ya que una de las cosas que sugiere esa contratación es que el secretario estaría usando los impuestos de los cartageneros para beneficiar a una empleada de la compañía creada por él. «¿Cómo les quedó el ojo? Rojo, pero no lloroso», decía una tía mía.
Ñapa
En abril de 2025 denuncié al secretario Iriarte ante la Fiscalía Seccional Cartagena por las conductas punibles de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión, derivadas de la licitación LP-SID-001-2024, dado que se construyeron cuatro puentes sin los correspondientes permisos de ocupación de ocupación de cauce. Esta licitación, cuyo objeto era la rehabilitación de la malla vial de Cartagena de Indias, fue adjudicada en junio de 2024 al Consorcio Rehabilitación Vial por un valor inicial de $64.784.560.068.
Después de que se enteró de la denuncia, me cuenta una fuente que, supuestamente, el secretario se enojó al tal punto que dizque fue hasta el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena a reclamar que por qué no fue informado que se necesitaba ese permiso; a lo que los funcionarios habrían respondido que esa no era su labor y que él, como secretario, debería saber que esa autorización era obligatoria en cualquier proyecto que intervenga un cauce.
Y los líos de este contrato se extienden también a la interventoría (licitación CMA-SID-001-2024), la cual fue asignada al Consorcio Rehabilitación Vial, en donde estaba la empresa ASS Constructora SAS del Clan Barranqueño. Esta empresa presentó dos certificaciones de experiencia laboral de las cuales Ecopetrol no tiene registros. Esta licitación es una de las doce que tengo denunciadas también en la Fiscalía.
