En Cartagena de Indias, donde las grandes obras públicas suelen anunciarse con bombos, platillos y promesas de transformación, comienza a surgir un interrogante que no puede despacharse con discursos triunfalistas: ¿se está construyendo el Malecón del Mar con una licencia ambiental que realmente lo autorice?
Lo que se desprende de la documentación referenciada sobre las obras de Protección Costera y Malecón del Mar plantea una situación que merece explicaciones públicas, rigurosas y oportunas. Ambos proyectos, aunque diferentes en su naturaleza y finalidad, coincidirían espacialmente en buena parte de su recorrido, ocupando, según los documentos señalados, un mismo espacio físico, y es aquí donde comienza el problema.
La Licencia Ambiental 0141 de 2017, expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), habría sido otorgada para la ejecución del proyecto de Protección Costera. Sin embargo, el alcalde Dumek Turbay estaría utilizando ese instrumento como soporte para adelantar también las obras del Malecón del Mar, una iniciativa distinta, que posteriormente habría recibido de Cardique, en febrero de 2025, la Resolución 0136, correspondiente a un permiso de ornamentación de playas.
¿Puede una licencia ambiental concebida para un proyecto servir de fundamento para construir otro, por el simple hecho de que ambos coincidan territorialmente? ¿Un permiso de ornamentación expedido ocho años después puede suplir, ampliar o modificar las autorizaciones ambientales que eventualmente requiera una obra de esta naturaleza?
Estas no son preguntas menores. Son interrogantes de legalidad, planificación y responsabilidad administrativa que las autoridades competentes tienen la obligación de aclarar.
Las obras autorizadas por la Licencia Ambiental de la ANLA para la Protección Costera, en una longitud de 7,5 kilómetros, van desde el inicio del túnel de Crespo hasta el espolón Iribarren e incluyen obras de protección costera en Marbella, El Cabrero, Centro Histórico y Bocagrande; mientras que la autorización de Cardique comprende obras de urbanismo y paisajismo del Malecón del Mar. Dos cosas totalmente diferentes.
El asunto adquiere mayor relevancia cuando se advierte que, según la documentación referenciada, las áreas de intervención de ambas iniciativas se superponen en planos y referencias administrativas. No se trataría, entonces, de dos obras independientes que casualmente transitan por sectores cercanos, sino de dos proyectos diferentes que, aparentemente, comparten el mismo espacio y cuyo respaldo documental podría estar siendo interpretado como una autorización común.
Si esta situación se confirma, estaríamos frente a una circunstancia que exigiría revisar con lupa la actuación de las entidades involucradas. La coincidencia geográfica no equivale, por sí sola, a una autorización ambiental, ni un permiso de ornamentación debe confundirse automáticamente con una licencia para ejecutar obras de infraestructura y es precisamente ahí donde el gobierno de Dumek Turbay debe dar la cara.
No basta con exhibir bonitas imágenes digitales, anunciar kilómetros de intervención o presentar el Malecón del Mar como una de las grandes apuestas de su administración. Las obras públicas, por monumentales y atractivas que parezcan, no están por encima de las exigencias legales ni del control ambiental.
Que quede claro: no se trata de condenar anticipadamente una obra ni de afirmar, sin una revisión integral de los actos administrativos, que existe una infracción comprobada. Se trata de exigir transparencia frente a hechos documentales que despiertan dudas legítimas.
La ANLA, Cardique y la Alcaldía de Cartagena deben explicar, sin evasivas, cuál es el alcance de cada autorización, qué áreas cubre, qué obras permite y si el Malecón del Mar cuenta con todos los instrumentos ambientales exigibles para su construcción.
Cartagena no puede darse el lujo de descubrir, cuando las obras estén terminadas, que una de sus mayores apuestas urbanísticas se levantó sobre una interpretación cuestionable de una licencia ambiental. Un malecón puede construirse sobre la costa, pero jamás debería construirse sobre las dudas de su propia legalidad.
